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Luego de que la Contraloría ordenara pagar más $87.000 millones a integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, así como a la firma interventora y empresa proveedora de equipos responsables de llevar internet a diferentes zonas rurales, la Corte Suprema definió que la situación de medida de aseguramiento contra Emilio Tapia, involucrado en el escándalo, debía ser resuelta por un juzgado de Bogotá.
El expediente de competencias fue resuelto por la magistrada Myriam Ávila Roldán, quien definió que, aunque Tapia se encuentra recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla, quienes deben definir la sustitución de medida de aseguramiento son los Juzgados Penales Municipales con funciones de control de garantías de Bogotá. Esto, luego de que la defensa del contratista presentara una petición de sustitución de la medida en esa ciudad.
“La competencia para conocer la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento y/o revocatoria de la medida intramural, formulada por Emilio José Tapia Aldana corresponde a los Juzgados Penales Municipales con funciones de control de garantías de Bogotá (reparto), a donde será remitida la actuación”, precisó la decisión de la togada.
La decisión se debe a que Tapia renunció a su derecho de estar presente físicamente en la audiencia, lo que determinó que el caso se remitiera a Bogotá. El caso contra el contratista, quien enfrenta un proceso por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, está siendo adelantado por el Juzgado 47° Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, “por lo que es en ese lugar es donde debe resolverse la petición”, según dicta la decisión.
Tapia, además, ha estado vinculado a otros procesos judiciales, lo que ha hecho que su situación sea un punto de atención. La resolución sobre su solicitud de prisión domiciliaria está ahora en manos de un juez en Bogotá, quien evaluará los argumentos presentados por su defensa, que ha señalado, incluso, que el contratista presenta problemas de salud.
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