Tulapas, el reino del despojo 'para'

En 1995, mientras en Córdoba y el Urabá imperaba el mando de las guerrillas, los hermanos Castaño, máximos comandantes del paramilitarismo, veían de la zona como un botín de guerra, no sólo por las riquezas de sus tierras, sino por el control de las rutas del tráfico de armas y drogas. Fue entonces que a finales de los 90 se inició una operación militar para apoderarse de la región de Tulapas —que va desde el Golfo de Urabá, hasta la zona baja del departamento de Córdoba— que terminó por dejar 4.000 víctimas de desplazamiento forzado, porque las autodefensas les arrebataron sus tierras. Esta semana fueron capturadas 10 personas que se habrían aliado con los ‘paras’ para hacer realidad esta barbarie.

Entre los capturados están el gerente liquidador del Fondo Ganadero de Córdoba, Carlos Sotomayor Hodge; Benito Molina Velado, conocido como El Mexicano, uno de los hombres más influyentes de la región y miembro de la junta directiva del Fondo; Carmelo Esquivia Guzmán y Orlando Fuentes Hessen, otras directivas del fondo; Marco Fidel Furnieles y Guido Vargas, señalados de ser los encargados de ejercer presión sobre los campesinos; dos notarios; una exfuncionaria del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), entre otros.

El personaje detrás de estos arrestos es Benito Osorio Villadiego, el exgerente del Fondo y exgobernador de Córdoba, quien habría sido el encargado de fraguar junto a los hermanos Castaño la estrategia del despojo masivo. El Espectador conoció que actualmente ayuda a las autoridades y reveló detalles de cómo las autodefensas lograron apropiarse de la región. La Unidad de Análisis y Contextos empezó desde septiembre de 2013 a reunir alrededor de 200 denuncias que existían por desplazamiento en la zona de Tulipas.

Todo se inició luego de que Benito Osorio Villadiego llegara a la gerencia del Fondo en 1997. Como el propio Osorio lo admitió, su elección fue gracias a que Vicente Castaño lo había puesto en la terna junto a Benito Molina —quien también era cuota del comandante ‘para’— y un tercero. Osorio aseguró que a Molina le dieron la presidencia del Fondo como premio de consolación. Asimismo, agregó que la primera finca que de manera irregular compró el Fondo Ganadero de Córdoba se llamó El Engaño. Según las autoridades, su nombre —aunque después lo cambiaron a Finca 52— se debe a que en el lugar se ideó el plan criminal para despojar las tierras del Urabá y Córdoba.

Este negocio, que se concretó en 1997, marcó el inicio de una era de despojos. Se empezaron a afianzar las alianzas entre el Fondo Ganadero de Córdoba y los hermanos Castaño, quienes desde 1995 le habían pedido a uno de sus familiares, Luis Ángel Gil —al parecer muerto—, que ingresara junto a Sor Teresa Gómez —cuña de los Castaño y ficha clave del paramilitarismo—, con un grupo de paramilitares para apropiarse de la zona. La entrada fue casi que triunfal y fue cuando vieron la necesidad de hacerse dueños de las tierras y tener una apariencia de legalidad. De esta manera fue que se produjo la compra de la finca El Engaño.

Sor Teresa fue quien lideró este proceso y puso a uno de sus hombres a que fuera el testaferro. Se trata de Oliverio Álvarez Serna, un paramilitar de la casa Castaño que actualmente está en el programa de Justicia y Paz. Este hombre habría presionado al dueño del predio para que lo vendiera. Al campesino le pagaron tan sólo $12’500.000, que los tuvo que utilizar, según su relato, para poner los papeles de propiedad al día. Posteriormente puso la tierra a disposición del Fondo Ganadero de Córdoba, que pagó $269 millones, es decir, que mientras a la víctima le pagaron $45.000 por hectárea, las autodefensas recibieron $900 mil.

En medio de la presión por obtener las tierras, los paramilitares iniciaron en 1997 una serie de operaciones para desplazar a un centenar de familias. Les dieron en un principio 48 horas para abandonar sus hogares. Al ver que varios campesinos no atendieron el llamado, sacaron sus motosierras y empezaron a decapitar a cuanta persona se atravesara por su camino. Hasta niños murieron en estos actos de barbarie. El Fondo, entonces, empezó a realizar en la finca 52 reuniones con los campesinos y fue cuando les presentaron a Guido Vargas, de quien dijeron sería el representante de Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) y además estaba bajo el mando de Sor Teresa.

