Un año más sin que se defina el caso Uribe: lo que pasó y lo que viene en 2023

El 2022 tampoco fue el año para que la justicia le pusiera punto final al caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. En abril, una jueza de Bogotá negó la petición de la Fiscalía de cerrar el expediente por vacíos en la investigación; pero, en lugar de llevar al exmandatario a juicio, el proceso cambió de fiscal por uno que, por segunda vez y ante una nueva jueza, pedirá que el caso precluya. Aunque parecía que todo estaba dicho en este caso, en el último año surgieron evidencias hasta ahora desconocidas, pues la labor del ente investigador se ha centrado en demostrar por qué el principal testigo en contra de Uribe no es creíble.

El 2022 tampoco fue el año para que la justicia le pusiera punto final al caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. En abril, una jueza de Bogotá negó la petición de la Fiscalía de cerrar el expediente por vacíos en la investigación; pero, en lugar de llevar al exmandatario a juicio, el proceso cambió de fiscal por uno que, por segunda vez y ante una nueva jueza, pedirá que el caso precluya. Aunque parecía que todo estaba dicho en este caso, en el último año surgieron evidencias hasta ahora desconocidas, pues la labor del ente investigador se ha centrado en demostrar por qué el principal testigo en contra de Uribe no es creíble.

Se trata de Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas ―antigua propiedad de los Uribe Vélez—, quien ha denunciado vínculos del expresidente con grupos paramilitares. En 2018, fue él quien aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que estaba recibiendo presiones para retractarse de personas cercanas a Álvaro Uribe, como su abogado Diego Cadena y el excongresista Álvaro Hernán Prada, señalamiento que todos han negado. A raíz de esa denuncia, la Sala de Instrucción vinculó al líder natural del Centro Democrático a un proceso penal, que terminó en poder de la Fiscalía tras su renuncia al Senado.

(En contexto: Caso Uribe: Fiscalía pide por segunda vez que la investigación quede cerrada)

El fiscal Francisco Barbosa le encargó el proceso a uno de sus hombres de confianza, Gabriel Jaimes, coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, quien sustentó frente a la jueza 28 Penal de Conocimiento de Bogotá por qué el caso se debía cerrar: porque no hubo delitos; donde los hubo, no participó Uribe, y no había pruebas contra el expresidente. Pero la funcionaria judicial llegó a una conclusión distinta, tras revisar los miles de testimonios, documentos y pruebas técnicas, así como después de escuchar a las cuatro víctimas reconocidas en el proceso: el senador Iván Cepeda, los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, y la exesposa de Monsalve, Deyanira Gómez.

Las nuevas evidencias de la Fiscalía

Desde que la jueza rechazó la petición de Jaimes, el caso pasó a un nuevo fiscal, Javier Cárdenas, quien decidió que tampoco llamaría a juicio a Álvaro Uribe; por el contrario, se dedicó, entre problemas técnicos y repitiendo buena parte de lo que ya había dicho Jaimes, a llenar los vacíos que había descrito la jueza en la investigación del primer fiscal. Citó a interrogatorio al expresidente, buscó las declaraciones de otras personas que habían sido mencionadas en el caso, como algunos familiares de Monsalve, e hizo contrastaciones de lo que había dicho el testigo en el pasado. Así, pidió nuevamente que se cerrara el caso. Comenzó a hacerlo en octubre de 2022, ante la jueza 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, pero el año culminó sin que los representantes de las víctimas terminaran de contestarle.

Lo más novedoso que ha mostrado el fiscal Cárdenas, según el parecer de personas que conocen el proceso, es una declaración de Juan Guillermo Monsalve y su hermano. En un audio que mostró la Fiscalía, el testigo reconoció que no le consta que Uribe haya dado la orden directa de recuperar la hacienda Guacharacas. “Que yo haya escuchado o que tenga videos de eso, no, señor”, dijo. Y su hermano, por otra parte, negó que él hubiera pertenecido a grupos paramilitares. Además, se mostró una escritura en la que consta que la familia Uribe Vélez vendió la finca en 1996, antes de la conformación del bloque Metro, al que Monsalve asegura haber pertenecido.

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Esos hechos no se discuten en este caso contra Uribe, que es por manipulación de testigos. Sin embargo, estos elementos suman a una teoría que la Procuraduría ya había defendido en la primera solicitud de preclusión: que Monsalve no tenía la calidad de testigo y nunca se configuró ninguna ilegalidad respecto al supuesto vínculo entre Uribe y grupos paramilitares. Ahora bien, la Fiscalía también destapó sus cartas sobre los supuestos intentos del expresidente por torcer a quienes habían declarado sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. En concreto, presentó tres pruebas que no se conocían: las declaraciones del exministro Andrés Felipe Arias y del abogado Abelardo de la Espriella y una prueba de acústica forense.

Arias y De la Espriella podrían ayudar a encajar una versión que ha sido la defensa de Uribe desde que comenzaron a investigarlo por estos hechos: que él, supuestamente, había recibido información de que se estaba gestando un complot en su contra entre paramilitares presos en Estados Unidos y que su defensa se limitó a buscar personas que denunciaran esos hechos. Andrés Felipe Arias declaró que fue él mismo quien le contó esa situación a Uribe en 2017, cuando se reunieron en una audiencia del proceso de extradición del exministro. Y Abelardo de la Espriella dio fe de que el expresidente le encargó la tarea de indagar por ese entramado en las cárceles norteamericanas.

Finalmente, el fiscal Cárdenas expuso una prueba forense que concluye que un audio que estaba en el arsenal de pruebas de la Corte fue alterado. Es de una conversación entre Deyanira Gómez y el abogado Diego Cadena y lo entregó ella misma. Pero una investigación de La Silla Vacía, que tuvo acceso al informe de acústica forense, muestra que se concluyó que la grabación había sido editada únicamente a partir de un segundo, de los 18 minutos de duración. En suma, aunque hay evidencias nuevas, el ente investigador la tiene cuesta arriba para convencer a la justicia de que el expresidente no debe ir a juicio; escenario en el que, en circunstancias normales, se podría concluir si un investigado es culpable o inocente.