Un exministro, un exembajador y más poderosos que querían borrar su pasado de la web

“Borramos tu pasado” es la promesa con la que la firma española Eliminalia atrae a sus clientes y, a quien pueda pagarlo, le ayuda a enterrar cualquier mención suya en internet. Una filtración de más 50.000 documentos de esta empresa dejó al descubierto correos secretos, pagos millonarios y las técnicas con las que engañaban a motores de búsqueda y amenazaban a medios de comunicación. El Espectador tuvo acceso a los documentos a través del consorcio de periodistas Forbidden Stories, que coordinó la investigación colaborativa “Story Killers” (“Asesinos de historias”) que ha permitido darle un vistazo a la oscura industria de la desinformación.

“Borramos tu pasado” es la promesa con la que la firma española Eliminalia atrae a sus clientes y, a quien pueda pagarlo, le ayuda a enterrar cualquier mención suya en internet. Una filtración de más 50.000 documentos de esta empresa dejó al descubierto correos secretos, pagos millonarios y las técnicas con las que engañaban a motores de búsqueda y amenazaban a medios de comunicación. El Espectador tuvo acceso a los documentos a través del consorcio de periodistas Forbidden Stories, que coordinó la investigación colaborativa “Story Killers” (“Asesinos de historias”) que ha permitido darle un vistazo a la oscura industria de la desinformación.

En 2021, “La Silla Vacía” publicó una primera lista de clientes de Eliminalia, que incluía a corruptos, cirujanos cuestionados y narcotraficantes. Luego de que el Quirium Media Foundation analizara la filtración de estos nuevos documentos y de que el proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP, por su sigla en inglés) los procesara, supimos, por ejemplo, que hay 58 clientes vinculados con Colombia. Entre ellos, como contó este diario, al menos tres personas condenadas por lavar dinero de paramilitares, como el hermano de Ramón Mojana. En esta nueva entrega contamos quiénes más quisieron desaparecer su pasado incómodo o su prontuario criminal.

Juan Gonzalo y Luis Guillermo Ángel

El empresario de televisión Juan Gonzalo Ángel y su hermano Luis Guillermo (Guillo), piloto asociado con el cartel de Medellín, recurrieron a los servicios de Eliminalia. A finales de 2021, “La Silla Vacía” reveló que los hermanos Ángel pedían borrar noticias de hace más de 10 años que los vinculaban con el narcotráfico. Sin embargo, la nueva filtración deja al descubierto que fueron más allá. En 2020, pagaron casi 13.000 euros para desaparecer 49 entradas en la web. Entre ellas, un artículo de 2019 de El Espectador que informa cómo la Fiscalía no ha hecho nada por investigar sus presuntos vínculos con paramilitares, que la Corte Suprema evidenció desde 2015.

Ese artículo sigue disponible, pero entre los que sí lograron eliminar está una columna del periodista Daniel Coronell donde narraba que la aeronave en la que falleció el político Pedro Juan Moreno pertenecía a una empresa de Guillo Ángel. Moreno era cercano al expresidente Álvaro Uribe y falleció en un hecho nunca esclarecido, tras distanciarse de él. Aunque en los archivos el cliente registrado es la empresa de Juan Gonzalo Ángel, entre la información que pedían borrar la única mención a esa compañía, Globalmedia, está en un artículo de “La Silla Vacía” que cuenta cómo se convirtió en “el rey de la televisión”. Los demás documentos son sobre él y su hermano, pues incluso están sus cédulas y firmas en los contratos.

Contelac

La firma de interventoría Contelac contrató los servicios de Eliminalia para borrar de la web 72 artículos, entre ellos uno de El Espectador, que en 2017 los relacionaba con el caso Odebrecht. En concreto, porque esa empresa hizo la interventoría del contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas, del Acueducto de Bogotá. Para esta obra se pagaron sobornos, como luego demostró la justicia, pero hasta ahora Contelac ha salido inerme del proceso judicial. Tras ser contactados por este consorcio, Santiago Méndez, representante legal, confirmó que sí contrataron a la firma de reputación española en 2020, pero dijo que no hicieron los cuatro pagos pactados, por lo que no vieron resultados concluyentes.

