Un paramilitar blindado

Darío Laíno Scopetta, un barranquillero de origen italiano, empresario exitoso, con conexiones del más alto nivel en el mundo de la política de la Costa Caribe y el sector financiero, y ganadero de vieja data, es el hombre que las autoridades hoy señalan como jefe de los ejércitos privados que se desdoblaron después de la desmovilización del Bloque Norte de las autodefensas, en marzo de 2006. Algunas voces, incluso, lo relacionan con enlaces del capo Daniel El Loco Barrera.

El protagonismo en la violencia y las finanzas del Bloque Norte siempre estuvieron en manos de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y el ganadero Hughes Rodríguez, conocido como el Comandante Barbie. No obstante, en esa pirámide de poder no faltó Darío Laíno Scopetta, quien a la sombra, sin mayor figuración o reseñas judiciales, fungía como intermediario político y financiero y determinador militar, con sus centros de operaciones en Atlántico y Magdalena.

El entonces congresista Gustavo Petro Urrego lo reseñó en octubre de 2006 con nombres y apellidos en una entrevista que le dio al diario El Espectador. “Es una persona muy poco conocida en el país, pero que va a ser muy importante. Es un paramilitar ganadero muy rico, y empresario de Barranquilla. En un informe del CTI aparece en una reunión con un congresista y otros paramilitares, hablando sobre la intención de asesinar a una fiscal, pero él lo impide por las consecuencias que podría tener”.

Se trata de un hombre que es dueño de una de las empresas de blindaje más grandes del país: Blindajes de Colombia, Blinco Ltda.; con inversiones en empresas de agro como Agroinversiones Laíno y Cia., y hasta en firmas con intereses en la explotación de la palma. Pero también un hombre que desde hace años saltó a la clandestinidad para borrar con sus ejércitos su próspero pasado como ganadero y comerciante y quedar rotulado de allí en adelante como uno de los comandantes de las llamadas bandas criminales de la costa.

Aunque Darío Laíno Scopetta entregó sus armas y se desmovilizó con el Bloque Norte el 10 de marzo de 2006, nada se sabía de su pasado criminal hasta que sus antiguos aliados comenzaron a rendir versión libre en la Unidad de Justicia y Paz. Por ejemplo, el 15 de enero de 2007, Salvatore Mancuso señaló en su declaración que estuvo en Nueva York con él y Jorge 40, con el objetivo de comprar munición calibre 7,62 para las autodefensas.

Según el extraditado exjefe paramilitar, dicho viaje se hizo entre enero y febrero de 1997, justo cuando las autodefensas se consolidaron bajo un único mando: la casa Castaño. Mancuso le contó a la Fiscalía que ese arsenal fue enviado a Colombia a través de correo. En uno de los registros del organismo, conocido por El Espectador, se lee que Mancuso compró un fusil Galil que no pudo sacar de la Aduana de Nueva York, debido a que se había implementado una restricción a la venta de armas para Colombia.

Por su parte, Don Antonio sostuvo en su declaración del 18 de abril de 2007 que el empresario de ascendencia italiana era colaborador del Bloque Norte y le entregaba dinero a Jorge 40. En igual sentido declaró el desmovilizado Francisco Gaviria, quien le indicó a la justicia que Laíno Scopetta hizo parte de los primeros grupos paramilitares en el departamento del Cesar. Un territorio estratégico que Rodrigo Tovar Pupo colonizó a punta de masacres y amenazas y que fue fundamental en la distribución del poder regional de sus delegados parapolíticos.

Pero quien más se extendió en su relato fue el postulado Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, quien contó de la masacre de La Cristalina, en marzo de 1997, y sostuvo que para llevarla a cabo fue esencial la ayuda de Darío Laíno Scopetta. De acuerdo con este relato, el empresario tenía los alias de M1 y Darío, y fue quien le presentó al coronel del Ejército del batallón Córdoba para que les colaborara con la incursión. El crimen se perpetró en la finca El Encanto, ubicada en el corregimiento de Santa Rosa de Lima, en Fundación (Magdalena).

Según palabras del desmovilizado Fontalvo Sánchez, secuestraron a un enlace de la guerrilla que se movilizaba en un Toyota rojo y se lo entregaron a alias Baltasar. Desde el municipio de El Difícil se planeó la operación después de que el supuesto subversivo se comprometiera a entregar las coordenadas del campamento. “Nos reunimos con M1 y un coronel del Ejército en la gallera de Fundación. Nos lo presentó M1, quien era colaborador de Mancuso y vivía en Barranquilla”.

