Dos días antes de la imputación a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad y también del contratista Luis Eduardo López, más conocido como el Pastuso, por su confesa participación en el saqueo a esa entidad, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, entregó algunos detalles de lo que ha sido la investigación en el entramado de corrupción que tiene contra las cuerdas a congresistas y funcionarios del gobierno como presuntos implicados.
Según la titular del ente de control, quien habló del tema en un evento de conmemoración de los 19 años de la ley de Justicia y Paz, desde que los tres investigados asistieron al búnker de la Fiscalía para entregar sus testimonios, el ente investigador ha abierto 154 actividades de investigación, con el fin de corroborar sus declaraciones. Para ello, añadió Camargo, se han generado ordenes “de policía judicial y revisión de bases de datos (...) Ese es un trabajo tremendamente arduo”.
Frente a las críticas por las demoras en los resultados de las investigaciones, Camargo señaló que se debe corroborar toda la información entregada por López, Pinilla y el Pastuso, y que, además, las líneas de investigación que se adelantan son por varios contratos irregulares al interior de la entidad, y no únicamente por el sonado caso de los 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.
“La investigación (de la Fiscalía) no queda aquí. Es mucho más profunda y tiene que ver con todo lo que se ha conocido hasta ahora y con otros hechos que no se han conocido con la Ungrd”. Respecto a las indagaciones preliminares abiertas la semana pasada contra cuatro funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro (Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González y Sandra Ortiz), al igual que en el caso de los congresistas que están bajo la lupa de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Camargo señaló que todos esos nombres fueron verificados antes de abrir las pesquisas y de compulsar copias al alto tribunal, en el caso de los aforados.
Las rebajas de pena de López, Pinilla y el Pastuso no son definitivas
La fiscal general, a su vez, dio algunas puntadas sobre el proyecto de reforma a la justicia que será presentado ante el Congreso, en el que resalta la propuesta de impulsar los mecanismos de negociación, como el principio de oportunidad, un beneficio que ha sido buscado por los exdirectivos de la Ungrd y el Pastuso. Este medida, que buscan los tres investigados, tiene como fin entregar información documentada sobre el engranaje de corrupción y otros de sus responsables, a cambio de beneficios judiciales, como rebajas de pena.
De hecho, tanto los exdirectivos de la Ungrd, así como el contratista, ya enviaron propuestas formales para obtener una rebaja de sus instancias en prisión. Olmedo López solicitó una pena de no más de 5,9 años, Sneyder Pinilla de no más de cinco años y Luis Eduardo López una que no sea mayor a cuatro años. Todos por sus aportes en la investigación que, como han señalado sus abogados, ha sido efectiva. Ante ese escenario, la fiscal Camargo señaló que estos tiempos de pena no son definitivos.
“Yo quiero llamar la atención en dos aspectos en ese sentido: el primero es que nadie se sienta a negociar para tener una pena de 20 años (...) Naturalmente, quien se sienta a negociar busca una rebaja significativa en su pena. De eso se trata. Esa es la esencia de una sentencia preacordada. Y no se trata de que haya impunidad, todo lo contrario, lo que hubo fue una justicia negociada”, anotó. La titular del búnker, además, confirmó que no habrá inmunidad total en ninguno de los tres casos, como al principio habían solicitados los abogados de los tres investigados.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.