Un año de desencuentros entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes

El presidente Gustavo Petro cerró el 2024 como uno de los años más tensos en la relación entre su administración y las altas cortes del país. El jefe de Estado tuvo este año roces, choques y desavenencias con la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, por cuestionar y oponerse públicamente a las decisiones que tomaron en su contra y fueron adversas a su plan de gobierno. Para el mandatario, que al inicio de su período, en 2022, aseguró que respetaría la independencia judicial, ahora cataloga algunas determinaciones de estas autoridades judiciales de “golpes blandos” contra su presidencia y le quitan, según él, su “derecho a dirigir”.

El presidente Gustavo Petro cerró el 2024 como uno de los años más tensos en la relación entre su administración y las altas cortes del país. El jefe de Estado tuvo este año roces, choques y desavenencias con la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, por cuestionar y oponerse públicamente a las decisiones que tomaron en su contra y fueron adversas a su plan de gobierno. Para el mandatario, que al inicio de su período, en 2022, aseguró que respetaría la independencia judicial, ahora cataloga algunas determinaciones de estas autoridades judiciales de “golpes blandos” contra su presidencia y le quitan, según él, su “derecho a dirigir”.

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El primero de los desencuentros de este año entre el poder Judicial y el Ejecutivo se presentó en febrero, cuando la Corte Suprema de Justicia tenía que elegir al fiscal general en reemplazo de Francisco Barbosa. El presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra, fue citado por Petro para hablar del respeto que tendría la Casa de Nariño sobre los tiempos y las decisiones del alto tribunal. Aun así, esa misma semana, el mandatario manifestó públicamente que la Fiscalía había sido víctima de una “toma mafiosa”, por lo que pidió a la ciudadanía movilizarse para pedir la elección. Ese llamado repercutió en que más 20.000 personas asediaran el Palacio de Justicia, tras conocerse que ninguna de las ternadas recibió ese día los votos suficientes.

Otro de los puntos de quiebre que tuvo la relación entre la Presidencia y la Corte Suprema ocurrió en agosto, cuando ese alto tribunal realizó en Quibdó (Chocó), cuna del magistrado Chaverra, el encuentro de la jurisdicción ordinaria. Allí, se reunió la Corte Suprema en pleno para liderar uno de los eventos más importantes del año. Los magistrados fueron plantados por el presidente Petro, aunque meses antes había confirmado su asistencia. Ese mismo día, un comentario del primer mandatario dio la estocada final al asunto: “Poco entiendo de por qué los hombres negros puedan ser conservadores”. El jefe de Estado añadió que Chaverra era contrario a sus ideales. Aun así, el togado guardó silencio.

Sin embargo, la afrenta fue contestada simbólicamente por la Corte. Ningún magistrado del alto tribunal quiso asistir a la Casa de Nariño para la posesión de Claudia Expósito, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Chaverra y otros magistrados de la Corte Suprema, que la eligieron para el cargo, se reunieron en privado con ella para darle la bienvenida a las altas cortes, pero con Petro no volvieron a compartir espacios. Eso quedó en evidencia el pasado 5 de diciembre, cuando José Joaquín Urbano, nuevo magistrado de la Sala Penal de la Corte, eligió no posesionarse ante Petro (como suele hacerse), sino ante el alto tribunal en pleno. Para la Corte fue “un acto de independencia, autonomía y dignidad”.

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Por otra parte, la relación del presidente Petro con el Consejo de Estado no fue mejor. Este año, el alto tribunal confirmó una de las peores noticias para el primer mandatario: dejar por sentado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para investigar las posibles irregularidades en la campaña que lo llevó a la Presidencia de la República y formular cargos administrativos en su contra como candidato de esa contienda electoral. Además, le tumbó a lo largo del año varias designaciones diplomáticas; por ejemplo, la de Moisés Ninco Daza como embajador en México, la de Andrés Hernández y María Soledad Garzón como cónsules en ese mismo país y hace poco la de Juan Pablo Castro como consejero en la embajada de Colombia en Francia. Esta última los tiene aún enfrentados.

Petro dijo que con sus decisiones el Consejo de Estado “desmantela mi derecho constitucional a dirigir la política exterior de Colombia”. Los mensajes del presidente, para la Sala Plena de la alta corte, son “graves, sistemáticos e irrespetuosos”, y además “ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa esta corporación”. También, los magistrados dejaron en claro que las afirmaciones del jefe de Estado no tienen sustento, “distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad”. Y una vez más, Petro dijo que “toda decisión será respetada, menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión”.

La Corte Constitucional no se salvó este año de los roces con Petro. Aunque el magistrado José Fernando Reyes, presidente del alto tribunal, pidió este diciembre que se bajara la polarización sobre la relación de la Corte con el Gobierno, durante el año fueron notorios los choques. El más grande de ellos se presentó a mediados de año, cuando Petro habló de convocar una asamblea nacional constituyente para cambiar la carta política. Ante la propuesta, el presidente de la Corte dijo públicamente: “Me pregunto cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991″.

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Por ahora, la idea de una nueva Constitución parece estar enterrada. Las tensiones entre el Gobierno y el poder Judicial bajarán su volumen, al menos durante la vacancia judicial. Sin embargo, en 2025, Petro, que ya lleva más de la mitad de su mandato, tendrá que replantear su relación con el poder Judicial, que no es la mejor, y en ese escenario es donde se están cayendo los proyectos que logró sacar adelante en su primera parte de mandato. También, revisar si seguirá con la misma línea ofensiva o se apegará a lo que le han pedido las altas cortes a la Casa de Nariño: respetar las decisiones judiciales y las ramas del poder.

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