Tribunal ordenó detención domiciliaria a gobernador del Chocó, Ariel Palacios
El Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión de enviar a detención domiciliaria al gobernador del Chocó, Ariel Palacio, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un contrato para comprar elementos de bioseguridad. Además de la orden de captura, los magistrados la separación del cargo del funcionario.
Por supuestamente haber cometido irregularidades en la contratación para comprar elementos de bioseguridad en pleno pico de la pandemia por el covid-19, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, deberá enfrentar su proceso judicial desde detención domiciliaria. La decisión la tomaron los magistrados que conocen el caso quienes, además, ordenaron la separación inmediata del funcionario de su cargo.
(Le puede interesar: Fiscalía acusa a Ariel Palacios, gobernador del Chocó, por irregularidades en contratos)
La investigación contra Palacios tiene que ver con un contrato que firmó la gobernación del departamento que costó más de $200 millones. Según la Fiscalía, el gobernador aprobó el negocio sin argumentar por qué era necesario la compra de los materiales de bioseguridad, ni la cantidad, ni el tipo, y tampoco para quiénes estarían destinados los elementos de protección. Además, las pesquisas que estudió el Tribunal para tomar la decisión incluyeron pruebas de que el proceso de contratación no habría elegido al mejor contratista.
Por estos hechos, el gobernador fue imputado por los delitos celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión. Esta es la segunda investigación penal que enfrenta el gobernador Palacios. La primera, en la que ya fue imputado, tiene que ver con otras irregularidades en contratación que tenían el objetivo de la realización de jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”.
(Lea también: Corrupción, la pandemia en el COVID-19 que se busca frenar a tiempo)
De acuerdo con la Fiscalía, “la celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por el covid-19″. Además, la investigación asegura que durante el proceso de selección no se invitó instituciones públicas de prestación de servicios de salud y sí a entidades de otra región que “no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas.
Por este caso, la Procuraduría había suspendido a Palacios en abril de 2020, pero en julio revocó esa decisión. Sin embargo, el gobernador fue llamado a juicio disciplinario en noviembre de ese mismo año. Ahora, la defensa de todos los frentes judiciales que enfrenta el funcionario la tendrá que hacer desde detención domiciliaria y el gobierno tendrá que nombrar a un gobernador encargado para reemplazarlo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por supuestamente haber cometido irregularidades en la contratación para comprar elementos de bioseguridad en pleno pico de la pandemia por el covid-19, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, deberá enfrentar su proceso judicial desde detención domiciliaria. La decisión la tomaron los magistrados que conocen el caso quienes, además, ordenaron la separación inmediata del funcionario de su cargo.
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La investigación contra Palacios tiene que ver con un contrato que firmó la gobernación del departamento que costó más de $200 millones. Según la Fiscalía, el gobernador aprobó el negocio sin argumentar por qué era necesario la compra de los materiales de bioseguridad, ni la cantidad, ni el tipo, y tampoco para quiénes estarían destinados los elementos de protección. Además, las pesquisas que estudió el Tribunal para tomar la decisión incluyeron pruebas de que el proceso de contratación no habría elegido al mejor contratista.
Por estos hechos, el gobernador fue imputado por los delitos celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión. Esta es la segunda investigación penal que enfrenta el gobernador Palacios. La primera, en la que ya fue imputado, tiene que ver con otras irregularidades en contratación que tenían el objetivo de la realización de jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”.
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De acuerdo con la Fiscalía, “la celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por el covid-19″. Además, la investigación asegura que durante el proceso de selección no se invitó instituciones públicas de prestación de servicios de salud y sí a entidades de otra región que “no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas.
Por este caso, la Procuraduría había suspendido a Palacios en abril de 2020, pero en julio revocó esa decisión. Sin embargo, el gobernador fue llamado a juicio disciplinario en noviembre de ese mismo año. Ahora, la defensa de todos los frentes judiciales que enfrenta el funcionario la tendrá que hacer desde detención domiciliaria y el gobierno tendrá que nombrar a un gobernador encargado para reemplazarlo.
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