Treinta días de huelga por una Guajira sin hambre

Jéfferson Palmar pasó de luchar contra el hambre a ejercerla como forma de protesta. Este joven wayuu de 22 años creció en la comunidad de Campo Florido, en Maicao, donde la fuente de agua más cercana está a tres horas a pie de su ranchería. “A veces los chivos se cansan en el recorrido y nos toca traerlos cargados”, explica, poniendo las manos sobre los hombros. Para que llueva en Campo Florido tienen que pasar meses y casi un milagro, así que no hay manera de cultivar alimentos.

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Hoy Jéfferson es parte de la huelga de hambre Guajira Resiste, una protesta que empezaron nueve jóvenes en Riohacha hace 30 días para exigir soluciones a la situación de desnutrición y abandono que viven los niños y niñas wayuus. Una huelga de hambre contra el hambre que ahora tiene su sede en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

La primera versión de esta huelga se gestó en medio del último paro nacional. Los jóvenes que lideraron las marchas en Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha decidieron unirse y pensar en algo más grande. Después de una lluvia de ideas concluyeron que “no podíamos impulsar la violencia, porque estamos en un departamento pobre. ¿Cómo vamos a destruir lo poquito que tenemos? Así que recurrimos a la manifestación más pacífica posible, que es la huelga de hambre”.

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El 1° de julio pasado, Jéfferson, Beatriz, Luis, Límbano, Yarley, Yissac y Simón llegaron al parque Simón Bolívar de Riohacha y colgaron unas hamacas. Luego pintaron los carteles que resumen su protesta: “La Guajira muere de abandono” y “La Guajira en huelga de hambre”.

Los huelguistas inauguraron la protesta con un dato trágico: hasta ese día, 18 niños wayuus habían muerto por desnutrición en 2021. Su objetivo era llegar a acuerdos con el Gobierno para que implemente las medidas más urgentes de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hambre de la niñez wayuu. En esa decisión de hace cuatro años, la Corte Constitucional emitió varias órdenes para garantizar los derechos de esta población a la alimentación, la salud, el agua potable y la participación en un intento por detener esta tragedia.

El “paquetico” de alimentos

Para unirse a la huelga, Jéfferson tuvo que tomar una decisión radical: asumir que inmediatamente perdería su empleo. Hasta ese 1° de julio trabajó en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como coordinador de campo. Su labor consistía en repartirle a cada familia de su comunidad un paquete mensual de alimentos estipulado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Pero en todas las rancherías recibía la misma queja: “Esto no alcanza para nada, menos en esta pandemia cuando no podemos salir a trabajar”.

Una libra de arroz, un litro de aceite, una libra de fríjol, dos latas de atún, una caja de huevos, un kilo de leche en polvo y una bolsa de espagueti conformaban ese “paquetico”, como lo llama Jéfferson. Él sabe más que nadie que eso no es suficiente para paliar el hambre de una familia wayuu durante un mes. Así que prefirió unirse a la huelga y sacrificar su salario de $500 mil mensuales.

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Antes de la pandemia, el ICBF entregaba esos alimentos a las Unidades Comunitarias de Atención (UCA), unos pequeños ranchos de barro construidos por las comunidades que hacen las veces de preescolar para los niños wayuus de cero a cinco años. Ahí, a cada niño, le correspondía una ración de comida diaria, que en muchos casos era la única del día. Pero desde que empezó el confinamiento, las UCA dejaron de funcionar de manera presencial y el ICBF empezó a entregar “el paquetico” directamente a los hogares, comida que la familia inevitablemente termina repartiendo entre todos sus miembros.

En los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia hay 2.655 UCA y, según la veeduría ciudadana de la sentencia, estas solo atienden al 34 % de los menores de 5 años. Al 66 % de los niños wayuus no les llega ni siquiera el famoso paquetico. Por eso una de las peticiones de los huelguistas es que el ICBF garantice lo más pronto posible la cobertura de todos los niños y niñas.