Vargas era el encargado de engañar a los campesinos, hacerlos firmar falsos poderes en las instalaciones de la fundación y no ante un notario, infundir el miedo a través de la imagen de Sor Teresa y sus 1.500 hombres armados y de tramitar el traspaso de los bienes al Fondo de Ganaderos de Córdoba. Tras recoger los testimonios de varios de los máximos responsables de este despojo, la Fiscalía estableció que la primera medida que tomó el Fondo Ganadero de Córdoba junto a Sor Teresa y sus hombres fue realizar un censo para establecer quiénes tenían los papeles al día y así trazar una estrategia para acreditar los predios faltantes y luego quitárselos.

En un principio el engaño consistió en que supuestamente serían asesorados por funcionarios públicos y por Guido Vargas para que, quienes no tuvieran los títulos de adjudicación, legalizaran sus predios. En cuanto a los campesinos que habitaban en terrenos baldíos, buscaron testaferros que se los quitaran y posteriormente los vendieran. En este juego de trámites administrativos, los paramilitares, según fuentes cercanas al proceso, le pagaron $9’000.000 a una funcionaria del Incora para que agilizara las diligencias. Se trata de María Inés Cadavid, quien fue una de las capturadas esta semana.

Las autoridades también señalaron que dentro del modus operandi de esta alianza entre el Fondo Ganadero de Córdoba, los paramilitares y Funpazcor, los notarios —hoy están capturados Lidia del Carmen Hurtado, notaria de San Pedro de Urabá, y Miguel Puche Yánez, notario de Montería— jugaron un papel importante, ya que le dieron validez a la serie de poderes que ilegalmente hizo firmar Guido Vargas a muchos campesinos. Cabe decir que muchas de las víctimas no sabían leer ni escribir, por lo que Vargas, o se les inventaba la firma, o sólo utilizaba su huella dactilar. Estas compraventas entre el Fondo y los campesinos se iniciaron a pesar de que no existían títulos ni escrituras y de que los ganaderos no tenían la autorización de comprar tierras.

Es decir, que todo el proceso era ilegal. Para las autoridades, una prueba de esto es un acta firmada el 1º de diciembre de 1997 por la entonces junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba —hoy, cuatro de sus cinco miembros están capturados y el otro murió—. Se trata del acta 1084, con la que cambió el objeto social y las autorizaba, además de comprar ganado, comprar tierras. Este movimiento, que fue posible gracias a la ley 363 del 97, permitió afianzar el proyecto paramilitar y adquirir 132 predios de la región de Tulapas.

Todo sucedió después de una reunión en la Finca 52 a la que asistió Sor Teresa junto a varios campesinos. En ese entonces, los directivos del Fondo, según contó uno de los asistentes a esa reunión, dijeron a las víctimas que la mujer del clan Castaño sería quien los representaría en los procesos de compraventa de tierras.

Según la fuente de la Fiscalía, esto nunca se puso en el acta para evitar futuros problemas, ya que los miembros del Fondo Ganadero conocían quién era Sor Teresa y sus fuertes nexos con el paramilitarismo. Tres meses después de haber cambiado el objeto social, comenzó el masivo despojo de tierras, que finalmente permitió a los paramilitares tener el control total de la zona. Sólo en 2011 las autoridades lograron establecer la magnitud del problema que había terminado por desplazar a cientos de familias de sus hogares.

En ese momento, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, empezó a denunciar que varias de las tierras en Urabá no contaban con los requisitos legales de propiedad y que muchas otras habían sido adquiridas ilegalmente. Según la Fiscalía, en ese momento Guido Vargas volvió a llamar a todos los campesinos para repetir la historia de 14 años atrás. En 2011 los hizo firmar declaraciones extrajudiciales en las que aseguraban que la venta de sus tierras —muchos no han recibido al día de hoy un peso— había sido satisfactoria. Igualmente, para la autoridades hay fuertes indicios de que ese año el Fondo Ganadero de Córdoba destruyó varios documentos en los que estaban registrados esos negocios.

Hoy, Osorio es uno de los principales testigos de la Fiscalía y gracias a él se logró contextualizar el caso y capturar a los máximos responsables. Junto a él, también hay otros de los principales protagonistas de este episodio que están colaborando con la justicia, al punto de tener casi listo un posible acuerdo. El ente investigador está terminando de realizar los interrogatorios a las 10 personas que recientemente capturó, para así definir su situación jurídica.

