Tutela de Álvaro Ashton calienta debate de la doble instancia en la Corte Suprema

Para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es claro que, mientras no se elija a los magistrados de las nuevas salas de Instrucción y de Primera Instancia —que permitirán, finalmente, que en el país haya doble instancia para los congresistas, gobernadores y ministros—, puede seguir adelantando todos los procesos de aforados. Así lo ha defendido en público, explicando que en tanto no haya magistrados elegidos, la doble instancia es apenas una reforma en papel, pues las listas de candidatos de la Judicatura se elaboraron en abril y en mayo se terminaron las entrevistas. Sin embargo, una discusión que adelantan sus compañeros de la Sala Civil podría cambiar todo.

La Sala Civil estudia una tutela que el pasado 4 de mayo presentó el senador Álvaro Ashton, a quien la Sala Penal le abrió una investigación por supuestos nexos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia el pasado 6 de diciembre y lo llamó a juicio el pasado 1° de junio. En el recurso, Ashton cuestiona que la Sala Penal le haya negado la práctica de nuevas pruebas y, en cambio, haya cerrado la etapa de investigación. Su argumento es que esto impide que haya una indagación imparcial y garantista y que, en todo caso, la Corte ya no tiene competencia para continuar el caso.

(Le puede interesar: Álvaro Ashton, a juicio por parapolítica)

Su argumento es que desde enero pasado se puso en marcha la reforma que creó la doble instancia y que separó en el interior del alto tribunal las funciones de instrucción y juzgamiento. De acuerdo con la defensa de Ashton, no es válida la posición de la Sala Penal de seguir con los procesos mientras se pueden conformar las nuevas salas. “La Sala de Casación Penal (está) sin competencia para instruir, cerrar y calificar el mérito del sumario, más acusar y juzgar a un aforado constitucional (…) omite de facto dar aplicación al Acto Legislativo 01 de 2018 (y está) forzando a través de su propia interpretación la constitución y arrogación de una competencia que no le corresponde”, dice la tutela.

Si bien podría ser un recurso más, similar al que han presentado otros procesados, como el excongresista David Char, en esta ocasión la petición podría complicar a la Sala Penal. Según pudo establecer este diario, en la Sala Civil, donde se estudia la tutela de Ashton, hay un fuerte debate sobre si la Sala Penal puede seguir adelantando procesos ahora que se creó la doble instancia. Los magistrados de la Sala Penal Éyder Patiño y José Francisco Acuña ya han expresado que no se puede, pero su postura fue derrotada por la mayoría.

(Vea: El álgido debate en la Corte Suprema por el caso de Luis Alfredo Ramos)

La tutela de Ashton se discutió el pasado 7 de junio sin que hubiera humo blanco. Incluso se reportó a la defensa de manera oficial que todavía “no se ha proferido fallo por cuanto en sala (…) no se obtuvo la mayoría necesaria para ser aprobado”. El Espectador pudo establecer que en la Sala Penal hay un fuerte inconformismo con la posibilidad de que sus colegas de la Sala Civil tumben su decisión de continuar con los procesos hasta que las nuevas salas se conformen. Así lo ratificó, por ejemplo, en los casos del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, que está para fallo, y en el del suspendido senador Martín Emilio Morales, condenado en días pasados a 25 años de prisión por narcotráfico.

La incomodidad de la Sala Penal también se da porque, en días pasados, la Sala Civil les revocó otra decisión importante, que tenía que ver con la justicia indígena. Mientras, para la primera, esa jurisdicción tiene todos los elementos para sancionar, dentro de sus prácticas, los casos de abuso sexual, para la segunda, debe ser la justicia ordinaria la encargada de juzgarlos por la gravedad de los delitos y para garantizar la no revictimización y una correcta investigación.

(Le puede interesar: Álvaro Ashton insiste en acogerse a la JEP)

En la práctica, más allá de los choques internos, si la Sala Civil llegara a decir que la Sala Penal no puede seguir adelantando sus procesos y concede la tutela a Ashton, no sólo habría una cascada de recursos similares, sino que se podrían paralizar los grandes procesos que maneja hoy la Sala Penal, como el escándalo del cartel de la toga o el de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Lo mismo pasaría con los procesos que apenas están en etapa previa, como el que se lleva en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por presuntos nexos con grupos paramilitares.

Fuentes de la Corte le explicaron a El Espectador que, en todo caso, la Sala Penal ya está preparándose para entregar a la nueva Sala de Instrucción los procesos que están en fase previa, para que el impacto no sea mayor y los magistrados nuevos puedan empezar sus labores de inmediato. Lo mismo pasaría con los juicios en marcha, que tendría que terminarlos la nueva Sala de Primera Instancia.

(Le puede interesar: Avanza proceso de selección para poner en marcha la doble instancia en la Corte Suprema)

En este momento todo depende de la decisión que se tome en el caso de Ashton, quien además es investigado formalmente por el cartel de la toga y preliminarmente por un tema de delitos sexuales con menores de edad. El dirigente liberal fue acusado de concierto para delinquir, en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley. En concreto, por presuntos vínculos con el grupo paramilitar que lideraba Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, con base en testimonios de exparamilitares como el propio Don Antonio; Mario Rafael Marenco Egea, alias el Gordo, y Johnny Acosta Garizábalo, alias 28. Ashton, por su parte, se ha declarado inocente de todo lo que se le acusa.