El testigo añadió que llegaron todos a una finca de “los Gnecco” por Bosconia y que hablaron con el coronel, que les presentó una sección del Ejército con los comandantes. “Se reúne a la gente y nos encontramos a la entrada de La Cristalina. Se mata al dueño de la finca; lo hace Augusto de un machetazo. De ahí nos fuimos a la vereda con el guía. Íbamos como 80 personas”. Una vez allí se enfrentaron con varios guerrilleros que quedaron heridos. Las autodefensas secuestraron a algunas de estas personas, una de las cuales era de la universidad de Barranquilla, y después las asesinaron.

Contratos blindados

Desde luego, una vez la justicia comenzó a rastrear las actividades legales de Darío Laíno Scopetta, lo primero que les llamó la atención fue su empresa Blinco —creada en el año 2000— y descubrieron que se hizo a multimillonarios contratos en la Costa. Por ejemplo, uno con la Gobernación del Cesar en el año 2005, cuando al departamento lo gobernaba Hernando Molina Araújo, ya condenado por sus vínculos con los ‘paras’. El contrato estipulaba el mantenimiento de la Toyota tipo burbuja asignada a su despacho. La justicia siguió indagando, pero a pesar de tener un prontuario tan abultado, en Bogotá siguió pasando de agache.

El Espectador conoció que en diciembre pasado la Embajada de Estados Unidos en Colombia indagó en la Fiscalía por el nombre de Darío Laíno Scopetta. Y lo hizo básicamente porque en ese momento se había abierto una licitación para proveer camionetas blindadas y Blinco intentó participar en ella. Así lo confirmó este diario con fuentes de entera credibilidad de la Fiscalía. Dicho de otro modo, el nuevo capo de las bacrim intentó tener negocios con el gobierno estadounidense. No obstante, alertados por la información que reposaba en Justicia y Paz, su nombre fue descartado.

Su historia está íntimamente ligada con la siniestra modalidad que se inventó Jorge 40 de los llamados distritos electorales, una suerte de repartición de los municipios de Cesar y Magdalena para que los dirigentes políticos que representaran los intereses de las autodefensas salieran elegidos sí o sí, garantizando sus votaciones. Nueve meses después de su desmovilización, el 19 de diciembre de 2006, el Ejército allanó la finca Nueva Roma en San Ángel, Magdalena, una de las retaguardias del Bloque Norte. Allí fueron detenidos la alcaldesa de Algarrobo, Nazly Zambrano, y Darío Laíno Scopetta.

Entre los documentos se descubrió un acuerdo político firmado en el año 2002 por aspirantes al Congreso, con diputados y alcaldes de la región: el llamado Pacto de Magdalena. Allí salieron a relucir los nombres de Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra Sierra —todos condenados—, y otros más. Lo curioso es que Laíno estuvo poco tiempo detenido y no fue indagado por sus nexos con la clase dirigente que corrompió junto con Jorge 40. En junio de 2008, un juzgado de Santa Marta lo dejó libre. Su nombre, aunque seguía apareciendo en las versiones libres de desmovilizados, apenas hace algunos meses empezó realmente a preocupar a las autoridades.

Los organismos de inteligencia lo tienen catalogado no sólo como el heredero de Jorge 40, sino como el hombre que hoy encarna una verdadera amenaza para el Estado por sus alianzas. Sin embargo, cuando El Espectador intentó documentar sus antecedentes y requerimientos judiciales se encontró con que hay una investigación en una fiscalía de Santa Marta por sus pasos en las autodefensas. Muy poco, se diría, para uno de los personajes del que se dice que ya trabó alianzas con Daniel El Loco Barrera.

Con otra particularidad: se investiga si de su séquito de hombres armados salió la orden de asesinar al ganadero Fernando Cepeda Vargas, crimen por el cual está procesada la rectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Silvia Gette Ponce. Es decir, con él se abren nuevos frentes de violencia que hoy documentan las autoridades. Su historia es el epílogo repetido de cientos de empresarios y ganaderos que terminaron tentados por el mundo ilegal y el patrocinio del paramilitarismo. Un frente apenas explorado por la justicia en lo que se ha denominado la ‘paraeconomía’.

