Un crimen sin cerebros

El Estado colombiano es responsable del asesinato del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en los próximos días vence el plazo para que cumpla con las recomendaciones formuladas por este organismo internacional. De no acatar sus sugerencias, el caso pasará al estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se determine las responsabilidades en la muerte violenta del ex congresista de izquierda.

La decisión está contenida en un informe entregado a la Cancillería colombiana, en el cual la Comisión Interamericana expresa que el Estado debe promover una investigación imparcial y exhaustiva para juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de la “ejecución extrajudicial” del senador Manuel Cepeda Vargas, así como adelantar actos tendientes a la recuperación de la memoria histórica del parlamentario en su condición de político y de comunicador social.

Además, en sus recomendaciones al Estado colombiano, la Comisión pidió reparar a los familiares de Cepeda Vargas por los daños materiales e inmateriales sufridos a raíz del asesinato, de la misma forma como reclamó la adopción de medidas para evitar que se repitan patrones sistemáticos de violencia, de conformidad con los deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales, que hoy están reconocidos en la denominada Convención Americana.

Según el caso 12.531, tramitado en la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos, Cepeda Vargas fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por causa de su militancia política de izquierda y su calidad de dirigente nacional de la Unión Patriótica. En el curso de la investigación, se pudo establecer que el operativo para darle muerte fue ejecutado por un equipo mixto de suboficiales del Ejército y sicarios al servicio de los grupos paramilitares. En particular, se contó con el apoyo de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño.

La investigación dio cuenta de que los dos uniformados que participaron en la comisión del crimen fueron el suboficial del Ejército Hernando Medina Camacho, quien siguió al senador en una motocicleta; y el suboficial del Ejército Justo Gil Zúñiga, quien efectuó los disparos en contra del congresista. Ambos fueron capturados y detenidos en instalaciones militares, tras ser condenados a 43 años de prisión. No obstante, los detenidos apelaron y hoy sólo está preso Hernando Medina. Gil Zúñiga goza de libertad condicional desde marzo del año 2006.

Inicialmente, el reclamo ante la justicia internacional hizo parte de la petición formulada por la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y el Comité de Abogados José A. Restrepo, para que el organismo internacional responsabilizara al Estado por la presunta persecución y exterminio de miles de militantes de la UP. Este reclamo fue

La Comisión aceptó desglosar el caso y continuar el estudio separado, situación en la que estuvo de acuerdo el Estado colombiano. Y no sólo aceptó este trámite. También reconoció que dos miembros de la Fuerza Pública perpetraron los hechos investigados y que, evidentemente, no se le brindaron a Manuel Cepeda Vargas las condiciones necesarias para proteger y preservar la vida del senador, ante lo cual reconoció su responsabilidad internacional tanto por acción como por omisión.

Según el documento conocido por El Espectador, la Comisión valoró el reconocimiento de la responsabilidad efectuado por el Estado colombiano, así como su disposición de reparar las consecuencias derivadas de su reconocimiento, por la vía amistosa. No obstante, llamó la atención sobre la ausencia de definición frente a los autores intelectuales del magnicidio, lo cual implica que no se reconoce que la “ejecución extrajudicial” de Cepeda Vargas haya sido parte de un patrón sistemático de asesinatos de miembros de la UP.

Su conclusión es tajante: el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas fue perpetrado en un contexto de actos de violencia sistemática contra los miembros de la UP y del Partido Comunista Colombiano, por lo que constituye “un crimen de lesa humanidad”. Pero también debe concluirse su responsabilidad por la violación de otros derechos, tales como la libertad de expresión, a la protección judicial y el de libre circulación.

“La impunidad de los autores intelectuales de la ejecución extrajudicial afecta la búsqueda de la verdad de los miembros de la familia de Manuel Cepeda”, agrega el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que estas circunstancias inevitablemente permiten concluir que “el Estado no ha arbitrado los medios necesarios para cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda”.

En una semana vence el plazo para que el Estado colombiano adopte las recomendaciones planteadas por la Comisión. De no prosperar los requerimientos del organismo internacional, el proceso será remitido a la Corte Interamericana, donde el Estado ya ha sido objeto de otras condenas. De igual modo, esta decisión constituye un antecedente importante frente a la determinación que deberá adoptar en breve la Comisión respecto al caso colectivo por el exterminio del partido político Unión Patriótica.