Para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es claro que, mientras no se elija a los magistrados de las nuevas salas de Instrucción y de Primera Instancia —que permitirán, finalmente, que en el país haya doble instancia para los congresistas, gobernadores y ministros—, puede seguir adelantando todos los procesos de aforados. Así lo ha defendido en público, explicando que en tanto no haya magistrados elegidos, la doble instancia es apenas una reforma en papel, pues las listas de candidatos de la Judicatura se elaboraron en abril y en mayo se terminaron las entrevistas. Sin embargo, una discusión que adelantan sus compañeros de la Sala Civil podría cambiar todo.

La Sala Civil estudia una tutela que el pasado 4 de mayo presentó el senador Álvaro Ashton, a quien la Sala Penal le abrió una investigación por supuestos nexos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia el pasado 6 de diciembre y lo llamó a juicio el pasado 1° de junio. En el recurso, Ashton cuestiona que la Sala Penal le haya negado la práctica de nuevas pruebas y, en cambio, haya cerrado la etapa de investigación. Su argumento es que esto impide que haya una indagación imparcial y garantista y que, en todo caso, la Corte ya no tiene competencia para continuar el caso.

(Le puede interesar: Álvaro Ashton, a juicio por parapolítica)

Su argumento es que desde enero pasado se puso en marcha la reforma que creó la doble instancia y que separó en el interior del alto tribunal las funciones de instrucción y juzgamiento. De acuerdo con la defensa de Ashton, no es válida la posición de la Sala Penal de seguir con los procesos mientras se pueden conformar las nuevas salas. “La Sala de Casación Penal (está) sin competencia para instruir, cerrar y calificar el mérito del sumario, más acusar y juzgar a un aforado constitucional (…) omite de facto dar aplicación al Acto Legislativo 01 de 2018 (y está) forzando a través de su propia interpretación la constitución y arrogación de una competencia que no le corresponde”, dice la tutela.

Si bien podría ser un recurso más, similar al que han presentado otros procesados, como el excongresista David Char, en esta ocasión la petición podría complicar a la Sala Penal. Según pudo establecer este diario, en la Sala Civil, donde se estudia la tutela de Ashton, hay un fuerte debate sobre si la Sala Penal puede seguir adelantando procesos ahora que se creó la doble instancia. Los magistrados de la Sala Penal Éyder Patiño y José Francisco Acuña ya han expresado que no se puede, pero su postura fue derrotada por la mayoría.

(Vea: El álgido debate en la Corte Suprema por el caso de Luis Alfredo Ramos)

La tutela de Ashton se discutió el pasado 7 de junio sin que hubiera humo blanco. Incluso se reportó a la defensa de manera oficial que todavía “no se ha proferido fallo por cuanto en sala (…) no se obtuvo la mayoría necesaria para ser aprobado”. El Espectador pudo establecer que en la Sala Penal hay un fuerte inconformismo con la posibilidad de que sus colegas de la Sala Civil tumben su decisión de continuar con los procesos hasta que las nuevas salas se conformen. Así lo ratificó, por ejemplo, en los casos del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, que está para fallo, y en el del suspendido senador Martín Emilio Morales, condenado en días pasados a 25 años de prisión por narcotráfico.

La incomodidad de la Sala Penal también se da porque, en días pasados, la Sala Civil les revocó otra decisión importante, que tenía que ver con la justicia indígena. Mientras, para la primera, esa jurisdicción tiene todos los elementos para sancionar, dentro de sus prácticas, los casos de abuso sexual, para la segunda, debe ser la justicia ordinaria la encargada de juzgarlos por la gravedad de los delitos y para garantizar la no revictimización y una correcta investigación.

(Le puede interesar: Álvaro Ashton insiste en acogerse a la JEP)

En la práctica, más allá de los choques internos, si la Sala Civil llegara a decir que la Sala Penal no puede seguir adelantando sus procesos y concede la tutela a Ashton, no sólo habría una cascada de recursos similares, sino que se podrían paralizar los grandes procesos que maneja hoy la Sala Penal, como el escándalo del cartel de la toga o el de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Lo mismo pasaría con los procesos que apenas están en etapa previa, como el que se lleva en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por presuntos nexos con grupos paramilitares.

Fuentes de la Corte le explicaron a El Espectador que, en todo caso, la Sala Penal ya está preparándose para entregar a la nueva Sala de Instrucción los procesos que están en fase previa, para que el impacto no sea mayor y los magistrados nuevos puedan empezar sus labores de inmediato. Lo mismo pasaría con los juicios en marcha, que tendría que terminarlos la nueva Sala de Primera Instancia.

(Le puede interesar: Avanza proceso de selección para poner en marcha la doble instancia en la Corte Suprema)

En este momento todo depende de la decisión que se tome en el caso de Ashton, quien además es investigado formalmente por el cartel de la toga y preliminarmente por un tema de delitos sexuales con menores de edad. El dirigente liberal fue acusado de concierto para delinquir, en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley. En concreto, por presuntos vínculos con el grupo paramilitar que lideraba Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, con base en testimonios de exparamilitares como el propio Don Antonio; Mario Rafael Marenco Egea, alias el Gordo, y Johnny Acosta Garizábalo, alias 28. Ashton, por su parte, se ha declarado inocente de todo lo que se le acusa.