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El Tribunal de Bogotá declaró improcedente la tutela con la que las víctimas del caso contra el expresidente Álvaro Uribe exigían que fuera llamado a juicio. La demanda la interpusieron, en concreto, el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, quienes consideran que a la Fiscalía ya se le vencieron los términos para adelantar cualquier acto investigativo. Aunque su recurso fue negado, el fallo sí exhorta al búnker a tomar una decisión: acusar o precluir.
(En contexto: Caso Uribe: Cepeda y Montealegre ponen tutela contra Fiscalía por dilatar proceso)
El senador Iván Cepeda ya anunció que impugnarán la sentencia del Tribunal de Bogotá. “A la mayor brevedad posible, presentaremos, junto a Eduardo Montealegre, una impugnación por la decisión que hoy se ha tomado, rechazando una tutela que interpusimos con el fin de que la Fiscalía llame a juicio al imputado Álvaro Uribe Vélez. Es inconcebible que se nos quiera seguir sometiendo a toda clase de dilaciones antes de producir esta decisión y que se vuelva a intentar el camino de una preclusión que fue claramente rechazada”, dijo el congresista del Polo.
Anuncio que impugnaremos la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en la que se intenta que las víctimas en el proceso que se adelanta debamos someternos a nuevas dilaciones de la Fiscalía que continúen eludiendo el llamado a juicio del imputado Álvaro Uribe.
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 26, 2022
Pero no fue una pérdida total para las víctimas. El Tribunal de Bogotá le recordó a la Fiscalía que tiene el tiempo en contra para tomar una determinación. En el fallo de tutela se ordenó: “exhortar a la Fiscalía General para que, en un plazo no mayor a 90 días contados desde que el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema recibió el caso, determine si solicitará preclusión o radicará acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez”.
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Los magistrados se refieren al fiscal Javier Cárdenas, quien fue designado como el nuevo fiscal del caso Uribe a comienzos de mayo, luego de que fracasara la petición de la Fiscalía de precluir el expediente. Con duros argumentos y con críticas a su labor investigativa, la jueza 28 penal de Bogotá negó en abril la solicitud del fiscal Gabriel Jaimes de archivar la investigación en contra del expresidente. A juicio de la funcionaria judicial, había aún hipótesis por desvirtuar en el caso por manipulación de testigos que lo enreda.
Cuando el proceso aterrizó en el despacho del fiscal Cárdenas, una de las primeras decisiones que tomó fue llamar a interrogatorio al investigado: Álvaro Uribe. Sin embargo, las víctimas consideran que la Fiscalía no puede hacer algo así. Al interponer su tutela explicaron en un comunicado: “Con esta decisión, la Fiscalía ha transgredido el principio de legalidad y, en consecuencia, ha vulnerado el derecho de las víctimas al debido proceso”.
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Álvaro Uribe Vélez es investigado por soborno en actuación penal y fraude procesal. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo vinculó a un proceso penal tras concluir con interceptaciones telefónicas, grabaciones, testimonios, chats y otras pruebas, que habría intentado torcer testigos. No él de manera directa, sino a través de terceros, como el abogado Diego Cadena, que está en juicio por entregar supuestos sobornos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez; o el excongresista Álvaro Hernán Prada, en juicio también porque, al parecer, buscó una retractación del testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha señalado vínculos de Uribe con el paramilitarismo.
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