El fallo histórico a favor de comunidad caucana azotada por la guerra y el narcotráfico

La hacienda Pílamo, de 920 hectáreas, ubicada en el municipio de Guachené (Cauca), acaba de ser restituida al Consejo Comunitario Comunidad Negra de Pílamo El Palenque. Un juzgado especializado en restitución de tierras de Cali tomó esta decisión, luego de que la propia comunidad solicitara la devolución de este extenso terreno, del cual tuvo que ir abandonando paulatinamente en las últimas tres décadas por distintos grupos criminales. Entre ellos los paramilitares del bloque Calima, el sexto frente de la guerrilla de las Farc y el cartel de Cali, que durante los años noventa tenía pistas clandestinas para sacar cocaína desde el terreno del consejo comunitario.

La hacienda Pílamo, de 920 hectáreas, ubicada en el municipio de Guachené (Cauca), acaba de ser restituida al Consejo Comunitario Comunidad Negra de Pílamo El Palenque. Un juzgado especializado en restitución de tierras de Cali tomó esta decisión, luego de que la propia comunidad solicitara la devolución de este extenso terreno, del cual tuvo que ir abandonando paulatinamente en las últimas tres décadas por distintos grupos criminales. Entre ellos los paramilitares del bloque Calima, el sexto frente de la guerrilla de las Farc y el cartel de Cali, que durante los años noventa tenía pistas clandestinas para sacar cocaína desde el terreno del consejo comunitario.

En un fallo de 169 páginas, el juzgado recogió las graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a la comunidad, incluyendo las más recientes que están relacionadas con la incursión de bandas criminales interesadas en la extracción ilícita de oro. Las olas de violencia han generado el desplazamiento forzado del 96 % de sus miembros, es decir, 266 personas, un asunto que para el juzgado del caso también generó que proyectos mineros avanzaran sin que consultara previamente a las comunidades, ya que no tuvieron acceso a la información sobre la explotación minera.

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“El derecho de consulta previa en caso de exploración o explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal fue violado, porque las amenazas y el ambiente de violencia y zozobra sobre el territorio impiden actuar con libertad, requisito exigido por la Corte Constitucional. La libertad y el acceso a la información son requisitos imprescindibles que deben ser garantizados so pena de que la consulta previa sea anulada”, señaló el juzgado. Además, la instancia judicial les exigió al Ministerio del Interior y a las agencias Nacional de Minería y la de Licencias Ambientales para que se respete este derecho a la consulta previa “en relación con los títulos mineros en los cuales no se hayan empleado”.

La sentencia también tiene órdenes para la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General. La primera entidad, “de manera perentoria”, tendrá que adoptar medidas para garantizar la seguridad de los miembros del consejo comunitario y la instalación de vallas publicitarias en sitios estratégicos del territorio que contenga información alusiva al territorio restituido. El ente investigador, por su parte, tendrá que iniciar, “de inmediato”, las investigaciones para determinar quiénes fueron los principales victimarios de esta comunidad y reportar trimestralmente en qué van esas averiguaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos recogidas en el fallo.

Las olas de violencia

El juzgado de restitución de tierras identificó tres momentos claves. El primero fue en 1992, cuando el cartel de Cali citó a tres líderes del consejo comunitario y les ordenaron retirar a la comunidad del territorio, en donde estaba funcionando una pista aérea clandestina, por donde sacaban toneladas de cocaína con destino a Centroamérica. La segunda se presentó en 1998, cuando ingresó el sexto frente de la guerrilla de las Farc y robó varias cabezas de ganado de la comunidad. Ese mismo año fue desaparecido forzadamente, por un grupo sin identificar, Jairton Aponzá, miembro de la comunidad que jugaba fútbol de manera profesional.

En esta segunda ola de violencia se presentaron otros dos graves hechos: la amenaza por parte de los paramilitares del bloque Calima contra un importante líder del consejo comunitario (octubre de 2000) y la masacre de seis personas y la desaparición de otras ocho por parte del mismo grupo criminal (febrero de 2001). La última ola de violencia, dice el juzgado, inició con una suerte de fiebre de oro a partir de 2009, generada por el incentivo económico de grandes compañías mineras para explorar el metal en el norte del departamento del Cauca.

Aunque la sentencia habla sobre licencias que habría obtenido una gran multinacional de oro, Anglo Gold Ashanti, al parecer en territorio de comunidades negras sin titulación, el mayor inconveniente surgió con la minería criminal. “Mineros ilegales han intervenido en el territorio de Pílamo para explotar oro desde 2014. Este nuevo escenario de violencia ha restringido el acceso al territorio (...) Los grupos armados en este momento de la historia son muy difusos, es difícil poder saber si obedecen a una estructura militar superior, si hay alguna orientación política o ideológica”, señaló el juzgado especializado en restitución de tierras de Cali.

Por lo pronto, además de que las autoridades deberán sanear el terreno en materia de titulación de la hacienda Pílamo, la Unidad de Restitución de Tierras tendrá que concertar con la comunidad un evento público para que se haga entrega simbólica del territorio, que estuvo y sigue estando en medio de la guerra y a la que ahora, tres décadas después, su comunidad podrá regresar.