Una audiencia para el diálogo y la reparación por los falsos positivos en Dabeiba

“Esta justicia es distinta, porque lo que queremos es sanar y reparar”, dijo la magistrada Rocío Saldaña Montoya durante la primera audiencia dialógica y restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta diligencia se da luego de que, el pasado martes 27 de junio, ocho militares (r) que fueron responsables del asesinato y la desaparición forzada de más de 40 personas en Dabeiba (Antioquia), dieron su testimonio detallado de las acciones violentas que cometieron y ofrecieron perdón a las víctimas.

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El encuentro de este viernes tuvo lugar en Medellín, ciudad dónde miembros del Ejército le arrebataron los proyectos de vida a muchas personas. Con promesas de empleos en municipios como Dabeiba o Ituango, desplazaron a personas sumamente vulnerables, gente sin trabajo, habitantes de calle, jóvenes desescolarizados y pobres que creyeron en una nueva oportunidad. Muchos de sus cuerpos, aún no han sido encontrados.

Durante la diligencia, las víctimas expresaron sus demandas. Son una serie de tareas, obras y actividades con contenido reparador que harán los comparecientes que reconocieron los delitos de guerra cometidos en el marco del conflicto armado. Sin embargo, en caso de que los exmilitares no cumplan los compromisos, tendrán que ir a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP.

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“Lo que hemos escuchado nos ha transformado a todos, las verdades que hemos escuchado han sido muy fuertes y duras”, expresó la magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Nadiezhda Henríquez, durante la audiencia. Su afirmación resulta de los testimonios en los que, durante el encuentro, explicaron el segundo patrón que investiga a JEP respecto al caso de falsos positivos en Antioquia. En este, los militares (r) contaron que, desde un inicio, las ejecuciones extrajudiciales tuvieron ayuda y alianza con paramilitares, pero que al perder ese enlace, tras la desmovilización de más de 4000 militares entre 2003 y 2006, comenzaron a transportar víctimas desde Medellín a los municipios para asesinarlos y presentarlos como bajas en combate.

Para dar testimonio sobre el patrón mencionado, Dora Durango, quien vivió como habitante de calle durante 24 años, y Omaira Montoya, que lo hizo durante 40 años, mencionaron las acciones que las instituciones del Estado y los responsables de los crímenes pueden hacer para reparar el daño causado. “No quisiera pensar que los niños y niñas de tantas mamas angustiadas que conocí y conozco están allá en Dabeiba o Apartadó”, les dijeron a los militares (r). Ellas vieron cómo el Ejército se llevaba a los pelados de la calle, a sus amigos, sus compañeros, no sabían dónde ni a quién preguntarle por ellos, nadie volvía a saber de su paradero.

Con su verdad, las víctimas de falsos positivos desean que sea posible encontrar a las familias de 17 de los 49 cuerpos de personas desaparecidas que habían sido inhumados en el cementerio de Dabeiba, los cuales que corresponderían con las características de habitantes de calle y a quienes el colectivo Madres de La Candelaria adoptó como sus hijos. Ahora exigen que los comparecientes se apropien de la búsqueda, porque son quienes tienen mayor información. ¿De qué forma? Que apoyen la búsqueda con las organizaciones y familias por la información relevante que puedan contar, y así identificar a las víctimas. Proponen, además, campañas en medios e instituciones para visibilizar los hechos ocurridos en el patrón descrito, así como de sensibilización para devolver la humanidad a los habitantes de calle. También exigen acciones de reparación como monumentos, murales y un mausoleo construido por los exmilitares en el municipio antioqueño, conocido como La Puerta del Urabá.

Lea: El costo de ayudar a esclarecer los falsos positivos de Dabeiba

“El verdadero reconocimiento es aceptar la responsabilidad de una voluntad que nace del alma, ayudar, comprender al otro e impedir que esto se vuelva a repetir”, le dijo Mejía a los comparecientes. De esta manera, las víctimas le solicitaron también a la JEP llevar las campañas a escenarios de la ciudad como la Feria de las Flores, las cuales deben interpelar a la ciudadanía, acabar con los estereotipos y estigmas para que las violencias contra las personas habitantes de calle no sigan ocurriendo. Al final, Esneda Correa, víctima presente en la diligencia, tomó la palabra y en su relato y les dijo a los comparecientes: “Hay dos situaciones: nosotros aquí lloramos a nuestros seres queridos y ellos allá (en su hogar) contándoles esa verdad tan cruel a sus familias. Sinceramente, prefiero estar de este lado que tener que cargar con la vergüenza”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

“Esta justicia es distinta, porque lo que queremos es sanar y reparar”, dijo la magistrada Rocío Saldaña Montoya durante la primera audiencia dialógica y restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta diligencia se da luego de que, el pasado martes 27 de junio, ocho militares (r) que fueron responsables del asesinato y la desaparición forzada de más de 40 personas en Dabeiba (Antioquia), dieron su testimonio detallado de las acciones violentas que cometieron y ofrecieron perdón a las víctimas.

