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Una vez más cursa en el congreso un proyecto de ley que busca imponer la cadena perpetua en Colombia para casos de violencia sexual contra niños y niñas. Ante el creciente apoyo político a este tipo de iniciativas de parte de sectores políticos, entre otros, el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado quiso meterse en el debate con argumentos estructurales. Este jueves se lanzó el libro “Consideraciones sobre la inviabilidad de la prisión perpetua en Colombia” de las docentes investigadoras Angélica María Pardo, Ana Lucía Moncayo y Ángela Marcela Olarte. En entrevista con El Espectador, las docentes explicaron que la pena perpetua no es eficaz, al tiempo que hicieron un llamado a mantener la coherencia interna del Estado social y democrático de derecho e invertir en la educación y el trabajo.
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¿Por qué escribir este libro?
Angélica María Pardo: Es un compendio de argumentos que sustentan la inviabilidad de la medida de prisión perpetua en Colombia, que es una iniciativa que se ha dado muchas veces desde la promulgación de la Constitución de 1991. Ahora revivió y está en trámite en el Congreso. La primera parte es una narración de todas las problemáticas comunes a esas iniciativas. La segunda explica por qué la medida está en contra de la Constitución. La tercera es sobre la incompatibilidad de la propuesta con los principios del derecho penal moderno. Después hablamos sobre cómo la medida generaría la perpetuación del estado de cosas inconstitucionales que ha sido declarado por la Corte Constitucional. Y la última parte es sobre su impacto fiscal.
¿Sirve la cadena perpetua para eliminar la violencia sexual?
Ángela Marcela Olarte: La violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes es un problema social que se está pretendiendo resolver con la prisión perpetua. Sin embargo, no hay una evidencia empírica que justifique que una medida tan lesiva realmente reduzca la comisión de delitos de violencia sexual. Desde el año 2001 las penas en materia de delitos contra la libertad y la integridad y la formación sexual han tenido un incremento del 110 %, es decir, entre 10 y 12 años. Y, lo que nos muestran las cifras de Medicina Legal, es que aun así el delito sigue en aumento. Entonces, no porque tengamos penas más altas el delito de violencia sexual se reduce. Para eso se requiere un estudio de las causas estructurales del delito. Adicionalmente, para que la política criminal tenga ese efecto disuasivo, es necesario que el sistema de justicia sea efectivo y Colombia tiene unas tasas de impunidad bastante altas.
Ana Lucía Moncayo: Los proyectos e iniciativas (legislativas) no tienen ningún fundamento empírico. Es decir, aunque buscan proteger la integridad y la libertad de los niños y niñas, estos solo mencionan que ha aumentado la violencia sexual, pero en ningún caso existe una relación o evidencia que diga que implementar la pena perpetua va a mejorar la protección a los niños y niñas. No hay ninguna relación que demuestre que esa implementación sea idónea. Tampoco esos proyectos demuestran el impacto que tienen frente al condenado o la familia. Ni tampoco demuestran el impacto que va a tener la cadena perpetua en el sistema penal y penitenciario. En conclusión, son proyectos en los que reina la incertidumbre, son populistas, distraen a la gente para hacer creer en la opinión pública que se está haciendo frente a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero que solo buscan un rédito o beneficio político. Es decir, hay un populismo punitivo.
En Colombia hay penas de hasta 60 años por delitos sexuales y, por eso, unos sectores argumentan que en la práctica ya hay una especie de pena perpetua en el país. Y, de otro lado, quienes están en favor de esta medida, cuestionan que personas condenadas por este tipo de delitos puedan rebajar su condena mediante trabajo, como lo precisó la Corte Constitucional. ¿Qué decir?
Ángela Marcela Olarte: El fin de la pena es la resocialización, es un derecho que deben tener todos los privados de la libertad. En ese sentido, los delitos sexuales tienen penas muy altas. Para una persona que sea condenada a los 20 o 25 años, el límite de 60 años es bastante. Ahí habría que preguntarse: ¿qué tipo de Estado Social de Derecho está buscando la sociedad? ¿Se quiere dejar a la población por siempre en la cárcel? Los casos como el de (Luis Alfredo) Garavito o el de Yuliana Samboní existen, pero no son la generalidad, el patrón. Según Medicina legal los delitos sexuales se dan (más) al interior de los hogares. La pregunta es qué queremos hacer con estos padres, abuelos y tíos (abusadores). Una de las finalidades del libro es hacer conciencia sobre esos puntos. No estamos diciendo que no haya castigo, porque son delitos graves, sino que pensamos que la cadena perpetua no está resolviendo de forma estructural lo que implican los delitos de violencia sexual.
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Ángela Marcela Olarte: Sobre las penas hasta 60 años, quiero recordar que, de acuerdo con el DANE, la expectativa de vida de los colombianos es de 76 años. Y el promedio de edad de ingreso a la cárcel es 29 años. Si se resta 76 menos 29, te da 47 años. Es decir, que, de hecho, ya existe una cadena perpetua. Por eso una de las preguntas que hacemos nosotras es, ¿por qué ahora esa iniciativa? Ya existe una pena que sobrepasa la expectativa de vida de los colombianos.
¿Por qué es contraria a la Constitución?
Ángela Marcela Olarte: Es totalmente incompatible. Al punto que, si se aprueba la prisión perpetua en Colombia, se estaría sustituyendo y no reformando la Constitución. Estaría cambiando de una forma tan masiva la Constitución, que ya no podríamos estar hablando de la Carta Política de 1991 sino de otra cosa totalmente diferente. Si quieren poner la prisión perpetua en Colombia, tienen que convocar a una Asamblea Constituyente. El preámbulo dice que el pueblo colombiano promulgó la Constitución para asegurar, entre otros, la libertad y la igualdad del pueblo. El artículo primero dice que el Estado colombiano se funda en la dignidad humana y el segundo que el Estado y las autoridades están instituidas para proteger a los colombianos en su vida, honra, bienes, derechos y libertades. Todo eso habría que sustituirlo y no solo el artículo que prohíbe la prisión perpetua.
Ahora, todo delito es diferente. La iniciativa de reforma constitucional (que está en marcha) propone prisión perpetua para las personas que hayan secuestrado, matado y agredido sexualmente. Ahí hay ya un trato desigual. Se estaría dando el mismo castigo a conductas diferentes y eso es una violación constitucional. Y, hay un factor clave, la edad. Una persona que haya matado a los 20 años tendría una cadena perpetua y en la práctica pagaría 56 años de cárcel si nos atenemos a la expectativa de vida que dice el DANE. Y el que mató y tiene 60 años pagaría 16. Ahí hay una desigualdad: la pena queda condicionada a la expectativa de la propia vida.
Y si no hay plata para superar la crisis...
Angélica María Pardo: La cárcel ya como está es cara. Cuesta $18 millones al año mantener una persona en la cárcel. Es muy caro y quiere decir que se está dejando de gastar plata para otras cosas. El presupuesto del Inpec y de la Uspec es también muy alto, tienen más de $2 billones. Ahora, esto no quiere decir que como sale muy caro mantener viva una persona entonces más bien apoyemos la pena de muerte. Nosotros no estamos de acuerdo ni con la pena de muerte ni con la prisión perpetua, ni con los términos prolongados de privación de la libertad porque eso no soluciona el problema de la delincuencia. Nosotras creemos más en invertir la plata en cosas como educación, trabajo y agricultura porque si eso es así, deja de llegar gente a las cárceles. Solo el 3 % de las personas que están privadas de la libertad tienen educación superior.