El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela presentada por la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y Keralty S.A.S en contra de la Superintendencia Nacional de Salud. La entidad prestadora solicitaba que se le protegieran los derechos al debido proceso, igualdad y libertad de asociación, además solicitaban que se le ordenara a la Supersalud detener las medidas administrativas que había tomado en contra de la EPS. Sin embargo, el Tribunal consideró que esta medida era improcedente.
En la tutela, la entidad afirmaba que en múltiples ocasiones le habría advertido al Gobierno sobre las dificultades financieras que atravesaba debido a incumplimiento de entidades gubernamentales, por lo que presentaron un Plan de Reorganización Institucional (PRI), en septiembre de 2023. Pese a esto, la EPS fue intervenida en abril de este año, situación que, según Sanitas, no estaría respaldad en un expediente administrativo. Así mismo, señalaban al Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, de haber expresado pública y reiteradamente su intención de acabar con la EPS.
Actualmente, la entidad se encuentra en medio de otro proceso judicial frente al Consejo de Estado, el cual busca que se deje sin efectos la resolución que permitió que la EPS fuera intervenida. Precisamente este proceso fue uno de los motivos por los cuales el Tribunal decidió negar la tutela, pues consideraron que sería una decisión prematura, estando aún un proceso en trámite con las mismas intenciones. Sumado a esto, la sala consideró que esta solicitud de nulidad era el mecanismo adecuado para el tipo de reclamación que tenían los exrepresentantes legales de la EPS.
Desde el pasado 15 de abril, Juan David Riveros, abogado del grupo Keralty en Colombia, había anunciado que implementarían una serie de medidas jurídicas en pro de recuperar, por todos los medios legales, la posesión de la EPS intervenida por el gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, denunciaron al Superintendente de Salud, por prevaricato.
Esta confrontación comenzó con una resolución emitida por Superintendencia en la cual tomaban posesión financiera de la EPS Sanitas, asegurando problemas financieros y que está gastando más de lo que recibe para garantizar la salud de sus 5,7 millones de afiliados, entre otras razones. Keralty respondió presentando una queja disciplinaria, por la cual se inició una investigación contra el superintendente Leal en la Procuraduría.
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