En síntesis, todas las fuentes consultadas por El Espectador coinciden en afirmar que Laíno Scopetta ha sido el cerebro del rearme de los desmovilizados de las autodefensas. Tanto temor infunde que muchos ni siquieran han podido rehusarse a su oferta.

El Pacto del Magdalena

Cuando en diciembre del año 2006, un comando del Gaula del Ejército llegó a la finca Nueva Roma en Magdalena, con la intención de acabar la retaguardia paramilitar que quedó tras la desmovilización del Bloque Norte, tres escoltas de Darío Laíno Scopetta abrieron fuego contra los uniformados, pero resultaron muertos en el cruce de disparos. Al formalizar las capturas las autoridades se dieron cuenta de que Laíno tenía un computador portátil con algunos documentos que resumían cómo se había pactado un acuerdo político en el año 2002, firmado por varios candidatos al Congreso y otros dirigentes para repartirse electoralmente el departamento de Magdalena.

Ese día cayeron detenidos la alcaldesa de Algarrobo Nazly Zambrano y Darío Laíno, pero el 27 de junio de 2008 el juez especializado de Santa Marta, Flavio Rojas, absolvió por duda a Darío Laíno y le devolvió la libertad.

En el radar de las autoridades

De los testimonios entregados por desmovilizados del Bloque Norte de las autodefensas, a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se desprende que las actividades ilegales de Darío Laíno Scopetta datan de hace casi 15 años. La Fiscalía busca rastrear los expedientes en los que ha resultado nombrado el hoy llamado jefe de ‘Los Rastrojos’ en Atlántico y Magdalena, una obsesión de las autoridades que pretenden detener la maquinaria criminal de Laíno y sus hombres, la mayoría de ellos excombatientes de las autodefensas que volvieron a sus andanzas.

De hecho, organismos de inteligencia sostienen que ha sido Laíno el gran heredero de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y que a través de las firmas que constituyó legalmente, en sus tiempos de próspero empresario, terminaron colándose los dineros de las mafias paramilitares. Desde hace un tiempo ya el nombre del ganadero figura entre las listas de objetivos de la Fuerza Pública.

Darío Laíno Scopetta, un barranquillero de origen italiano, empresario exitoso, con conexiones del más alto nivel en el mundo de la política de la Costa Caribe y el sector financiero, y ganadero de vieja data, es el hombre que las autoridades hoy señalan como jefe de los ejércitos privados que se desdoblaron después de la desmovilización del Bloque Norte de las autodefensas, en marzo de 2006. Algunas voces, incluso, lo relacionan con enlaces del capo Daniel El Loco Barrera.

El protagonismo en la violencia y las finanzas del Bloque Norte siempre estuvieron en manos de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y el ganadero Hughes Rodríguez, conocido como el Comandante Barbie. No obstante, en esa pirámide de poder no faltó Darío Laíno Scopetta, quien a la sombra, sin mayor figuración o reseñas judiciales, fungía como intermediario político y financiero y determinador militar, con sus centros de operaciones en Atlántico y Magdalena.

El entonces congresista Gustavo Petro Urrego lo reseñó en octubre de 2006 con nombres y apellidos en una entrevista que le dio al diario El Espectador. “Es una persona muy poco conocida en el país, pero que va a ser muy importante. Es un paramilitar ganadero muy rico, y empresario de Barranquilla. En un informe del CTI aparece en una reunión con un congresista y otros paramilitares, hablando sobre la intención de asesinar a una fiscal, pero él lo impide por las consecuencias que podría tener”.

Se trata de un hombre que es dueño de una de las empresas de blindaje más grandes del país: Blindajes de Colombia, Blinco Ltda.; con inversiones en empresas de agro como Agroinversiones Laíno y Cia., y hasta en firmas con intereses en la explotación de la palma. Pero también un hombre que desde hace años saltó a la clandestinidad para borrar con sus ejércitos su próspero pasado como ganadero y comerciante y quedar rotulado de allí en adelante como uno de los comandantes de las llamadas bandas criminales de la costa.

