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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación penal contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. El expediente tiene su origen en el escándalo de corrupción del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el cual están salpicados por presunta corrupción.
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De acuerdo con la alta corte, los congresistas Name y Calle serán investigados por los delitos de cohecho (soborno) y peculado por apropiación en favor de terceros. Desde la etapa inicial, la Sala de Instrucción estableció que ambos habrían intervenido en irregularidades para la adjudicación de contratos de la Ungrd. Entre los más conocidos el de los 40 carrotanques que, se suponía, iban a abastecer de agua a la niñez en La Guajira y que permanecen parqueados.
“Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad, Sneyder Pinilla Álvarez. Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”, explicó la Corte Suprema en un comunicado de prensa.
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Asimismo, la Sala de Instrucción puso de presente que indagara si el dinero presuntamente recibido por los congresistas fue destinado a la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales, que se desarrollaron en octubre del año pasado. La apertura de investigación está basada en información recaudada por policía judicial y testimonios practicados por la misma Corte y otros suministrados por la Fiscalía.
A partir de ahora, Name y Calle serán citados a indagatoria para conocer su versión con respecto a la pesquisa y, además, la Sala de Instrucción dio ordenes a policía judicial para la práctica de otras pruebas, la cuales no fueron detalladas por ahora. Así las cosas, ambos fueron vinculados a una investigación penal formalmente y será la alta corte la que delimite si deben ir a juicio o si la investigación queda cerrada con base a pruebas que determinen su inocencia.
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Desde principio de año, Sneyder Pinilla, en medios de comunicación, reveló que el contrato para la compra de carrotanques de abastecimiento de agua para La Guajira, y que tuvo sobrecostos por más de $20.000 millones, fue utilizado para engrosar los bolsillos de altos funcionarios públicos. En este caso, $3.000 millones para Iván Name, entonces presidente del Senado, y en $1.000 millones paran Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara.
Dichas entregas, según el relato de Pinilla, se llevaron a cabo entre septiembre y octubre del año pasado, después de varias reuniones que, manifiesta, se llevaron a cabo con Olmedo López, exdirector de la Ungrd. Además, que en los encuentros habría participado el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. ¿El propósito? Al parecer, lograr una ayuda para gestionar las iniciativas de gobierno en el Congreso.
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Name ha rechazado enfáticamente los señalamientos en su contra. En mayo pasado, publicó un comunicado de prensa en el que dijo lo siguiente: “Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad”.
Por su parte, Calle, en entrevista otorgada a Telecafé, explicó que “estamos ante el desafío de una infamia. Independientemente de que representa a un sector del Gobierno, es la infamia de unos personajes que se vieron al descubierto y nosotros asumiremos una posición de defensa ante nuestro juez natural, que es la Corte Suprema”.
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