Tribunal confirma que mineras del Cesar deben reubicar comunidades de El Hatillo
En un proceso que duró más de una década en resolverse, un Tribunal confirmó la resolución con la cual se obligó a empresas mineras sacar de la zona a miles de personas, cuya respiración y alimentación está gravemente afectada por la explotación minera de carbón en el Cesar.
En la zona rural de Cesar, en los municipios de El Paso y La Jagua de Ibirico, hay más de 1.200 familias que permanecen encerradas en un manto de contaminación por cuenta de la explotación carbonífera de las sociedades Drummond, Prodeco, Carbones del Cesar, Colombia Natural Resources y Vale Coal en Liquidación. En 2010, el Ministerio de Ambiente les exigió, mediante resolución, reubicar a los campesinos gravemente afectados por el material particulado, pero no han hecho nada. Ahora, 13 años después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la resolución.
En contexto: La reubicación de El Hatillo que nunca fue
El Tribunal negó las pretensiones de la multinacional brasilera Vale Coal, que es el primer productor de hierro en el mundo y que, en 2012, vendió sus operaciones en la mina denominada El Hatillo y que ha tenido por más de una década a los campesinos de la región en riesgo de muerte. Así lo advirtió un informe del Ministerio de Ambiente, que hace más de 13 años determinó que hay campesinos en veredas que, incluso, soportan el doble del material particulado permitido. Vale Coal solicitaba tumbar la resolución y hasta recibir $150.000 millones como compensación.
Sin embargo, el Tribunal dejó tal cual la resolución 0970 de 2010, modificada por la 1525 del Ministerio de Ambiente, que ordenó la reubicación de los habitantes de las veredas Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo. Consideró que las personas tienen derecho de gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado, en este caso en cabeza del Ministerio, proteger la diversidad e integridad del ambiente y de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Le puede interesar: La disputa jurídica por la mina El Hatillo que llegó a la JEP
“Le correspondía al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, por directriz constitucional, legal y reglamentaria, como órgano rector del sector ambiental, resolver los asuntos relacionados con las licencias ambientales y el deterioro del medio ambiente. Una causa de deterioro ambiental es el material particulado que afecta el aire y que debe ser materia de medidas administrativas que procuren la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales negativos que pueda ocasionar la situación”, se lee en la decisión conocida por este diario.
Asimismo, el Tribunal le recordó a la multinacional que cuando obtuvo la licencia ambiental, en 2006, se sometió a obligaciones en materia de emisión atmosférica. Entre los puntos clave estaba que, en caso de surgir eventos de contaminación en determinadas concentraciones, se debería presentar al Ministerio de Ambiente el plan de reubicación de la población de El Hatillo. Por tanto, la resolución del Ministerio no puede tomarse como un capricho, al contrario, es una respuesta al grave deterioro ambiental presentado con la operación carbonífera.
Antecedentes: Las promesas incumplidas de la minería de carbón al Cesar
Como ha reportado El Espectador, las comunidades de El Hatillo se han visto gravemente afectadas en su salud, desde el punto de vista pulmonar y coronario. El cauce de sus ríos cercanos ha sido desviado y están a pocos metros de los residuos de una mina que sigue siendo operada. Los habitantes siguen esperando su reubicación, sin embargo, 13 años después las multinacionales carboneras le siguen adeudando un cambio de hogar, debido a que su trabajo de minería los está asfixiando poco a poco ante los ojos de las autoridades ambientales.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En la zona rural de Cesar, en los municipios de El Paso y La Jagua de Ibirico, hay más de 1.200 familias que permanecen encerradas en un manto de contaminación por cuenta de la explotación carbonífera de las sociedades Drummond, Prodeco, Carbones del Cesar, Colombia Natural Resources y Vale Coal en Liquidación. En 2010, el Ministerio de Ambiente les exigió, mediante resolución, reubicar a los campesinos gravemente afectados por el material particulado, pero no han hecho nada. Ahora, 13 años después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la resolución.
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Sin embargo, el Tribunal dejó tal cual la resolución 0970 de 2010, modificada por la 1525 del Ministerio de Ambiente, que ordenó la reubicación de los habitantes de las veredas Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo. Consideró que las personas tienen derecho de gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado, en este caso en cabeza del Ministerio, proteger la diversidad e integridad del ambiente y de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
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Como ha reportado El Espectador, las comunidades de El Hatillo se han visto gravemente afectadas en su salud, desde el punto de vista pulmonar y coronario. El cauce de sus ríos cercanos ha sido desviado y están a pocos metros de los residuos de una mina que sigue siendo operada. Los habitantes siguen esperando su reubicación, sin embargo, 13 años después las multinacionales carboneras le siguen adeudando un cambio de hogar, debido a que su trabajo de minería los está asfixiando poco a poco ante los ojos de las autoridades ambientales.
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