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez

En 1995, mientras en Córdoba y el Urabá imperaba el mando de las guerrillas, los hermanos Castaño, máximos comandantes del paramilitarismo, veían de la zona como un botín de guerra, no sólo por las riquezas de sus tierras, sino por el control de las rutas del tráfico de armas y drogas. Fue entonces que a finales de los 90 se inició una operación militar para apoderarse de la región de Tulapas —que va desde el Golfo de Urabá, hasta la zona baja del departamento de Córdoba— que terminó por dejar 4.000 víctimas de desplazamiento forzado, porque las autodefensas les arrebataron sus tierras. Esta semana fueron capturadas 10 personas que se habrían aliado con los ‘paras’ para hacer realidad esta barbarie.

Entre los capturados están el gerente liquidador del Fondo Ganadero de Córdoba, Carlos Sotomayor Hodge; Benito Molina Velado, conocido como El Mexicano, uno de los hombres más influyentes de la región y miembro de la junta directiva del Fondo; Carmelo Esquivia Guzmán y Orlando Fuentes Hessen, otras directivas del fondo; Marco Fidel Furnieles y Guido Vargas, señalados de ser los encargados de ejercer presión sobre los campesinos; dos notarios; una exfuncionaria del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), entre otros.

El personaje detrás de estos arrestos es Benito Osorio Villadiego, el exgerente del Fondo y exgobernador de Córdoba, quien habría sido el encargado de fraguar junto a los hermanos Castaño la estrategia del despojo masivo. El Espectador conoció que actualmente ayuda a las autoridades y reveló detalles de cómo las autodefensas lograron apropiarse de la región. La Unidad de Análisis y Contextos empezó desde septiembre de 2013 a reunir alrededor de 200 denuncias que existían por desplazamiento en la zona de Tulipas.

Todo se inició luego de que Benito Osorio Villadiego llegara a la gerencia del Fondo en 1997. Como el propio Osorio lo admitió, su elección fue gracias a que Vicente Castaño lo había puesto en la terna junto a Benito Molina —quien también era cuota del comandante ‘para’— y un tercero. Osorio aseguró que a Molina le dieron la presidencia del Fondo como premio de consolación. Asimismo, agregó que la primera finca que de manera irregular compró el Fondo Ganadero de Córdoba se llamó El Engaño. Según las autoridades, su nombre —aunque después lo cambiaron a Finca 52— se debe a que en el lugar se ideó el plan criminal para despojar las tierras del Urabá y Córdoba.

Este negocio, que se concretó en 1997, marcó el inicio de una era de despojos. Se empezaron a afianzar las alianzas entre el Fondo Ganadero de Córdoba y los hermanos Castaño, quienes desde 1995 le habían pedido a uno de sus familiares, Luis Ángel Gil —al parecer muerto—, que ingresara junto a Sor Teresa Gómez —cuña de los Castaño y ficha clave del paramilitarismo—, con un grupo de paramilitares para apropiarse de la zona. La entrada fue casi que triunfal y fue cuando vieron la necesidad de hacerse dueños de las tierras y tener una apariencia de legalidad. De esta manera fue que se produjo la compra de la finca El Engaño.

Sor Teresa fue quien lideró este proceso y puso a uno de sus hombres a que fuera el testaferro. Se trata de Oliverio Álvarez Serna, un paramilitar de la casa Castaño que actualmente está en el programa de Justicia y Paz. Este hombre habría presionado al dueño del predio para que lo vendiera. Al campesino le pagaron tan sólo $12’500.000, que los tuvo que utilizar, según su relato, para poner los papeles de propiedad al día. Posteriormente puso la tierra a disposición del Fondo Ganadero de Córdoba, que pagó $269 millones, es decir, que mientras a la víctima le pagaron $45.000 por hectárea, las autodefensas recibieron $900 mil.

En medio de la presión por obtener las tierras, los paramilitares iniciaron en 1997 una serie de operaciones para desplazar a un centenar de familias. Les dieron en un principio 48 horas para abandonar sus hogares. Al ver que varios campesinos no atendieron el llamado, sacaron sus motosierras y empezaron a decapitar a cuanta persona se atravesara por su camino. Hasta niños murieron en estos actos de barbarie. El Fondo, entonces, empezó a realizar en la finca 52 reuniones con los campesinos y fue cuando les presentaron a Guido Vargas, de quien dijeron sería el representante de Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) y además estaba bajo el mando de Sor Teresa.

