Último chance para que Salvatore Mancuso diga la verdad: de esto hablará en la JEP

Pese a su paso por los estrados judiciales de Colombia y Estados Unidos, de al menos dos sentencias en su contra y de que la justicia lleva décadas investigándolo como uno de los mayores promotores del paramilitarismo en el país, Salvatore Mancuso tiene hoy una última oportunidad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo escuchará durante cuatro días en el marco de una audiencia única de verdad. Lo que busca la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es determinar si la nueva intervención del exparamilitar ante la justicia es suficientemente nueva y valiosa como para que pueda entrar a la JEP y recibir los beneficios de esta justicia transicional.

Pese a su paso por los estrados judiciales de Colombia y Estados Unidos, de al menos dos sentencias en su contra y de que la justicia lleva décadas investigándolo como uno de los mayores promotores del paramilitarismo en el país, Salvatore Mancuso tiene hoy una última oportunidad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo escuchará durante cuatro días en el marco de una audiencia única de verdad. Lo que busca la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es determinar si la nueva intervención del exparamilitar ante la justicia es suficientemente nueva y valiosa como para que pueda entrar a la JEP y recibir los beneficios de esta justicia transicional.

Las cuatro audiencias se realizarán de manera simbólica en Montería, Córdoba, aunque Mancuso aparecerá en una pantalla, pues sigue preso en una cárcel en Georgia, Estados Unidos. Allá fue a parar luego de su extradición en 2008 por delitos de narcotráfico y, aunque hace más de un año terminó de cumplir su pena, su situación migratoria no se ha resuelto por dos razones. La primera, porque Estados Unidos no ha resuelto si lo envía deportado o extraditado a Colombia, para que termine de pagar sus cuentas judiciales, y la segunda, porque el propio Mancuso pidió ser deportado a Italia, de donde es connacional, y pidió ser enviado para no tener que seguir respondiendo ante la justicia colombiana.

Desde Montería, los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tienen todo listo para escucharlo, así como organizaciones de víctimas que estarán en el mismo recinto que los togados de la JEP. Eligieron esa ciudad como centro para las audiencias por su carga simbólica: Córdoba es uno de los territorios claves para entender la lógica de la incursión y expansión del fenómeno paramilitar, pues fue allí en donde se consolidó el modus operandi de una serie de prácticas, planes y políticas que luego fueron puestas en marcha y se replicaron en otras regiones del país, como Norte de Santander, Sucre y Cesar. Para Mancuso, Córdoba fue transversal durante su trasegar criminal.

Allí ganó fama, como un importante ganadero de origen italiano, que entre 1993 y 1995 estaba dispuesto a asesinar a guerrilleros para proteger a otros empresarios. Pronto llegó a oídos de los hermanos Castaño y, con las ya creadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Mancuso pasó a ser uno de sus jefes. Sus antecedentes en la conformación de estos grupos paramilitares fueron los que hicieron que la JEP le diera una segunda oportunidad. Lo que podría contar sobre la guerra podría ser clave para esclarecer historias no esclarecidas de cómo el Ejército se alió con sus hombres y cuáles fueron las alianzas claves con políticos de la zona para quedarse con el poder de la región y, de paso, millonarios contratos.

Aunque durante cuatro días será escuchado no la tiene nada fácil. Según la JEP, Salvatore Mancuso “deberá superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones en Justicia y Paz, y en la justicia ordinaria”. Esa premisa se traduce en que el exjefe paramilitar no puede hacer cualquier señalamiento durante las audiencias, sino que deberá realizar aportes presentes, efectivos, suficientes y novedosos para que pueda entrar bajo lo que el sistema de justicia transicional llama bisagra o punto de conexión entre los paramilitares y la Fuerza Pública durante el conflicto armado. No solo tendrá que cumplir con esos cuatro requisitos, sino que tendrá que presentar pruebas de sus declaraciones.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas está lista para escucharlo. Durante meses los magistrados estudiaron voluminosos expedientes para entender el contexto del que hablará Mancuso, pero sobre todo para tener claro cuál puede ser realmente su aporte de verdad. En ese estudio también participó el Grupo de Análisis de la Información, una unidad adscrita a la JEP que se encarga de hacer análisis de contexto, identificar y caracterizar los patrones de conducta criminal o macrocriminal. Su trabajo permitió identificar que la clave de lo que pueda decir el exjefe paramilitar está en un tema: el apoyo a la conformación y expansión de grupos paramilitares.

De esa gran conducta criminal, explicó la JEP, los magistrados determinaron cuatro prácticas criminales. La primera tiene que ver con el esquema criminal que les permitió a las Convivir ser fachada del accionar paramilitar; la segunda está relacionada con operaciones conjuntas entre paramilitares y Fuerza Pública; la tercera busca indagar información sobre alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y Fuerza Pública, y la cuarta es sobre la filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes. De cada una de ellas, Mancuso tendrá que hablar y contestar un cuestionario de más de 20 preguntas que ya tiene listo la JEP.

Luego de las audiencias, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas entrará en una etapa de trabajo crítico. Serán los magistrados quienes estudien la intervención del exjefe paramilitar y determinen si cumplió con el estándar de verdad que están buscando, a la luz de los expedientes y el análisis del Grupo de Análisis de la Información. O si, por el contrario, Mancuso volvió a repetir lo que ya ha dicho hasta el cansancio en la justicia ordinaria. Así, hoy empiezan una serie de cuatro audiencias que podrían determinar el futuro de este estratega de la guerra, condenado a apenas ocho años por delitos tan graves como homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura y actos sexuales violentos.