El Estado colombiano es responsable del asesinato del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en los próximos días vence el plazo para que cumpla con las recomendaciones formuladas por este organismo internacional. De no acatar sus sugerencias, el caso pasará al estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se determine las responsabilidades en la muerte violenta del ex congresista de izquierda.

La decisión está contenida en un informe entregado a la Cancillería colombiana, en el cual la Comisión Interamericana expresa que el Estado debe promover una investigación imparcial y exhaustiva para juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de la “ejecución extrajudicial” del senador Manuel Cepeda Vargas, así como adelantar actos tendientes a la recuperación de la memoria histórica del parlamentario en su condición de político y de comunicador social.

Además, en sus recomendaciones al Estado colombiano, la Comisión pidió reparar a los familiares de Cepeda Vargas por los daños materiales e inmateriales sufridos a raíz del asesinato, de la misma forma como reclamó la adopción de medidas para evitar que se repitan patrones sistemáticos de violencia, de conformidad con los deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales, que hoy están reconocidos en la denominada Convención Americana.

Según el caso 12.531, tramitado en la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos, Cepeda Vargas fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por causa de su militancia política de izquierda y su calidad de dirigente nacional de la Unión Patriótica. En el curso de la investigación, se pudo establecer que el operativo para darle muerte fue ejecutado por un equipo mixto de suboficiales del Ejército y sicarios al servicio de los grupos paramilitares. En particular, se contó con el apoyo de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño.

La investigación dio cuenta de que los dos uniformados que participaron en la comisión del crimen fueron el suboficial del Ejército Hernando Medina Camacho, quien siguió al senador en una motocicleta; y el suboficial del Ejército Justo Gil Zúñiga, quien efectuó los disparos en contra del congresista. Ambos fueron capturados y detenidos en instalaciones militares, tras ser condenados a 43 años de prisión. No obstante, los detenidos apelaron y hoy sólo está preso Hernando Medina. Gil Zúñiga goza de libertad condicional desde marzo del año 2006.

Inicialmente, el reclamo ante la justicia internacional hizo parte de la petición formulada por la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y el Comité de Abogados José A. Restrepo, para que el organismo internacional responsabilizara al Estado por la presunta persecución y exterminio de miles de militantes de la UP. Este reclamo fue

La Comisión aceptó desglosar el caso y continuar el estudio separado, situación en la que estuvo de acuerdo el Estado colombiano. Y no sólo aceptó este trámite. También reconoció que dos miembros de la Fuerza Pública perpetraron los hechos investigados y que, evidentemente, no se le brindaron a Manuel Cepeda Vargas las condiciones necesarias para proteger y preservar la vida del senador, ante lo cual reconoció su responsabilidad internacional tanto por acción como por omisión.

Según el documento conocido por El Espectador, la Comisión valoró el reconocimiento de la responsabilidad efectuado por el Estado colombiano, así como su disposición de reparar las consecuencias derivadas de su reconocimiento, por la vía amistosa. No obstante, llamó la atención sobre la ausencia de definición frente a los autores intelectuales del magnicidio, lo cual implica que no se reconoce que la “ejecución extrajudicial” de Cepeda Vargas haya sido parte de un patrón sistemático de asesinatos de miembros de la UP.

Su conclusión es tajante: el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas fue perpetrado en un contexto de actos de violencia sistemática contra los miembros de la UP y del Partido Comunista Colombiano, por lo que constituye “un crimen de lesa humanidad”. Pero también debe concluirse su responsabilidad por la violación de otros derechos, tales como la libertad de expresión, a la protección judicial y el de libre circulación.

“La impunidad de los autores intelectuales de la ejecución extrajudicial afecta la búsqueda de la verdad de los miembros de la familia de Manuel Cepeda”, agrega el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que estas circunstancias inevitablemente permiten concluir que “el Estado no ha arbitrado los medios necesarios para cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda”.

En una semana vence el plazo para que el Estado colombiano adopte las recomendaciones planteadas por la Comisión. De no prosperar los requerimientos del organismo internacional, el proceso será remitido a la Corte Interamericana, donde el Estado ya ha sido objeto de otras condenas. De igual modo, esta decisión constituye un antecedente importante frente a la determinación que deberá adoptar en breve la Comisión respecto al caso colectivo por el exterminio del partido político Unión Patriótica.