Aunque Darío Laíno Scopetta entregó sus armas y se desmovilizó con el Bloque Norte el 10 de marzo de 2006, nada se sabía de su pasado criminal hasta que sus antiguos aliados comenzaron a rendir versión libre en la Unidad de Justicia y Paz. Por ejemplo, el 15 de enero de 2007, Salvatore Mancuso señaló en su declaración que estuvo en Nueva York con él y Jorge 40, con el objetivo de comprar munición calibre 7,62 para las autodefensas.

Según el extraditado exjefe paramilitar, dicho viaje se hizo entre enero y febrero de 1997, justo cuando las autodefensas se consolidaron bajo un único mando: la casa Castaño. Mancuso le contó a la Fiscalía que ese arsenal fue enviado a Colombia a través de correo. En uno de los registros del organismo, conocido por El Espectador, se lee que Mancuso compró un fusil Galil que no pudo sacar de la Aduana de Nueva York, debido a que se había implementado una restricción a la venta de armas para Colombia.

Por su parte, Don Antonio sostuvo en su declaración del 18 de abril de 2007 que el empresario de ascendencia italiana era colaborador del Bloque Norte y le entregaba dinero a Jorge 40. En igual sentido declaró el desmovilizado Francisco Gaviria, quien le indicó a la justicia que Laíno Scopetta hizo parte de los primeros grupos paramilitares en el departamento del Cesar. Un territorio estratégico que Rodrigo Tovar Pupo colonizó a punta de masacres y amenazas y que fue fundamental en la distribución del poder regional de sus delegados parapolíticos.

Pero quien más se extendió en su relato fue el postulado Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, quien contó de la masacre de La Cristalina, en marzo de 1997, y sostuvo que para llevarla a cabo fue esencial la ayuda de Darío Laíno Scopetta. De acuerdo con este relato, el empresario tenía los alias de M1 y Darío, y fue quien le presentó al coronel del Ejército del batallón Córdoba para que les colaborara con la incursión. El crimen se perpetró en la finca El Encanto, ubicada en el corregimiento de Santa Rosa de Lima, en Fundación (Magdalena).

Según palabras del desmovilizado Fontalvo Sánchez, secuestraron a un enlace de la guerrilla que se movilizaba en un Toyota rojo y se lo entregaron a alias Baltasar. Desde el municipio de El Difícil se planeó la operación después de que el supuesto subversivo se comprometiera a entregar las coordenadas del campamento. “Nos reunimos con M1 y un coronel del Ejército en la gallera de Fundación. Nos lo presentó M1, quien era colaborador de Mancuso y vivía en Barranquilla”.

El testigo añadió que llegaron todos a una finca de “los Gnecco” por Bosconia y que hablaron con el coronel, que les presentó una sección del Ejército con los comandantes. “Se reúne a la gente y nos encontramos a la entrada de La Cristalina. Se mata al dueño de la finca; lo hace Augusto de un machetazo. De ahí nos fuimos a la vereda con el guía. Íbamos como 80 personas”. Una vez allí se enfrentaron con varios guerrilleros que quedaron heridos. Las autodefensas secuestraron a algunas de estas personas, una de las cuales era de la universidad de Barranquilla, y después las asesinaron.

Contratos blindados

Desde luego, una vez la justicia comenzó a rastrear las actividades legales de Darío Laíno Scopetta, lo primero que les llamó la atención fue su empresa Blinco —creada en el año 2000— y descubrieron que se hizo a multimillonarios contratos en la Costa. Por ejemplo, uno con la Gobernación del Cesar en el año 2005, cuando al departamento lo gobernaba Hernando Molina Araújo, ya condenado por sus vínculos con los ‘paras’. El contrato estipulaba el mantenimiento de la Toyota tipo burbuja asignada a su despacho. La justicia siguió indagando, pero a pesar de tener un prontuario tan abultado, en Bogotá siguió pasando de agache.

El Espectador conoció que en diciembre pasado la Embajada de Estados Unidos en Colombia indagó en la Fiscalía por el nombre de Darío Laíno Scopetta. Y lo hizo básicamente porque en ese momento se había abierto una licitación para proveer camionetas blindadas y Blinco intentó participar en ella. Así lo confirmó este diario con fuentes de entera credibilidad de la Fiscalía. Dicho de otro modo, el nuevo capo de las bacrim intentó tener negocios con el gobierno estadounidense. No obstante, alertados por la información que reposaba en Justicia y Paz, su nombre fue descartado.

