Una victoria para las víctimas de la masacre de Marinilla: por fin habrá reparación

La familia Giraldo Henao, de Marinilla (Antioquia), acaba de obtener una importante victoria en la Corte Suprema de Justicia, tras 23 años en un proceso judicial para ser reconocidos como víctimas de una masacre en su municipio, donde perdieron a dos de sus familiares a manos de los paramilitares. Aunque el alto tribunal les dio luz verde a más pretensiones de las que les había otorgado la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín dentro del mismo caso, la familia no consiguió todo lo que aspiraba, porque no lograron demostrar, con documentos, todo el sufrimiento que les produjo la tortura y el asesinato de sus familiares.

La familia Giraldo Henao, de Marinilla (Antioquia), acaba de obtener una importante victoria en la Corte Suprema de Justicia, tras 23 años en un proceso judicial para ser reconocidos como víctimas de una masacre en su municipio, donde perdieron a dos de sus familiares a manos de los paramilitares. Aunque el alto tribunal les dio luz verde a más pretensiones de las que les había otorgado la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín dentro del mismo caso, la familia no consiguió todo lo que aspiraba, porque no lograron demostrar, con documentos, todo el sufrimiento que les produjo la tortura y el asesinato de sus familiares.

El 31 de mayo de 2001, a la familia Giraldo Henao le arrebataron a dos de sus miembros, que eran su bastón principal. En la mañana de ese jueves, un grupo de 35 paras del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo las órdenes de Daniel Romero, alias Tayson, quebraron a la familia. María Fátima e Ignacio Giraldo Henao fueron torturados y asesinados tras haber sido señalados como integrantes y colaboradores de la guerrilla. Los hermanos fueron dos de las nueve víctimas de ese trágico día que dejó el paso del sangriento bloque paramilitar, uno de los más poderosos y temidos de Antioquia.

El Bloque Metro, creado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño y por Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, quien lo comandó desde 1997, dejó a su paso muertes, desplazamiento y violencia, de la cual fue víctima la familia Giraldo Henao. El grupo, considerado disidente de las AUC por no querer financiarse a través del narcotráfico, fue disuelto tras el asesinato de Doble Cero en 2004 y algunos de sus integrantes, incluyendo a quienes participaron en la masacre de Marinilla, se sometieron a Justicia y Paz. En esa jurisdicción comenzó el litigio de la familia contra Fortunato de Jesús Duque Gómez (alias René) y Rómulo David Gutiérrez (alias El Diablo).

Los dos paras, que ese 31 de mayo seguían las órdenes de alias Tayson, reconocieron ante la justicia su participación en varias acciones de las AUC, incluida la masacre de Marinilla. En 2011, una década después de los hechos, inició el proceso de la familia para ser reconocida víctima dentro del caso contra René y el Diablo. Los exparamilitares reconocieron que ese día los hermanos María Fátima e Ignacio de Jesús fueron sacados de su casa y lugar de trabajo y llevados a las afueras de la escuela de la vereda. En el lugar, donde había al menos 200 personas celebrando una misa, los hermanos Giraldo Henao y otras siete personas fueron ultimadas a la vista de todos.

Con la masacre, la familia Giraldo Henao fue desplazada y cayó en la pobreza, pues, aunque había otros hermanos, María Fátima e Ignacio de Jesús eran quienes más aportaban económicamente para mantener a sus padres, explicó la familia. Además, padres, hermanos, hijos y sobrinos de las víctimas dejaron todo lo material y solo se llevaron el dolor y el trauma que les causó ver morir a sus familiares frente a todo el pueblo. Tras 10 años de espera, en 2021, finalmente la Sala de Justicia y Paz falló a favor de la familia, pero con medidas que, para los Giraldo Henao, se quedaban cortas y no llegaban a satisfacer todo lo que perdieron ese trágico día a manos del Bloque Metro.

