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Hace un año, el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, protagonizaba una cruzada en la que defendía, sin miramientos, el trabajo que realizó la politóloga Natalia Springer para la Fiscalía, y que, aseguró Montealegre, sería un importante insumo a la hora de imputarle cargos a los máximos dirigentes de las Farc y del Eln. A pesar de que ya se le imputaron cargos al Comando Central del Eln, y de que con la implementación del marco jurídico para la paz se hará lo mismo con los dirigentes de las Farc en la justicia transicional, lo que contienen esos informes, por los cuales a Springer le pagaron $4.265 millones, sigue siendo un misterio.
Se necesitó un nuevo fiscal para empezar a esclarecer qué tan útiles fueron para el ente investigador los trabajos de Springer. Bajo la dirección del nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez, se movió, casi después de un año de iniciada, la investigación que Fiscalía Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia adelanta por las presuntas irregularidades en las contrataciones con Springer.
El pasado 16 de agosto, la Fiscalía citó a rendir una declaración al exjefe de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto, Juan Pablo Hinestrosa, y se espera que de la misma manera llame a la directora de la Unidad Nacional de Apoyo a la Gestión, Marcela Yepes, quien firmó los contratos; así como al exjefe de la Unidad de Análisis y Contexto, Alejandro Ramelli, quien salió de la Fiscalía en medio de la polémica, y quien advirtió, cuando estaba dentro de la entidad, que los trabajo de Springer no habían cumplido con las expectativas.
Asimismo, el 6 de septiembre pasado, la Contraloría reveló que en un contrato que la misma Springer firmó con una fiduciaria del Ministerio de Vivienda habría ocurrido un presunto detrimento patrimonial de $419 millones, pues, según la Contraloría, la plataforma de diagnóstico, evaluación y seguimiento diseñada por la firma de Springer “no cumplió con el objeto contractual establecido” y además, el plan entregado no cumplió los requisitos.
Los informes de la discordia
El nombre de Natalia Springer saltó a la palestra pública en 2014, cuando este diario reveló, por primera vez, que a través de su firma la entonces analista política de La FM había sido contratada directamente por el fiscal Montealegre para asesorarlo en “el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales / internacionales cometidos en el marco del conflicto”, específicamente por crímenes cometidos por las Farc. Por ese trabajo, Springer recibió $895 millones.
Desde entonces, diversos medios descubrieron que lejos de ser el único contrato, el del análisis de los crímenes de las Farc era tan solo la punta del iceberg. Quince días después de que la Alcaldía de Valledupar la contratara para estructurar la Escuela de Paz de Valledupar, el 3 de julio de 2015 Springer firmó el segundo de sus contratos con la Fiscalía, esta vez, para estudiar los crímenes del Eln y las Bacrim. El valor: $3.085 millones.
En su momento, este medio conoció los informes parciales de Springer -los mismos que el exfiscal de la Unidad de Análisis y Contexto, Alejandro Ramelli, había desaprobado- y se los dio a leer a dos académicos, quienes señalaron la falta de rigor de los informes parciales y dijeron, palabras más, palabras menos,q ue el borrador merecía "rajarse" en términos cientificos.
A pesar de los cuestionamientos por parte de diversos sociales, el fiscal Montealegre defendió en diversas oportunidades el trabajo de Springer. Señaló que el uso de las matemáticas en asuntos penales era algo “revolucionario” y aseguró que jamás se había hecho un trabajo igual en Colombia. Dijo también que nadie en la Fiscalía –ni la Unidad de Análisis y Contexto que él mismo creó- podía hacer lo que hizo Springer. El debate continuó y se fueron añadiendo aristas. Pero,los causantes de la discordia, es decir, los informes, jamás han sido presentados ante la sociedad. Según la politóloga y el ex fiscal Montealegre, es por una cuestión de “seguridad nacional”.
Muchas son las preguntas que aún persisten por el hermetismo para hablar sobre el tema por parte del exfiscal Eduardo Montealegre y de la misma Natalia Springer (la politóloga ha dicho que su silencio se debe a una clausula de confidencialidad que tiene su contrato con Fiscalía). Si bien ella reapareció en agosto de este año en redes para defenderse una vez más, desde que abandonó su poderoso cargo, Montealegre se ha mantenido en silencio frente a este polémico asunto.