Una negociación encaletada

Las autoridades colombianas tienen claro que, después de los carteles de Medellín y de Cali, ningún otro ha lavado tantos dólares ni exportado tanta droga como el que lideraba Luis Agustín Caicedo Velandia. Detenido en Buenos Aires en abril de 2010, a Caicedo Velandia lo esperaban un tribunal de Florida y otro de Nueva York con cargos que, como bien lo anotó el Centro de Información Judicial argentino, podían representarle una condena entre los 20 años y la pena máxima. Pero en Florida, donde tuvo lugar el primer juicio, Caicedo Velandia resultó con una pena de 10 años en prisión.

Los hermanos Rodríguez Orejuela, como Caicedo, también negociaron con las autoridades de Estados Unidos, pero fueron sentenciados a 30 años de prisión. Lo que jugó a favor de Caicedo fue un hecho sin precedentes: la entrega de una cuantiosa suma de dinero, como lo reveló este diario en su edición del pasado 6 de mayo. El Espectador confirmó que la cantidad exacta entregada por el capo, a quien las autoridades identificaron como el jefe de Daniel El Loco Barrera, fue de US$80’828.970 y €16’999.900. Es decir, unos $184 mil millones.

En julio de 2010 Caicedo fue extraditado a EE.UU. y de inmediato empezó a negociar con la agencia de aduanas de ese país (Immigration and Customs Office, ICE). El 25 de agosto de ese año la Fiscalía ya estaba incautando la primera cantidad: US$11’995.450 (cerca de $21 mil millones), en un parqueadero público, dentro de un Volkswagen Jetta, guardados en ocho cajas de cartón. Según el administrador del lugar, hacia las 7:30 a.m. de ese día una mujer había dejado el carro allí. La describió trigueña, de unos 25 años, 1,68 de estatura, que usaba gorro de lana y una ruana. Ubicó el auto, preguntó el costo de la hora de parqueo y se fue.

La segunda incautación ocurrió seis días más tarde, en otro parqueadero, dentro de dos cajas de cartón y dos maletas negras ocultas en un Hyundai rojo: US$15’993.950 (unos $29 mil millones). El carro lo dejó una mujer de unos 30 años, delgada y de cabello corto. El 13 de septiembre de 2010, en el occidente de Bogotá, apareció la tercera suma de dinero: US$23’942.010 (cerca de $43 mil millones). La dinámica fue igual: en un parqueadero, dentro de un vehículo marca Kia, en el interior de una maleta color negro y otra morada con estampado de flores. El vehículo lo había dejado un hombre delgado, de 1,70 metros y forma de vestir “conservadora”.

El 4 de octubre de 2010 se halló la última caleta, pero en un local cuya puerta tenía pasador y candado. Una vez forzada la entrada, en el baño había 13 cajas de cartón selladas con cinta transparente que fueron enviadas a la Dijín para verificar su contenido. Dentro de ellas se encontraron US$28’897.560 (aproximadamente $52 mil millones) y €16’999.900 (unos $39 mil millones). La información de cada una de las caletas había sido suministrada a la Fiscalía a través de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que, a su vez, había recibido los datos de una fuente humana.

La Fiscalía, sin embargo, ignoraba que Caicedo Velandia era la fuente. En noviembre de 2010 el caso quedó a cargo de un despacho de la Unidad de Lavado de Activos, que en febrero del año siguiente publicó los edictos correspondientes en diarios nacionales para que quienes tuvieran derechos sobre los dineros incautados pudieran ejercerlos. Pero nadie apareció en los plazos legales, y en marzo de 2011 un juez determinó la extinción del derecho de dominio sobre la plata. Es decir, nadie más que el Estado colombiano podía reclamar los $184 mil millones encontrados.

La Fiscalía ignoraba que, para ese entonces, ante una corte de Florida, el capo Luis Agustín Caicedo Velandia negociaba su pena a cambio de delatar la ubicación de parte de su ilícita fortuna. Y fue su hermano, Juan Francisco Caicedo Velandia, quien se acercó al ente investigador. Se presentó el 13 de diciembre de 2010 y buscaba los beneficios de la Ley 1330 de 2009, esa que reza que quien entregue bienes obtenidos irregularmente tendrá derecho a un porcentaje que va desde el 0,1% hasta el 5% del valor total de lo entregado, según lo determine un juez.

Juan Francisco Caicedo reclamó que la Fiscalía era negligente, pero la Corte Suprema, que recibió el expediente, le dio la razón a la Fiscalía: los dueños del dinero no habían hecho las gestiones para reclamarlo a tiempo. La Fiscalía señaló que era inexplicable que se hubieran entregado tantas divisas sin que nadie hubiera asesorado a su dueño y los “dineros calientes” fueron enviados al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

María Mercedes Perry, liquidadora de la DNE, le confirmó a este diario que la plata está “en proceso de monetización”: su autenticidad está siendo verificada por el Banco Federal de EE.UU. y el Banco Central de Europa. “Una vez se monetice este dinero, se definirá la destinación definitiva del mismo”, señaló la funcionaria. Mientras tanto, el capo Luis Agustín Caicedo Velandia paga su pena desde hace dos años en la cárcel de Pinellas County (Florida), a la espera de que el proceso que hay en su contra en Nueva York se acabe pronto y contando con que, en seis años, el hombre que dirigió el cartel de drogas más grande de los últimos 15 años estará de nuevo libre.