Tribunal de Santander estudia tutela que pide reducir el uso de la fuerza de la Policía

“Los miembros de la Universidad Industrial de Santander son vulnerables, están a la merced de la arbitrariedad, mientras su lucha se basa en la expresión argumentativa y simbólica pacífica, la fuerza pública a lo largo de los años ha contestado con violencia”. Así resumió el Grupo de Litigio Estratégico de esta institución educativa la situación que viven tras más de un paro nacional en el que, aseguraron, les han vulnerado sus derechos. El Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y ahora estudia si suspender del uso de armas como las bombas aturdidoras o la escopeta calibre 12 que utiliza el Escuadrón Antidisturbios (Esmad).

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La tutela, de 53 páginas, fue admitida el pasado 1 de junio para estudio y en ella se piden varias medidas provisionales y urgentes para enfrentar la situación de derechos humanos en las protestas de Santander. Entre las medidas que pide la tutela, están: que se ordene a la Policía reducir al mínimo el uso de la fuerza, suspender el uso de gas lacrimógeno, bolas marcadoras, bombas aturdidoras y escopeta calibre 12 por parte del Esmad hasta que haya garantías de un uso mesurado; e instar a las autoridades a no abusar de la figura de traslado por protección, que permite que un ciudadano sea detenido hasta por 12 horas.

Asimismo, solicitan exigirle a la Policía contar con un sistema de identificación “visible en su uniforme, sin que ninguna circunstancia impida su exhibición”, ante las decenas de denuncias de agentes que tapan los números que los identifican con cinta o chalecos antibalas. La tutela también le pide al Tribunal que se ordene la creación de una brigada médica municipal que tenga el fin de atender a manifestantes y que Medicina Legal y el ICBF estén obligados a prestar atención 24 horas a las personas que resultan heridas en protestas.

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Entre los derechos que, aseguran, les están vulnerando están: el derecho a la protesta, a la vida, a la integridad, a la libertad, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada, entre otros. Pero, para decidir primero sobre la medida cautelar, que podría suspender el uso de gases y aturdidoras en Santander, el Tribunal les dio 24 horas el pasado 1 de junio a la Gobernación, a la Alcaldía de Bucaramanga, y a la Policía Metropolitana para que se pronuncien sobre la demanda y todas las violaciones de derechos fundamentales que alegan los demandantes.

Ya al despacho judicial comenzaron a llegar respuestas e intervenciones ciudadanas, como la del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en el que aseguran: “Este Tribunal debería amparar los derechos invocados en la acción de tutela y acceder a las pretensiones de los accionantes, que no buscan nada más que las garantías internacionales para el ejercicio de la protesta sean cumplidas por parte del Estado, siendo esta acción de tutela la vía idónea para amparar los derechos de los manifestantes frente a violaciones de derechos humanos que pueden seguir siendo cometidas”.

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En el documento, citan numerosos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han definido rigurosamente los criterios a tener en cuenta para la intervención policial en manifestaciones. Por ejemplo, para la Corte IDH, debe haber legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. “De cara a estos estándares internacionales quedaría que el uso de la fuerza durante manifestaciones debe ser excepcional y la última alternativa después de haberse agotado el diálogo y en casos de violencia focalizada haberse agotado la detención de los manifestantes violentos”, escribió el Cajar.

Entre los hechos que se denuncian en la tutela están las muertes atribuidas a la Policía durante las jornadas de protesta, el silencio del Gobierno frente a estas actuaciones, y lo que, sienten, han sido declaraciones estigmatizantes por parte de la procuradora Margarita Cabello y el fiscal general, Francisco Barbosa. Asimismo, hacen un recuento de los hechos locales: la presunta detención arbitraria de personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos, procedimientos policiales en vehículos que no están identificados como de la institución, y, sobre todo, el uso indiscriminado de armas “menos letales” por parte del Esmad, que acarrea consecuencias irreparables para sus víctimas.

“Los miembros de la Universidad Industrial de Santander son vulnerables, están a la merced de la arbitrariedad, mientras su lucha se basa en la expresión argumentativa y simbólica pacífica, la fuerza pública a lo largo de los años ha contestado con violencia”. Así resumió el Grupo de Litigio Estratégico de esta institución educativa la situación que viven tras más de un paro nacional en el que, aseguraron, les han vulnerado sus derechos. El Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y ahora estudia si suspender del uso de armas como las bombas aturdidoras o la escopeta calibre 12 que utiliza el Escuadrón Antidisturbios (Esmad).

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La tutela, de 53 páginas, fue admitida el pasado 1 de junio para estudio y en ella se piden varias medidas provisionales y urgentes para enfrentar la situación de derechos humanos en las protestas de Santander. Entre las medidas que pide la tutela, están: que se ordene a la Policía reducir al mínimo el uso de la fuerza, suspender el uso de gas lacrimógeno, bolas marcadoras, bombas aturdidoras y escopeta calibre 12 por parte del Esmad hasta que haya garantías de un uso mesurado; e instar a las autoridades a no abusar de la figura de traslado por protección, que permite que un ciudadano sea detenido hasta por 12 horas.

Asimismo, solicitan exigirle a la Policía contar con un sistema de identificación “visible en su uniforme, sin que ninguna circunstancia impida su exhibición”, ante las decenas de denuncias de agentes que tapan los números que los identifican con cinta o chalecos antibalas. La tutela también le pide al Tribunal que se ordene la creación de una brigada médica municipal que tenga el fin de atender a manifestantes y que Medicina Legal y el ICBF estén obligados a prestar atención 24 horas a las personas que resultan heridas en protestas.

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Entre los derechos que, aseguran, les están vulnerando están: el derecho a la protesta, a la vida, a la integridad, a la libertad, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada, entre otros. Pero, para decidir primero sobre la medida cautelar, que podría suspender el uso de gases y aturdidoras en Santander, el Tribunal les dio 24 horas el pasado 1 de junio a la Gobernación, a la Alcaldía de Bucaramanga, y a la Policía Metropolitana para que se pronuncien sobre la demanda y todas las violaciones de derechos fundamentales que alegan los demandantes.

Ya al despacho judicial comenzaron a llegar respuestas e intervenciones ciudadanas, como la del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en el que aseguran: “Este Tribunal debería amparar los derechos invocados en la acción de tutela y acceder a las pretensiones de los accionantes, que no buscan nada más que las garantías internacionales para el ejercicio de la protesta sean cumplidas por parte del Estado, siendo esta acción de tutela la vía idónea para amparar los derechos de los manifestantes frente a violaciones de derechos humanos que pueden seguir siendo cometidas”.

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En el documento, citan numerosos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han definido rigurosamente los criterios a tener en cuenta para la intervención policial en manifestaciones. Por ejemplo, para la Corte IDH, debe haber legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. “De cara a estos estándares internacionales quedaría que el uso de la fuerza durante manifestaciones debe ser excepcional y la última alternativa después de haberse agotado el diálogo y en casos de violencia focalizada haberse agotado la detención de los manifestantes violentos”, escribió el Cajar.

Entre los hechos que se denuncian en la tutela están las muertes atribuidas a la Policía durante las jornadas de protesta, el silencio del Gobierno frente a estas actuaciones, y lo que, sienten, han sido declaraciones estigmatizantes por parte de la procuradora Margarita Cabello y el fiscal general, Francisco Barbosa. Asimismo, hacen un recuento de los hechos locales: la presunta detención arbitraria de personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos, procedimientos policiales en vehículos que no están identificados como de la institución, y, sobre todo, el uso indiscriminado de armas “menos letales” por parte del Esmad, que acarrea consecuencias irreparables para sus víctimas.