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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la acción popular que el abogado Germán Calderón radicó con el objetivo de suspender al registrador nacional Alexander Vega. Aunque el despacho judicial reconoció que las pasadas elecciones, del 13 de marzo, tuvieron “una serie de deficiencias”, consideró que la competencia sobre la suspensión corresponde a la Procuraduría. Este órgano de control tiene abierta una investigación contra Vega desde el pasado 8 de abril.
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En síntesis, el Tribunal explicó que no le corresponde decidir sobre la suspensión del funcionario público, dado que la Procuraduría, como órgano de control, debe hacerse cargo de las denuncias que lo rodean. Desde el pasado 13 de marzo, la Procuraduría fue alertada por más de 1.600 quejas, las cuales resultaron en la apertura de 33 expedientes. Casos por irregularidades cometidas por jurados de votación, errores en la inscripción de cédulas, compra de votos y constreñimiento al elector.
“Hay varios elementos que, en principio, permiten afirmar que el Registrador Nacional del Estado Civil ha incurrido en amenaza y vulneración del derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en la medida en que la función pública electoral se vio afectada por una serie de deficiencias ocurridas en los comicios del 13 de marzo pasado y que, si no se introducen los correctivos del caso, es razonable inferir que puedan replicarse en las elecciones del 29 de mayo y 19 de junio próximos”, consideró el Tribunal.
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A pesar de considerarse maniatado en la solicitud de suspensión, el Tribunal decretó unas medidas cautelares de oficio. Entre ellas, se comprometió a realizarle seguimiento a las próximas elecciones presidenciales. Pidió al registrador Vega mejorar la garantía de acceso de información al Censo Nacional Electoral, el cual tiene datos como la inscripción de cédulas en tiempo real o el número de ciudadanos habilitados para votar.
“Informar si se modificarán para las elecciones del 29 de mayo y 19 de junio de 2022 el número, ubicación de los puestos instalados para el Congreso de la República y si se incrementará o disminuirá su número. En caso de que ello ocurra, explicar las razones de los cambios y los criterios para ello”, fue otra de las medidas cautelares de oficio decretadas.
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La Registraduría deberá responder cuáles son los criterios para la distribución de los jurados de votación y entregar un informe de auditoría interna desarrollado para el software de la empresa española Indra, encargada de realizar los conteos electorales, entre otras determinaciones. Las medidas cautelares, según el Tribunal, tienen el objetivo de garantizar la “neutralidad y objetividad; oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales; y a organización y transparencia del proceso electoral”.
A juicio del abogado Calderón, quien solicitó la suspensión, los resultados de los comicios del Congreso no han sido oportunos ni confiables, y reprochó que Vega no contribuyó en el “fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad pues diferentes voces sostienen que viajó a España y se reunió con los directivos de la empresa Indra, encargada de realizar los conteos electorales. Además, uno de sus más cercanos servidores fue directivo de esta y participó en el proceso de contratación, el cual, además, fue adjudicado en forma directa, violándose la transparencia y la moralidad pública”.
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Para el abogado, el propio registrador Vega ha dicho que se configuró, de forma real, una afectación en la confianza de los ciudadanos, puesto que se omitieron las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE) en cuanto a la estructura de los formularios E14 que daban cuenta de posibles irregularidades. Calderón dijo que por esa serie de actuaciones el funcionario debía estar apartado de su cargo. No obstante, será la Procuraduría la que tome esa decisión, mientras los colombianos escogen el candidato de su preferencia.
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