Negociaciones fallidas

La huelga que inició el 1° de julio se levantó el 20 de ese mismo mes, cuando los huelguistas creyeron haber alcanzado su objetivo. “Ese día llegó el viceministro del Interior, Carlos Baena, con su equipo de trabajo y nos presentaron un protocolo para iniciar las negociaciones, eso era lo que pedíamos”, recuerda Yarley Molina. Así que firmaron el protocolo, se tomaron una sopa con verduras y se prepararon para negociar.

Pero el entusiasmo se fue perdiendo a medida que avanzaban las negociaciones: “Nos fallaron en lo más importante: a esas 10 mesas de diálogo no vinieron funcionarios con capacidad de decisión. Eran los delegados de los delegados de los delegados. Por poco y nos mandan al portero”, cuenta Yarley entre risas.

Así que se levantaron de las mesas y volvieron a colgar las hamacas. La segunda huelga de hambre inició el pasado 20 de septiembre en el mismo parque de Riohacha. Ahora, además de negociar con el Gobierno, le apuestan a que el presupuesto general de la nación (que el Congreso deberá aprobar este 20 de octubre) incluya un rubro específico para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017.

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El pasado 7 de octubre, los huelguistas llegaron a Bogotá con tiquetes donados por un sindicato de maestros de La Guajira, y el 14 tuvieron un nuevo intento de diálogo con el Gobierno. En esa reunión, el viceministro del Interior aclaró que no negociaría nada relacionado con la Sentencia T-302 de 2017, porque ya están adelantando un proceso de consulta con los voceros del pueblo wayuu.

Al finalizar la reunión, Baena dio una declaración en la que dijo que el Gobierno tenía toda la “voluntad política” para negociar con los jóvenes. “Hemos dicho que esta mesa no puede ser de imposición por parte de los jóvenes, sino una mesa de construcción, donde busquemos caminos. Muchos de los temas que ellos plantean tienen que ver con la sentencia T-302 y el Gobierno en este momento está en un proceso de consulta previa para avanzar en las órdenes que ha dado la Corte Constitucional”, señaló el viceministro e invitó a los jóvenes a negociar sobre otros temas, como las exigencias alrededor de tierras.

A Matilde López, una de las voceras wayuu para la implementación de esta sentencia, no la convence el argumento del viceministro. Para ella “todas las expresiones son válidas. Los muchachos han demostrado una solidaridad enorme y están pidiendo unas medidas urgentes de la sentencia”.

Matilde es parte del grupo de líderes y autoridades wayuus que llegó este martes a Bogotá, después de 18 horas en bus, para apoyar la huelga. Ese mismo día los huelguistas tuvieron cinco minutos para intervenir en la plenaria del Senado. Luis Lobo, con el último rastro de energía que le quedaba, habló en nombre del grupo: “Queremos pedirle al Congreso que, en el marco de la discusión sobre el presupuesto general de la nación, se pueda priorizar el departamento de La Guajira”.

Esta es la primera vez de Jéfferson en la capital, donde el frío casi no lo deja dormir ni sacar las manos de los bolsillos en todo el día. Ya se nota la diferencia en su cuerpo, en su voz e incluso en su piel.

El viernes pasado, después de 26 días sin comer, Jéfferson anunció su retiro de la huelga de hambre tras haber sido hospitalizado por desnutrición y gastroenteritis. Sin embargo, seguirá siendo parte de esta protesta, acampando bajo el frío y el granizo junto a los cinco huelguistas que siguen en pie.

El mensaje que leyó por Facebook para anunciar su retiro y el de su compañero Simón resume las motivaciones de esta lucha: “Nuestros cuerpos no nos permiten continuar con el ayuno. Sabemos lo que sintieron los casi 6 mil niños que han muerto de hambre y sed, niños de mi cultura. Sentimos el dolor de que nuestros hermanos y hermanas no pudieran acabar con su hambre y sed perpetuas”.

*Marcela Madrid Vergara, periodista en Dejusticia, organización que ha impulsado la implementación de la Sentencia T-302 de 2017.