Méndez explicó que nunca se determinó una responsabilidad de la empresa en el caso Odebrecht y tampoco fueron investigados. “Se consideró que esas notas, que perjudicaban de manera arbitraria la reputación de la empresa, deberían ser eliminadas”. Aunque Contelac dijo que no hizo todos los pagos, varias de las publicaciones que pidieron eliminar ya no están disponibles, como un auto de la Contraloría, y otros más fueron desindexados. Otras URL siguen al aire, como este artículo de El Espectador y un trino de la Fiscalía que anunciaba, en 2017, una imputación contra Jaime Buenaventura, interventor del contrato Tunjuelo-Canoas, como ocurrió en octubre de ese año.

El empresario Germán Zamora

Además de ser hermano de Martha Lucía Zamora, exfiscal y directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el empresario Germán Zamora fue noticia en 2015, cuando se supo que estaba en la mira de las autoridades. Zamora había invertido millones de pesos en una empresa que aseguraba ser corredora de Forex, el mercado global de divisas, pero que terminó siendo una captadora de dinero. La Fiscalía no lo investigó formalmente y se sabe que, entre 2019 y 2020, hizo al menos dos pagos por 1.780 y 890 euros para borrar las menciones de esa indagación, como la de este artículo de El Espectador. De hecho, Eliminalia le escribió a Blu Radio pidiendo dar de baja un artículo desde un correo terminado en legal-abuse.eu.

Este dominio de correo electrónico fue usado varias veces por Eliminalia para exigir que se borrara contenido sobre sus clientes porque lesionaba su “derecho a la honra”. De paso, amenazaban con demandas. Como la mayoría de sitios web de instituciones de la Unión Europea terminan en .eu, un correo así a simple vista puede sentirse oficial. Tras ser consultado por este consorcio periodístico, un funcionario de la Comisión Europea dijo que no tienen información de dominios que estén haciéndose pasar por instituciones europeas en este caso particular y añadió: “La existencia del nombre del dominio no es una infracción, pero su uso para suplantar sí lo es”.

Orlando Cabeza, el piloto misterioso

El escándalo por la importación a Bogotá de nuevos camiones de basura en la alcaldía de Gustavo Petro tuvo en el centro a dos hermanos: Orlando y Milton Cabeza Peñaranda. Este último aparece en la filtración como cliente de Eliminalia. Según los documentos, en 2020 la firma pidió borrar publicaciones de varios medios de comunicación, en algunos casos, utilizando técnicas engañosas. Por ejemplo, creó publicaciones en blogs en las que copió textos periodísticos, como una columna de “La República” titulada “Helicópteros que huelen a basura” y luego interpuso recursos de protección de derechos de autor (DMCA en inglés), asegurando que ese diario había plagiado contenido propio.

Al menos tres veces, Eliminalia usó esta técnica para dar de baja contenido que no dejaba bien parado a Orlando Cabeza, pese a que es evidente que la firma no escribió el contenido. Algunas URL que mencionaban a este empresario hoy no están disponibles. Esta es otra técnica que este consorcio detectó que utilizaba la empresa española con frecuencia. De hecho, este consorcio contó 2.020 entre todos los documentos. Consultados al respecto, Google contestó: “Detectamos las peticiones de DMCA abusivas y cuando nos hacemos conscientes de que hay entidades usándolas constantemente, les aplicamos un escrutinio extra”.

El exministro Morris Harf

Morris Harf Meyer fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, con una exitosa trayectoria en el mundo empresarial. Su paso por el Ejecutivo duró apenas un año y estuvo marcada por acusaciones y hasta investigaciones de las autoridades. El 23 de agosto de 2017, el exministro firmó un contrato con Eliminalia por 12.200 euros para eliminar 26 enlaces de internet. Pidió, por ejemplo, borrar nueve publicaciones de prensa de finales de los años 90, cuando líos financieros de sus empresas le ocasionaron problemas con el Estado, o cuando la Procuraduría anunció que lo investigaría por alquilar un vuelo chárter a Lima (Perú) con dinero público.