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El encuentro de este viernes tuvo lugar en Medellín, ciudad dónde miembros del Ejército le arrebataron los proyectos de vida a muchas personas. Con promesas de empleos en municipios como Dabeiba o Ituango, desplazaron a personas sumamente vulnerables, gente sin trabajo, habitantes de calle, jóvenes desescolarizados y pobres que creyeron en una nueva oportunidad. Muchos de sus cuerpos, aún no han sido encontrados.

Durante la diligencia, las víctimas expresaron sus demandas. Son una serie de tareas, obras y actividades con contenido reparador que harán los comparecientes que reconocieron los delitos de guerra cometidos en el marco del conflicto armado. Sin embargo, en caso de que los exmilitares no cumplan los compromisos, tendrán que ir a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP.

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“Lo que hemos escuchado nos ha transformado a todos, las verdades que hemos escuchado han sido muy fuertes y duras”, expresó la magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Nadiezhda Henríquez, durante la audiencia. Su afirmación resulta de los testimonios en los que, durante el encuentro, explicaron el segundo patrón que investiga a JEP respecto al caso de falsos positivos en Antioquia. En este, los militares (r) contaron que, desde un inicio, las ejecuciones extrajudiciales tuvieron ayuda y alianza con paramilitares, pero que al perder ese enlace, tras la desmovilización de más de 4000 militares entre 2003 y 2006, comenzaron a transportar víctimas desde Medellín a los municipios para asesinarlos y presentarlos como bajas en combate.

Para dar testimonio sobre el patrón mencionado, Dora Durango, quien vivió como habitante de calle durante 24 años, y Omaira Montoya, que lo hizo durante 40 años, mencionaron las acciones que las instituciones del Estado y los responsables de los crímenes pueden hacer para reparar el daño causado. “No quisiera pensar que los niños y niñas de tantas mamas angustiadas que conocí y conozco están allá en Dabeiba o Apartadó”, les dijeron a los militares (r). Ellas vieron cómo el Ejército se llevaba a los pelados de la calle, a sus amigos, sus compañeros, no sabían dónde ni a quién preguntarle por ellos, nadie volvía a saber de su paradero.

Con su verdad, las víctimas de falsos positivos desean que sea posible encontrar a las familias de 17 de los 49 cuerpos de personas desaparecidas que habían sido inhumados en el cementerio de Dabeiba, los cuales que corresponderían con las características de habitantes de calle y a quienes el colectivo Madres de La Candelaria adoptó como sus hijos. Ahora exigen que los comparecientes se apropien de la búsqueda, porque son quienes tienen mayor información. ¿De qué forma? Que apoyen la búsqueda con las organizaciones y familias por la información relevante que puedan contar, y así identificar a las víctimas. Proponen, además, campañas en medios e instituciones para visibilizar los hechos ocurridos en el patrón descrito, así como de sensibilización para devolver la humanidad a los habitantes de calle. También exigen acciones de reparación como monumentos, murales y un mausoleo construido por los exmilitares en el municipio antioqueño, conocido como La Puerta del Urabá.

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“El verdadero reconocimiento es aceptar la responsabilidad de una voluntad que nace del alma, ayudar, comprender al otro e impedir que esto se vuelva a repetir”, le dijo Mejía a los comparecientes. De esta manera, las víctimas le solicitaron también a la JEP llevar las campañas a escenarios de la ciudad como la Feria de las Flores, las cuales deben interpelar a la ciudadanía, acabar con los estereotipos y estigmas para que las violencias contra las personas habitantes de calle no sigan ocurriendo. Al final, Esneda Correa, víctima presente en la diligencia, tomó la palabra y en su relato y les dijo a los comparecientes: “Hay dos situaciones: nosotros aquí lloramos a nuestros seres queridos y ellos allá (en su hogar) contándoles esa verdad tan cruel a sus familias. Sinceramente, prefiero estar de este lado que tener que cargar con la vergüenza”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.