Su historia está íntimamente ligada con la siniestra modalidad que se inventó Jorge 40 de los llamados distritos electorales, una suerte de repartición de los municipios de Cesar y Magdalena para que los dirigentes políticos que representaran los intereses de las autodefensas salieran elegidos sí o sí, garantizando sus votaciones. Nueve meses después de su desmovilización, el 19 de diciembre de 2006, el Ejército allanó la finca Nueva Roma en San Ángel, Magdalena, una de las retaguardias del Bloque Norte. Allí fueron detenidos la alcaldesa de Algarrobo, Nazly Zambrano, y Darío Laíno Scopetta.

Entre los documentos se descubrió un acuerdo político firmado en el año 2002 por aspirantes al Congreso, con diputados y alcaldes de la región: el llamado Pacto de Magdalena. Allí salieron a relucir los nombres de Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra Sierra —todos condenados—, y otros más. Lo curioso es que Laíno estuvo poco tiempo detenido y no fue indagado por sus nexos con la clase dirigente que corrompió junto con Jorge 40. En junio de 2008, un juzgado de Santa Marta lo dejó libre. Su nombre, aunque seguía apareciendo en las versiones libres de desmovilizados, apenas hace algunos meses empezó realmente a preocupar a las autoridades.

Los organismos de inteligencia lo tienen catalogado no sólo como el heredero de Jorge 40, sino como el hombre que hoy encarna una verdadera amenaza para el Estado por sus alianzas. Sin embargo, cuando El Espectador intentó documentar sus antecedentes y requerimientos judiciales se encontró con que hay una investigación en una fiscalía de Santa Marta por sus pasos en las autodefensas. Muy poco, se diría, para uno de los personajes del que se dice que ya trabó alianzas con Daniel El Loco Barrera.

Con otra particularidad: se investiga si de su séquito de hombres armados salió la orden de asesinar al ganadero Fernando Cepeda Vargas, crimen por el cual está procesada la rectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Silvia Gette Ponce. Es decir, con él se abren nuevos frentes de violencia que hoy documentan las autoridades. Su historia es el epílogo repetido de cientos de empresarios y ganaderos que terminaron tentados por el mundo ilegal y el patrocinio del paramilitarismo. Un frente apenas explorado por la justicia en lo que se ha denominado la ‘paraeconomía’.

En síntesis, todas las fuentes consultadas por El Espectador coinciden en afirmar que Laíno Scopetta ha sido el cerebro del rearme de los desmovilizados de las autodefensas. Tanto temor infunde que muchos ni siquieran han podido rehusarse a su oferta.

El Pacto del Magdalena

Cuando en diciembre del año 2006, un comando del Gaula del Ejército llegó a la finca Nueva Roma en Magdalena, con la intención de acabar la retaguardia paramilitar que quedó tras la desmovilización del Bloque Norte, tres escoltas de Darío Laíno Scopetta abrieron fuego contra los uniformados, pero resultaron muertos en el cruce de disparos. Al formalizar las capturas las autoridades se dieron cuenta de que Laíno tenía un computador portátil con algunos documentos que resumían cómo se había pactado un acuerdo político en el año 2002, firmado por varios candidatos al Congreso y otros dirigentes para repartirse electoralmente el departamento de Magdalena.

Ese día cayeron detenidos la alcaldesa de Algarrobo Nazly Zambrano y Darío Laíno, pero el 27 de junio de 2008 el juez especializado de Santa Marta, Flavio Rojas, absolvió por duda a Darío Laíno y le devolvió la libertad.

En el radar de las autoridades

De los testimonios entregados por desmovilizados del Bloque Norte de las autodefensas, a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se desprende que las actividades ilegales de Darío Laíno Scopetta datan de hace casi 15 años. La Fiscalía busca rastrear los expedientes en los que ha resultado nombrado el hoy llamado jefe de ‘Los Rastrojos’ en Atlántico y Magdalena, una obsesión de las autoridades que pretenden detener la maquinaria criminal de Laíno y sus hombres, la mayoría de ellos excombatientes de las autodefensas que volvieron a sus andanzas.

De hecho, organismos de inteligencia sostienen que ha sido Laíno el gran heredero de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y que a través de las firmas que constituyó legalmente, en sus tiempos de próspero empresario, terminaron colándose los dineros de las mafias paramilitares. Desde hace un tiempo ya el nombre del ganadero figura entre las listas de objetivos de la Fuerza Pública.