Ignacio Giraldo e Irene Henao, padres de los hermanos asesinados, dependían económicamente de sus hijos. Por ello, pidieron que les reconociera el lucro cesante; es decir, que con la muerte de María Fátima e Ignacio de Jesús, ellos perdieron el apoyo fundamental para vivir. Esta versión la sustentaron las declaraciones de Luz Marina y Mariela de Jesús Henao, tías de las víctimas, quienes ante Justicia y Paz dijeron que “los hijos asesinados trabajaban y contribuían al hogar y al sostenimiento de la familia, debido a que sus padres no tenían suficientes ingresos”.

Por otra parte, los cuatro hermanos de los asesinados (Marino de Jesús, María Ligia, Alba Mery y María de los Ángeles), al igual que Fredy Ancízar (hijo de María Fátima), y Yuleidy Giraldo Henao, sobrino de las dos personas asesinadas, pedían ser indemnizados por daño moral. Según dijeron, el asesinato de sus familiares les dejó secuelas psicológicas; además, tras la masacre y el desplazamiento, la familia se desmoronó, pues las víctimas eran pilares fundamentales en la convivencia que se deterioró tras el ataque. Por último, la familia le pidió a la justicia que los incluyeran a todos en las medidas de restitución, pues solo a los padres se les había otorgado.

Aunque las peticiones estaban sustentadas con los registros civiles que demostraban la cercanía entre todos ellos y los hermanos víctimas, Justicia y Paz dijo que no había documentación suficiente que permitiera probar el daño sufrido por toda la familia para poder otorgarles los beneficios. Y tampoco les reconoció el daño a la salud —incluida la salud mental—, pues, a consideración de la justicia, a pesar de la masacre “no se acreditó mediante elemento probatorio las secuelas, tratamientos o enfermedades desarrolladas por el hecho delictivo; solo se observa el dolor, la tristeza y la aflicción”.

Con esa decisión, la representación de la familia Henao Giraldo apeló el caso y lo llevó hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para el alto tribunal, la Sala de Justicia y Paz acertó en la mayoría de decisiones, pues dijo que no había soporte suficiente que en cuanto a los derechos de lucro cesante de los padres y el daño moral a los hermanos, sobrinos e hijos. Sin embargo, cambió la primera sentencia y todos los miembros de la familia fueron cobijados con medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción, así como de reparación colectiva. Algunas de estas medidas que les otorgó el alto tribunal incluyen que se les brinde atención psicológica, cupos en centros educativos y actos de disculpas de los paramilitares, entre otros.

Aun así, para la familia, el largo litigio ha resultado, hasta ahora, infructuoso. Este diario se comunicó con los Henao Giraldo tras conocer la decisión de la Corte Suprema, pero guardaron silencio. Sin embargo, cercanos al núcleo familiar relataron cómo ha sido su vida desde el trágico hecho. “Después de la masacre, ellos tuvieron un acompañamiento de capacitaciones, charlas y otras acciones. De cierta manera, estuvieron acompañados el primer año, según contaban. Pero ya luego se fueron olvidando de ellos, la gente desplazada no quería volver a sus tierras, fue un proceso de mucho dolor y abandono por parte del Estado”, dijo una fuente que ha acompañado a la familia en las últimas dos décadas, pero pidió reservar su identidad.

“La mayoría de las víctimas no fueron reparadas, no recibieron dinero ni nada por las muertes de sus familiares”, agregó la fuente que habló con este diario. Con la medida ordenada por la Corte, el caso regresó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. La familia que abandonó la vereda Salto Arriba después de la masacre permanece sobreviviendo en el casco urbano de Marinilla. Quienes los han acompañado en estos más de 20 años aseguraron que los Henao Giraldo “vendieron lo poco que les quedaba allá” y que “es una familia que sufre muchísimo y es muy pobre”. A pesar de su victoria en los estrados judiciales, es posible que nunca accedan a algunas de las medidas que ganaron, pues no contemplan regresar a la vereda Salto Arriba por el dolor y el trauma que les dejó la tragedia.