Vargas era el encargado de engañar a los campesinos, hacerlos firmar falsos poderes en las instalaciones de la fundación y no ante un notario, infundir el miedo a través de la imagen de Sor Teresa y sus 1.500 hombres armados y de tramitar el traspaso de los bienes al Fondo de Ganaderos de Córdoba. Tras recoger los testimonios de varios de los máximos responsables de este despojo, la Fiscalía estableció que la primera medida que tomó el Fondo Ganadero de Córdoba junto a Sor Teresa y sus hombres fue realizar un censo para establecer quiénes tenían los papeles al día y así trazar una estrategia para acreditar los predios faltantes y luego quitárselos.

En un principio el engaño consistió en que supuestamente serían asesorados por funcionarios públicos y por Guido Vargas para que, quienes no tuvieran los títulos de adjudicación, legalizaran sus predios. En cuanto a los campesinos que habitaban en terrenos baldíos, buscaron testaferros que se los quitaran y posteriormente los vendieran. En este juego de trámites administrativos, los paramilitares, según fuentes cercanas al proceso, le pagaron $9’000.000 a una funcionaria del Incora para que agilizara las diligencias. Se trata de María Inés Cadavid, quien fue una de las capturadas esta semana.

Las autoridades también señalaron que dentro del modus operandi de esta alianza entre el Fondo Ganadero de Córdoba, los paramilitares y Funpazcor, los notarios —hoy están capturados Lidia del Carmen Hurtado, notaria de San Pedro de Urabá, y Miguel Puche Yánez, notario de Montería— jugaron un papel importante, ya que le dieron validez a la serie de poderes que ilegalmente hizo firmar Guido Vargas a muchos campesinos. Cabe decir que muchas de las víctimas no sabían leer ni escribir, por lo que Vargas, o se les inventaba la firma, o sólo utilizaba su huella dactilar. Estas compraventas entre el Fondo y los campesinos se iniciaron a pesar de que no existían títulos ni escrituras y de que los ganaderos no tenían la autorización de comprar tierras.

Es decir, que todo el proceso era ilegal. Para las autoridades, una prueba de esto es un acta firmada el 1º de diciembre de 1997 por la entonces junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba —hoy, cuatro de sus cinco miembros están capturados y el otro murió—. Se trata del acta 1084, con la que cambió el objeto social y las autorizaba, además de comprar ganado, comprar tierras. Este movimiento, que fue posible gracias a la ley 363 del 97, permitió afianzar el proyecto paramilitar y adquirir 132 predios de la región de Tulapas.

Todo sucedió después de una reunión en la Finca 52 a la que asistió Sor Teresa junto a varios campesinos. En ese entonces, los directivos del Fondo, según contó uno de los asistentes a esa reunión, dijeron a las víctimas que la mujer del clan Castaño sería quien los representaría en los procesos de compraventa de tierras.

Según la fuente de la Fiscalía, esto nunca se puso en el acta para evitar futuros problemas, ya que los miembros del Fondo Ganadero conocían quién era Sor Teresa y sus fuertes nexos con el paramilitarismo. Tres meses después de haber cambiado el objeto social, comenzó el masivo despojo de tierras, que finalmente permitió a los paramilitares tener el control total de la zona. Sólo en 2011 las autoridades lograron establecer la magnitud del problema que había terminado por desplazar a cientos de familias de sus hogares.

En ese momento, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, empezó a denunciar que varias de las tierras en Urabá no contaban con los requisitos legales de propiedad y que muchas otras habían sido adquiridas ilegalmente. Según la Fiscalía, en ese momento Guido Vargas volvió a llamar a todos los campesinos para repetir la historia de 14 años atrás. En 2011 los hizo firmar declaraciones extrajudiciales en las que aseguraban que la venta de sus tierras —muchos no han recibido al día de hoy un peso— había sido satisfactoria. Igualmente, para la autoridades hay fuertes indicios de que ese año el Fondo Ganadero de Córdoba destruyó varios documentos en los que estaban registrados esos negocios.

Hoy, Osorio es uno de los principales testigos de la Fiscalía y gracias a él se logró contextualizar el caso y capturar a los máximos responsables. Junto a él, también hay otros de los principales protagonistas de este episodio que están colaborando con la justicia, al punto de tener casi listo un posible acuerdo. El ente investigador está terminando de realizar los interrogatorios a las 10 personas que recientemente capturó, para así definir su situación jurídica.

smartinezh@elespectador.com

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