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El Tribunal Superior de Bogotá rechazó una tutela presentada por el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Heráclito Landínez, que tenía como objetivo detener las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro. Estas investigaciones están relacionadas con posibles irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022.
Contexto: Los detalles de la tutela que busca que el CNE no investigue al presidente Petro
Landínez argumentaba que dichas las investigaciones del CNE podrían vulnerar el derecho fundamental a elegir y ser elegido, protegido por el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia. En su recurso, el representante denuncia que las actuaciones del Consejo comprometen no solo su derecho político, sino también el de los más de 11 millones de colombianos que eligieron a Gustavo Petro como presidente en 2022.
La decisión fue tomada por los magistrados Nubia Ángela Burgos Díaz, Jaime Humberto Araque González y Carlos Alejo Barrera Arias, quienes concluyeron que la tutela no era procedente. Según el fallo, el derecho a elegir fue ejercido de manera plena en las elecciones de 2022, y no se evidenció una vulneración del derecho a ser elegido. Además, los magistrados señalaron que Landínez no tenía legitimación para solicitar la protección de derechos que no le pertenecen directamente, ni acreditaba una situación grave que impidiera al presidente ejercer sus propios derechos.
Por su parte, el representante del Pacto Histórico subrayaba que el CNE, al abrir investigaciones contra la campaña presidencial de Petro, estaría excediendo sus competencias, lo cual, según él, pone en riesgo la estabilidad de la democracia colombiana. Según Landínez, el Consejo no tiene la autoridad constitucional para investigar a un presidente en ejercicio, y cualquier acción en este sentido amenaza la figura presidencial, socava la institucionalidad y genera incertidumbre en el sistema político.
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El congresista Landínez también buscaba que el CNE trasladara la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, esta solicitud fue igualmente desestimada, manteniendo las investigaciones administrativas en curso por parte del CNE.
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