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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una serie de medidas cautelares de urgencia, en medio de la crisis por la escasez de varios medicamentos en el país. Según el auto, firmado por el magistrado Luis Manuel Lasso, hay suficiente evidencia de que el desabastecimiento podría tener un desenlace fatal si no se toman medidas en el asunto.
Por eso, el Tribunal ordenó la adopción de un plan de respuesta urgente a la crisis, tarea que recae en cabeza del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Las medidas cautelares se conocen días después de que la Procuraduría le pidiera al Tribunal Administrativo que revisara la situación actual de escasez de medicamentos e insumos, en medio del estudio de una acción popular que busca la protección de derechos colectivos.
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Según el auto en el que el Tribunal dio a conocer su decisión, el desabastecimiento, que afecta especialmente el tratamiento de enfermedades graves, “puede acarrear el desenlace fatal en muchos casos o el deterioro significativo de la calidad de vida de los sobrevivientes, con secuelas permanentes sobre su existencia, en muchos casos”.
En consecuencia, el plan de respuesta urgente que deberán implementar las autoridades tiene tres objetivos fundamentales: Asegurar la disponibilidad de los medicamentos priorizados por el Ministerio de Salud y de cualquier otro insumo; priorizar y solucionar las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que cursan ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos; y definir una estrategia para facilitar el acceso a la materia prima que se necesita para fabricar los medicamentos.
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El Tribunal agregó que “el impacto de la escasez de medicamentos es significativo con respecto al interés público representado en el volumen de afiliados, lo que demanda el amparo judicial urgente, en particular de los derechos colectivos de acceso al servicio de seguridad social en salud, a la infraestructura en salubridad pública y los de los usuarios y consumidores”.
Las evidencias de la escasez de medicamentos que tuvo en cuenta el Tribunal
Según la Procuraduría, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha reportado, desde el 9 de noviembre de 2022, la escasez que habían sentido las EPS agremiadas durante todo el transcurso del año. Preocupación que iba en aumento, dice el Ministerio Público, ya que los principios activos eran claves para garantizar el tratamiento de condiciones crónicas relacionadas, por ejemplo, con medicamentos para trastornos mentales, antibióticos y analgésicos.
Acemi aseguró que, para septiembre de 2022, siete EPS de su agremiación reportaron que tenían desabastecimiento de 104 principios activos. Por otra parte, el Invima advirtió sobre 50 medicamentos en riesgo de escasez y 15 referencias desabastecidas. Todas estas evidencias las tuvo en cuenta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para decretar las medidas cautelares.
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Por su parte, Claudia Sterling, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Cruz Verde, le remitió un escrito al Ministerio de Salud y Protección Social y al Invima, desde el mes de septiembre de 2022, donde se incluían cifras en la que se podía observar un nivel mínimo de cumplimiento por parte de los laboratorios en la entrega de medicamentos y alertando sobre la situación. Este fue, posteriormente, compartido con la Procuraduría.
Casi seis meses después, en marzo de 2023, Acemi compartió un comunicado de prensa explicando que “varias EPS agremiadas en Acemi, que tienen a su cargo la gestión del riesgo de cerca de 34 millones de personas afiliadas, reportaron novedades de abastecimiento de 1.242 principios activos”. En ese informe, la Asociación recalcó que esta situación ya había sido reportada por la entidad y, sin embargo, el problema parecía no mejorar, incluso empeoraba, por lo que pedían que se tomaran medidas más decisivas y contundentes.
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Además, la Procuraduría también le alertó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca de que hay sospechas de casos de corrupción en el Invima, especialmente los relacionados con los “tiempos de visita para algunas casas farmacéuticas en el trámite de la solicitud de registros sanitarios”. Es decir, en las citas que debe realizar la autoridad a las farmacéuticas para que puedan avanzar en los registros de los medicamentos. La Cámara de Industrias Farmacéuticas de la ANDI que agremia a 78 compañías productoras de medicamentos que representan el 77% del mercado en Colombia, entregó un informe al respecto.
Allí, la Cámara explicó que existe una acumulación de 27.904 trámites sin evacuar en el Invima, de los cuales, el 64% están relacionados con medicamentos que “tendrían alto impacto en la salud de la población por el implícito riesgo de desabastecimiento”. Para la Procuraduría, “los aspectos que informa en su escrito representan una alarmante situación que compromete los derechos colectivos de los colombianos pues, aduce, pese a que se han efectuado requerimientos al Ministerio de Salud y al Invima, las respuestas ‘no han resuelto de fondo ni los interrogantes ni la problemática’”, se lee en la decisión del Tribunal.
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