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La Contraloría General reveló presuntas irregularidades por cerca de $5 billones en contratos realizados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desde 2020. Esta cifra fue entregada por la entidad luego de analizar los contratos realizados por la Unidad en los últimos cuatro años, es decir, durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. Particularmente, en cuanto a la contratación de carrotanques informaron que existió un incremento del costo de aproximadamente 700% en 2024, sin embargo, afirmaron que existirían irregularidades en varios casos de contratación y ejecución de recursos públicos, los cuales incluyen proyectos como las ollas comunitarias.
Respecto a la contratación de carrotanques, la Contraloría identificó que pareciera estar concentrada “de forma atípica” en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá. Además, informaron que este proyecto habría tenido un aumento presupuestal de $37.5 mil millones durante este año. Para el ente de control llama la atención que la contratación de la UNGRD, en esta área, esté focalizada en tan solo tres empresas, aun cuando estas habrían presentado incumplimientos, sobrecostos y violación a los contratos.
Por este motivo, el contralor general Carlos Mario Zuluaga declaró de impacto nacional los hechos que generaron este incremento en la contratación e investigará la presunta perdida de más de $80 mil millones. Esta cifra comprende los sobrecostos, ejecución y funcionalidad de los proyectos de suministro de agua en todo el país. También se compulsarán copias a la Fiscalía, por posibles delitos contra la administración pública y a la Procuraduría por presuntas faltas disciplinarias.
Por otra parte, la Contraloría encontró que habría posibles irregularidades en 31 contratos relacionados con el programa “Hambre Cero” u ollas comunitarias, con una cifra que asciende a los $131.812 millones. Los contratos fueron entregados durante 2023, por Olmedo López, exdirector de la UNGRD y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, para atender a los damnificados por el fenómeno de La Niña, según el ente de control. Sin embargo, presuntamente fueron otorgados a empresas sin personería jurídica, sin experiencia o cuya actividad no tenía relación con lo contratado. Estos documentos también fueron declarados de impacto nacional.
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