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Recta final en el proceso judicial por el reconocimiento deportivo -o no- del Real Sincelejo FC como club que podría regresar a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano. El equipo de Juan Carlos Restrepo, padre deportivo de James Rodríguez, tiene el caso bajo el estudio de la Corte Constitucional, sin embargo, la misma alta corte acaba de dar un reversazo a lo que había logrado el empresario y suspendió provisionalmente un fallo, de 2020, que ordenó a la FCF y la Dimayor afiliar de inmediato al club como un socio de clase B.
En contexto: Corte Constitucional revisará el debate judicial entre Dimayor y Real Sincelejo
El 2 de diciembre de 2020, la antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Judicatura -hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial- amparó los derechos al debido proceso, dignidad humana e interés superior de Juan Carlos Restrepo, quien es dueño de la ficha de Real Sincelejo de 2015. La ficha, sin embargo, ha pasado por escándalos judiciales que hoy tiene el reconocimiento deportivo del equipo en el limbo. La Sala Disciplinaria de la Judicatura ordenó afiliar de manera inmediata al club, no obstante, ya pasó un torneo desde la decisión y aún no rueda la pelota para los de Restrepo.
Tal ha sido el descontento de Restrepo, que presentó recursos para que se iniciarían incidentes de desacato contra la Dimayor y los clubes que componen el sistema del FPC. El Tribunal Superior de Sincelejo ha inclinado su balanza a favor del padre deportivo de James Rodríguez, vinculando a procesos de desacato a los demandados, quienes se han negado a incluir al equipo como afiliado, bajo la razón de que, con esa tutela, se estarían vulnerando las normas rectoras del balompié nacional ¿Qué rezan esas reglas? Que solo se puede afiliar clubes con la venía de los presidentes.
En un reciente intento por frenar los incidentes de desacato, los clubes del FPC y la Dimayor solicitaron medidas cautelares a la Corte Constitucional para que, mientras estudia de fondo el caso, el ente rector del balompié y los clubes que lo conforman se abstengan de estar obligados a incluir al Real Sincelejo como socio de clase B. Para sorpresa de Juan Carlos Restrepo, quien también está a la espera de una decisión en el Consejo de Estado, la Corte Constitucional no solo suspendió los trámites de desacato, también congeló la decisión de la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
De acuerdo con la Corte, “la adopción de la medida provisional (a favor de Dimayor y los clubes del FPC) resulta impostergable y necesaria ante la gravedad e inminencia de la afectación de derechos, especialmente a la libertad personal y debido proceso”. Con esta decisión, el órgano de cierre de la justicia colombiana evita que los jueces que conocen los desacatos emitan restricciones a la libertad de los presidentes de los clubes o una medida que afecte a los representantes del fútbol nacional. Se hizo hincapié en que la mayoría de sociedades no son parte de la inicial acción de tutela.
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Por otro lado, la Corte precisó que, de ninguna manera, emitir las recientes medidas profesionales significa que la decisión final, que tiene un plazo de tres meses, favorecerá los intereses de Dimayor o de los clubes mencionados. Lo que pasa es que, según sus palabras, es menos grave suspender los efectos de la tutela ganada por Restrepo, que permitir que continúen los incidentes de desacato adelantados por el Tribunal Superior de Sincelejo.
Expediente fútbol judicial
Para entender el caso de Real Sincelejo hay que situarnos en 2004, cuando Juan Pablo Ángel hacía lo suyo fin de semana en el Aston Villa inglés. Eran otros tiempos. El entonces representante legal del equipo, Édgar Paternina, estafó a la junta directiva para cederle ilegalmente la ficha de competencia al exsenador Habib Merheg. l político renombró la institución como Pereira S.A. -nada que ver con el Deportivo Pereira- y se llevó las tulas y los balones a la capital de Risaralda. El negocio fraudulento duró muy poco, pues en octubre de 2006 el dirigente deportivo Gustavo Moreno, uno de los duros del fútbol valluno, compró la ficha del Pereira S.A. y con el mismo NIT -823004222-, fundó el extinto Depor Fútbol Club S.A.
Los antiguos dirigentes de Real Sincelejo acudieron a Coldeportes, el cual escaló la denuncia a la Fiscalía en 2007. En primer instancia Paternina salió libre de toda culpa, pero el 9 de febrero de 2015 el Tribunal Superior de Sincelejo lo condenó por estafa y anuló todos los tramites adelantados por él. Entonces, Juan Carlos Restrepo compró la ficha que había recobrado Real Sincelejo, mientras James Rodríguez vivía su segunda temporada de ensueño con Real Madrid. No obstante, de inmediato Gustavo Moreno le cambió el nombre a Depor Fútbol Club S.A. y lo convirtió en el actual Atlético F.C, de la segunda división.
Antecedentes: La pelea judicial por Real Sincelejo, equipo del padre deportivo de James Rodríguez
En ese momento se presentó uno de los momentos más llamativos de la historia del fútbol colombiano, pues la Asamblea de la Dimayor y la dirigencia de Coldeportes le entregaron el reconocimiento a Atlético F.C. a mitad del Torneo Águila 2016, y el equipo de Moreno se incorporó a la liga de segunda división cuando la mayoría de clubes ya estaban jugando la Fecha 11. Por estos hechos, el 14 de mayo de 2019 la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Andrés Botero y a Claudia Guerrero, exdirectores generales de Coldeportes, por presuntas irregularidades en el reconocimiento entregado a Atlético F.C. y la suspensión del aval deportivo de Real Sincelejo F.C.
Pero los funcionarios de Gobierno no actuaron solos. La FCF confirmó lo ordenado por Coldeportes y el 10 de marzo de 2016 desafilió al equipo sincelejano, el cual se encontraba en proceso de reconstrucción. Desde entonces, Atlético F.C. participa del torneo de segunda división, mientras Restrepo logra alianzas con la gobernación de Sincelejo para ocupar el Estadio Arturo Cumplido Sierra, y así regresar el fútbol a la ciudad. Justamente en 2016, Restrepo interpuso una demanda de nulidad contra las resoluciones de Coldeportes, la cual cursa desde entonces en la Sección Primera del Consejo de Estado, sin pronunciamientos de fondo. No obstante, sea cual sea la decisión que tome cualquier juez en Colombia, la última palabra está en la Corte Constitucional.
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