El contrato que firmó el exministro es una muestra de cómo los clientes de Eliminalia no solo buscan borrar menciones en la prensa, sino un servicio que ofrece esta compañía: eliminar documentos judiciales. En el caso de Harf, el exfuncionario le pidió a la empresa borrar decisiones de la Corte Suprema de Justicia, donde había sido testigo o parte interesada, y una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que una de sus empresas resultó multada. Además, pidió borrar su nombre de una plataforma que recopila información sobre empresarios. Allí, se le vinculó como socio de una empresa mencionada en el caso de los Panama Papers.

María Teresa Orejarena

Una de las clientas más insólitas de Eliminalia fue María Teresa Orejarena. En 2004, el BBVA la denunció por hurto calificado y agravado, proceso que terminó extendiéndose durante la siguiente década y media. El 25 de febrero de 2020, el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá finalmente la declaró responsable de ese delito, pero antes de que la sentencia quedara en firme, llegó la pandemia, se cerró la justicia temporalmente y, cuando se retomó el proceso, tres meses más tarde, ya había prescrito. Es decir, a la jueza no le quedó más remedio que declarar que había vencido el tiempo para imponerle una condena.

El juzgado que lleva su proceso publicó los autos de esas decisiones en la página ramajudicial.gov.co, como hacen algunos jueces. Pero esas decisiones ahora no están disponibles, ya que, según los documentos, fueron dadas de baja a petición de Eliminalia. Orejarena, que según registros públicos ha sido contratista de entidades como Migración Colombia, al parecer pagó 1.125 euros a esta firma española por sus servicios.

El exembajador Fernando Marín Valencia

Fernando Marín Valencia fue condenado a cuatro años de cárcel por haber sido cómplice en el delito de lavado de activos. Él mismo confesó que ayudó al empresario Emilio Tapia y a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas a maquillar las dádivas que recibieron en el esquema de sobornos con el que se repartieron contratos de infraestructura en la capital, en el llamado “carrusel de la contratación”. Su sentencia se conoció en 2020, pero cinco años antes, quien fuera uno de los diplomáticos con más trayectoria en el país y un reputado empresario santandereano pagó 7.890 euros por borrar todas las pistas que lo vinculaban con ese esquema de corrupción que, finalmente, terminó reconociendo.

El 9 de noviembre de 2015, el exembajador en Malasia, Tailandia, Vietnam y Venezuela, firmó un contrato con Eliminalia para borrar de la red 19 páginas que lo vinculaban al mencionado carrusel (aunque en los archivos de Eliminalia el cliente es Grupo Grama, al parecer relacionado con la familia Marín). Diez de ellas eran artículos de prensa, uno de ellos de la revista “Dinero” que, desde 2011, aseguraba que Marín había hecho parte del carrusel. Hoy preso, el exembajador fue más allá y pidió eliminar una decisión de la Corte Constitucional, en la que se hacía un llamado a que la Fiscalía lo investigara por la compra de un predio en Bucaramanga que, al parecer, fue ilegal.

Esteban Caicedo Velandia

Los hermanos Caicedo Velandia son miembros de una familia que, desde hace años, ha estado vinculada a investigaciones de narcotráfico y lavado de activos. Luis Agustín Caicedo fue condenado en 2010 en EE. UU.; su hermano Francisco también corrió esa misma suerte, pero fue asesinado hace una semana al norte de Bogotá, al parecer en una venganza entre grupos ilegales. Ambos estuvieron relacionados en un expediente de la Fiscalía que investiga una red comercial patrocinada por los capos Luis Caicedo Velandia, Claudio Silva Otálora y Julio Lozano Pirateque, que al parecer habría lavado dinero a un cartel que terminó filtrando dinero del narcotráfico en el equipo de fútbol Santa Fe.

Toda esa telaraña de andanzas ilegales fue lo que buscó borrar de la web José Esteban Caicedo Velandia, otro hermano de Luis y Francisco. El 28 de febrero de 2018 el hombre firmó un contrato con Eliminalia, por 2.250 euros, para borrar de la web tres artículos de prensa, dos de El Espectador y uno de la W Radio, en los que se daban detalles de las movidas de sus hermanos con capos de la droga. En uno de los documentos conocidos por este consorcio, José Esteban Caicedo explicó que esas publicaciones perjudicaban su imagen y vida personal, “impidiéndome poder continuar con mi vida y llevarla de manera normal en el anonimato”. Los tres artículos siguen en línea.

