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Tres fincas con lagos, piscinas y un paisaje paradisiaco, antes propiedad de Jesús Alfonso Berrío, fueron entregados por la Fiscalía al Fondo para la Reparación de Víctimas. El Tribunal Superior de Medellín encontró que los bienes ubicados en Montería (Córdoba) tienen relación con la casa paramilitar de los Castaño, con amplia presencia en los noventa e inicio de los 2.000 en la región.
Antecedentes: Persiguiendo los bienes de Vicente Castaño
Las fincas tienen un valor de $26.719 millones y serán utilizadas para reparar víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde el pasado 15 de junio, los bienes estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y ahora serán administrados por el fondo, que en los últimos 30 meses recibió 156 bienes vinculados a los Castaño.
De Jesús Alfonso Berrío, alias Poncho Berrío, poco a nada se conoce. Su nombre apenas aparece en una sentencia de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, de 2016, en la cual fueron sentenciados tres integrantes del Frente Héctor Julio Peinado, de las Autodefensas Campesinas del Sur de Cesar. En el documento, se establece que a inicio de los años noventa, varios ganaderos y agricultores optaron por armarse de manera clandestina.
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Entre esos ganaderos, quienes conformaron toda una serie de “grupos autónomos de contrainsurgencia privada”, estaba alias Poncho Berrío, quien era propietario de haciendas donde Vicente Castaño Gil, al parecer, podía movilizarse sin oposición. Alias Poncho Berrío es descrito como cercano a lAs Autodefensas de Córdoba y Urabá, de acuerdo con el testimonio del desmovilizado Wilman Rafael Ortiz, en 2014.
Ese mismo año, la Fiscalía mostró como resultado la incautación de 20 propiedades conexas con los Castaño en Antioquia, Córdoba y Bolívar. Se dio a conocer que Poncho Berrío dio su versión a la justicia y aseguró que él y su esposa, Adriana María García, habían incrementado injustificadamente sus recursos. De 1992 hasta 2004, Poncho Berrío pasó de tener $92 millones a $2.220 millones.
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En cuanto a Adriana García, quien comenzó a declarar renta desde 2004, evidenció que su patrimonio no tuvo grandes variaciones entre 2004 y 2011, siempre osciló ente $138 millones y $400 millones. Sin embargo, la hipótesis de la Fiscalía, y por el cual ordenó el secuestro de las propiedades de la esposa de Poncho Berrío, es que la mujer manejó las finanzas de la familia después de que él entrara en el radar de las autoridades por sus vínculos con paramilitares.
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