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Diber Torres lleva 16 años resolviendo los conflictos de su comunidad en la vereda Barranquillita de Chigorodó (Antioquia) como inspector rural. No tiene horario, pero habla de su oficio con orgullo, porque lo llena de satisfacción. Recuerda, por ejemplo, cuando logró que un agricultor no demandara a un ganadero vecino. A sus fincas los separaba un río y, en una sequía, los animales cruzaron el límite del predio y se comieron todo el sembrado del vecino. Él fue al lugar y logró que llegaran a un acuerdo. Sin embargo, hay un tema que lo frustra: no saber cómo dar solución a problemas de tenencia de tierras. “¿Tengo las herramientas o el entrenamiento para eso? No”, dice.
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Por eso este jueves está en Apartadó, a unos 30 kilómetros del municipio en el que vive. Hace parte de las decenas de conciliadores e inspectores que recibirán una capacitación en cómo solucionar ellos mismos los conflictos sobre tierras, organizada por la Agencia Estadounidense para la Cooperación Internacional (Usaid) y el Ministerio de Justicia, que la llamaron: caja de herramientas de mecanismos de resolución de conflictos sobre el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra. Diber Torres tiene claro lo que espera aprender del espacio. “Recibir una orientación de cómo enseñarles a los campesinos a reclamar sus derechos”, asegura.
Muchas personas que viven en las parcelas que conforman su corregimiento tuvieron que salir de allí por la violencia que azotó al Urabá hace años. Ahora, cuando llegan a la oficina de Diber Torres buscando cómo aclarar problemas de su propiedad, él les contesta que tienen que ir a entidades como la Unidad de Restitución de Tierras o la Agencia Nacional de Tierras (ANT). “Yo no me comprometo a decirle que haga esto y lo otro, porque no tengo el conocimiento”, reconoce, pero le gustaría hacer más. Precisamente, la iniciativa del Ministerio y Usaid pretende impulsar la labor que hacen personas como él en sus comunidades, a partir de las necesidades que identificaron.
Por ejemplo, tras hacer un barrido por los registros prediales de cinco municipios del país encontraron 1.000 conflictos por tierras: El 32% de ellos estaban asociados a problemas de linderos entre vecinos, 29% a compraventas y, en tercer lugar estaban las sucesiones entre familias. En todos estos conflictos puede intervenir un conciliador, un inspector o un juez de paz, y no tienen que escalar hasta la justicia ordinaria, que tomaría mucho más tiempo en darles solución. “Los problemas de posesión son con los jueces ordinarios, pero si llegan a un acuerdo entre las partes, nosotros podemos incidir”, explica Rivelino Medina, juez de paz de Chigorodó.
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Medina cuenta que, en su municipio, durante todo 2022, se solicitaron 870 conciliaciones, de los cuales 537 casos terminaron en conciliación. De estos casos resueltos, 33 tenían que ver con temas de tierras, como diferencias en los linderos o perturbación a la propiedad. Estos últimos son de los que más satisfacción le producen a él resolver. “Cuando uno llega a veces quieren darse hasta machete y ya después se arreglan, se dan la mano. Eso es satisfactorio para el trabajo de un juez de paz”, cuenta. Medina fue de los primeros conciliadores en recibir la capacitación, como parte de un piloto, y ahora está en Apartadó contándoles a otros colegas cómo fue la experiencia.
“Todos los vacíos que uno tenía antes de la caja, la caja de herramientas los llena. Por ejemplo, en resolución de caminos vecinales, nos dice cuáles son los tipos de camino, cuáles son los derechos de la comunidad para pasar por ahí”, explica sobre algunas de las cosas que aprendió. “Ese tipo de problemas no tienen que llegar hasta dos instancias, o tres, convirtiéndose en un debate jurídico, en el que usted deja de hablarle al vecino. No, es un problema de reconocernos con el otro y construirnos como sociedad”, comenta la viceministra para la Promoción de Justicia, Jhoana Delgado, una de las cabezas de la iniciativa.
Uno de los objetivos del programa es, precisamente, dotar de herramientas a quienes pueden resolver conflictos de tierras en sus comunidades, pues este tipo de líos han estado históricamente relacionados con la violencia en Colombia. Así, espera evitar que esas diferencias escalen y se vuelvan en expresiones violentas. “Aquí lo importante es el día a día de los conflictos cotidianos”, añade Delgado. En medio de la conferencia surgió la idea, incluso, de articular estos métodos de conciliación con la jurisdicción rural y agraria que pretende crear el Gobierno. Aunque Delgado no lo descarta, advierte que ese proyecto de reforma constitucional aún está en sus primeras fases.
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A pesar de la satisfacción que les da, los desafíos que enfrentan conciliadores, jueces de paz e inspectores, no son pocos. Carmenza Álvarez, que ha sido conciliadora en Turbo (Antioquia) desde 2004, explica, por ejemplo, que en su municipio hay 25 personas nombradas para ejercer esa labor, pero en la práctica solo lo hacen tres. “Unos porque pensaron que era una oportunidad laboral y esto es un trabajo voluntario, otros porque vieron que no era lo de ellos y otros más porque se desgastaron, pues no vieron un real acompañamiento en la administración municipal. Y uno como ciudadanía que le está aportando al municipio, también se pregunta: ¿por qué no se ponen las pilas?”, asegura.
La viceministra Delgado considera que esta labor debería seguir siendo voluntaria. Sin embargo, dice que el Ministerio ha venido trabajando en construir una red de incentivos para los conciliadores, “por ejemplo, en el acceso a créditos, a soluciones de vivienda digna, y en eso sí podemos trabajar y estamos articulándolo con otras carteras”, añade la funcionaria. Entretanto, Álvarez celebra que les den capacitaciones como la que comenzó, para que su labor tenga fundamentos más sólidos. Torres piensa igual y cree que, en últimas, lo que escuchó en la formación le servirá en la cita que tiene más tarde, en una vereda cercana, para solucionar un conflicto de tierras.
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