Los empresarios Gutiérrez

Carlos y José Alfredo Gutiérrez son los hermanos detrás de un rentable negocio de “factoring”, basado en la compra de facturas y papeles similares con descuento, a través de su empresa Servimos. El primero, como creador de la compañía, y el segundo, como gerente. Carlos Gutiérrez, además, ha sido mencionado hace años como un financiador de campañas políticas, como las de Germán Vargas Lleras y David Luna, y alguien cercano a poderosos, como el expresidente Álvaro Uribe. En 2015, José Alfredo Gutiérrez firmó un contrato con Eliminalia, por 3.525 euros, para borrar de internet tres artículos de prensa.

En dos de ellos, “La Silla Vacía” contó la historia de un apetecido predio que quería comprar Carlos Gutiérrez, enredado en la Dirección Nacional de Estupefacientes. El negocio terminó congelado por un conflicto de intereses de un funcionario, cercano a Vargas Lleras, a quien el empresario le había financiado la campaña. Y la tercera publicación, de “El Tiempo”, habla sobre una inspección que ordenó la Corte Suprema de Justicia en 2012 a las oficinas de Servimos, por un informe del DAS que hablaba de presuntos negocios de lavado de dinero del temido paramilitar Miguel Arroyave, alias “Arcángel”, y que involucraba a una empresa de Guillermo Gutiérrez, hermano de Carlos y José, situación que siempre han negado. Los artículos siguen en línea.

Los cirujanos

Al buscar en Google los nombres de Jaime Eduardo Vallejo Flórez y Luz Oriana Morales, a simple vista, se puede saber que son dos cirujanos plásticos, registrados en la Unidad de Cirugía y Medicina Estética (UCM) de Pereira. Sin embargo, en las páginas que arroja el buscado más abajo se puede leer que sus nombres están en una lista de 43 médicos que habrían obtenido sus títulos de especialistas de manera irregular. Tanto Vallejo, como Morales, explicó en su momento el Ministerio de Educación, obtuvieron su cartón en Brasil, sin cumplir con los requisitos que exigen las autoridades colombianas para ejercer como cirujanos especialistas en el país.

Vallejo y Morales trataron de borrar sus vínculos con esa lista y contactaron a Eliminalia en 2020. El 24 de julio de ese año, firmaron un contrato con la empresa española por 3.932 euros. A cambio de la suma de dinero, Eliminalia borraría de la web al menos siete noticias de prensa que, no solo los vinculaba a esa red de médicos con títulos falsos, sino a una serie de denuncias sobre graves secuelas que estaban dejando los procedimientos médicos practicados por ambos cirujanos. Aunque varias de esas publicaciones desaparecieron, sus nombres todavía están relacionados con la lista de médicos con títulos sospechosos.

La esposa del lavador del “Loco”

Cuando en 2012 fue capturado Rutdy Alirio Zárate Moreno, alias Runcho, los medios de Paraguay titularon que era el “lavador de dinero más buscado de Colombia”. Estaba pedido en extradición y su nombre aparecía en todas las empresas vinculadas a la organización narcotraficante de Daniel el Loco Barrera. Su esposa, Yuribeth González Novoa, logró evadir la atención por unos años, hasta que invirtió en Argentina, lo que llamó la atención de autoridades y periodistas. Un artículo de la revista Perfil publicado en 2016 aseguraba, a partir de fuentes judiciales, que la mujer “habría jugado un rol clave en la ingeniería del lavado de dinero”.

Armada, con un certificado expedido por la Policía colombiana de que no está siendo requerida judicialmente, documento que hasta apostilló, González Novoa contrató a Eliminalia para borrar estas publicaciones. Según la filtración, Yuribeth González Novoa hizo tres pagos entre 2017 y 2018 que suman 7.150 euros para que se dieran de baja 13 artículos que la mencionaban a ella o a su esposo. Todos siguen disponibles para consulta. La firma española logró que algunos artículos fueran desindexados de los motores de búsqueda, enterrándolos; otros fueron eliminados, pero continúan disponibles el artículo de la revista argentina y otros más que la mencionan.