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El pasado 10 de diciembre, diez líderes sociales de todo el país interpusieron una acción de tutela ante el Tribunal de Bogotá para exigirle al Gobierno el cumplimiento de las garantías de seguridad para defensores de derechos humanos que contempla el Acuerdo de Paz, así como que se declare que existe un derecho a defender derechos que no se puede ejercer en la convulsión actual del país. Luego de estudiar el recurso, los magistrados accedieron a la mayoría de las pretensiones de los líderes y reconocieron que las personas que ejercen liderazgos en Colombia son constantemente víctimas de violación de derechos fundamentales.
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Según la tutela, este derecho a defender derechos, que no es otra cosa que la posibilidad de los líderes sociales a ejercer su labor, ha sido reconocido internacionalmente y tiene un asidero jurídico: por un lado, porque “todo derecho fundamental implica el derecho a defenderlo para garantizar su realización”, lo que quiere decir que toda persona debería tener las condiciones para poder exigir el acceso a sus derechos, buscando espacios de diálogo y denunciando cualquier intento de vulneración. Y, por otro lado, porque esta exigencia que ejercen los líderes es una forma de participación ciudadana, que también es un derecho.
De la tutela participaron líderes de Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Córdoba, entre otros. Ellos, a su vez, contaron con el apoyo de Confluencia, un colectivo de organizaciones que buscan garantías (conformada por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Cumbre Agraria, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos), con asesoría de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Dejusticia, entre otras.
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Tras estudiar cada caso detenidamente, el Tribunal concluyó que los líderes están asediados por la violencia en sus territorios y “nadie está obligado a vivir bajo el terror de la amenaza, con miedo constante a salir de su hogar y territorio por razón de sus opiniones, condición social, racial o de género, bajo la zozobra de ser atacado, agredido o estigmatizado por expresar su pensamiento, por pertenecer a una organización social o simplemente por ubicarse en un espacio requerido por otros intereses”. Por ende, considera que persiste un estado de cosas inconstitucional para los defensores de derechos humanos.
Ante este contexto, el Tribunal ordenó una serie de medidas concretas que pedían los líderes para que cesara la violencia. Por ejemplo, le requirió al Ministerio Público exigirles a las autoridades locales que den cumplimiento cabal a toda la normatividad vigente que busca proteger a los líderes sociales. Asimismo, exhortó a diferentes entidades del Estado para que cumplan con los compromisos ya adquiridos para la protección de defensores de derechos humanos, tanto en tratados internacionales como en leyes y en decisiones judiciales previas.
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En el curso del proceso, Presidencia aseguró que el ambiente de violación constante de derechos que identificó el Tribunal no es de las dimensiones que aseguran los líderes. La postura del Gobierno, opinan las plataformas que acompañaron a los líderes en la tutela, es insistir en que no hay una sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales. “No aparece acreditada la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, menos que ella sea de tal magnitud como para justificar la eventual declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional”, se lee en la contestación de la tutela.
Sin embargo, los líderes aseguraron que apelarán la tutela para que la segunda instancia llegue a la Corte Suprema de Justicia. “Consideramos que esta respuesta es un paso importante en la protección del derecho a defender derechos humanos en Colombia. No obstante, creemos que es necesario dictar órdenes más concretas para las distintas entidades, ya que se trata de un problema estructural que requiere soluciones de fondo”, dijeron en un comunicado conjunto las organizaciones que los acompañaron en el litigio.