Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Carlos Ramón González, jefe de la Director Nacional de Inteligencia (DNI); Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, serán investigados preliminarmente por la Fiscalía, por su presunta participación en la supuesta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Las declaraciones que dio Olmedo López, exdirector de la entidad, a la Corte Suprema de Justicia y las pruebas que ha encontrado la Fiscalía en medio de la investigación que adelanta, han resultado en la exposición de nombres de congresistas que ya están bajo la lupa del alto tribunal, y también los de estos cuatro altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro.
Desde que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, dieron a conocer públicamente la existencia de un presunto entramado de corrupción al interior de la Unidad, se supo que, al aparecer, dentro de ese engranaje habría ministros, congresistas, personas cercanas al presidente Petro y más funcionarios dentro de la misma entidad. Sin embargo, recientemente, se conoció que el exdirector de la Unidad habló en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y aseguró que las órdenes de direccionar contratos para comprar votos de congresistas para que apoyaran las iniciativas gubernamentales, venían directamente desde los ministros.
Específicamente, López se refirió al ministro de Hacienda, el exministro del Interior y el director de la DNI. Según la versión que le entregó a la Corte, fueron ellos tres quienes lideraron las supuestas reuniones en las que se impartieron las órdenes para entregar los contratos a congresistas a cambio de sus votos. Lo dicho por el exdirector de la Ungrd, daría cuenta de que en la Casa de Nariño, aunque sin la participación del presidente Petro, se adelantaron encuentros en los que los ministros le daban las órdenes a López de entregar millonarios contratos a dedo.
Según su relato, sería el Ministerio de Hacienda, manejado por Bonilla, uno de los que mayor participación habría tenido en el entramado. Sería el propio ministro, de acuerdo con el testimonio entregado a la Corte Suprema, quien determinaba qué contratos se repartían, a quién iban destinados y sobre cuáles municipios. “Es una cadena que va desde lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e, inclusive, hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”, le dijo el exfuncionario al alto tribunal.
Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, como reveló Noticias Caracol, Olmedo López también explicó que en las reuniones para presuntamente gestionar a dedo los contratos estaba presente Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Según le dijo a la Corte, la manera en la que funcionaban los engranajes de esa supuesta red de corrupción del más alto nivel era viendo qué cantidad de votos hacían falta en una comisión para aprobar una iniciativa y así mismo asegurar el apoyo de legisladores con contratos. Velasco, para ese momento, era el funcionario de gobierno encargado de concertar las iniciativas legislativas en el Congreso.
Por su parte, Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, presentó su renuncia a la entidad que dirigía en mayo pasado, luego de que Sneyder Pinilla la señalara de servir como “emisaria” con Iván Name. Todo ello para la supuesta entrega de $3.000 millones para que el entonces presidente del Senado, presuntamente, apoyara la agenda legislativa del gobierno priorizando los proyectos petristas en el orden del día. Ortiz, en su momento, explicó que salía del puesto con “tranquilidad de mi buen actuar”.
Este 18 de julio, de otro lado, la Presidencia confirmó que se perdieron datos de dos computadores asignados a la Consejería para las Regiones, cuando Sandra estaba a cargo de la entidad. El alto gobierno informó que los dos computadores incompletos se hallaron “uno sin disco duro y otro sin memoria asignados a contratistas del equipo de esta dependencia”. Ahora, la Fiscalía indagará en la presunta responsabilidad de la política en este escándalo de corrupción.
Sobre Carlos Ramón González, director nacional de Inteligencia y antiguo director del Departamento Administrativo de Presidencia, Olmedo López ha sostenido que estaba al tanto de todos los movimientos corruptos. En febrero pasado salió del cargo, del denominado “computador de Palacio”, para darle paso a Laura Sarabia, otra de los alfiles del gobierno nacional. Desde entonces, González está a cargo de la inteligencia del país, la cual ha recibido duras críticas luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez alertara por supuestas chuzadas, situación que González ha negado.
Asimismo, el exfuncionario de la Unidad ha dicho que hubo al menos nueve congresistas que se habrían visto beneficiados de los contratos corruptos de la entidad. Según se ha encontrado en las averiguaciones del ente investigador y del alto tribunal, estos legisladores serían Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Karen Astrith Manrique Olarte (Citrep), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).
Lo cierto, por ahora, es que la Fiscalía tiene lista la imputación en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla. La audiencia en la que el ente investigador los vinculará formalmente al proceso se llevará a cabo el próximo jueves 25 de julio. Los dos exdirectivos de la Ungrd vienen negociando con la justicia para obtener beneficios, de hecho, se habla de que ambos ya tendrían asegurado un preacuerdo por la información que le han entregado a la Fiscalía sobre los presuntos hechos de corrupción que ocurrieron en el año que López estuvo al frente de la entidad.
Sobre los señalamientos que se han hecho en contra del ministro Bonilla, el presidente Petro, en su discurso de la noche de este jueves desde Buenaventura, dijo que “el ministro de Hacienda es un ministro honesto. No es un hombre rico. No tiene dineros. No privatiza en su favor. No entrega Isagen a un solo contratista como hicieron en el pasado. No hace negocios para los ricos. Esto lo vamos a defender”.
El jefe de Estado también manifestó que “apenas supe del robo de Olmedo, lo eché y al echarlo no pueden decirnos que salió un peso perdido para parlamentarios, muchísimo menos para el ELN. Podemos decir con muchísimo orgullo que estamos recuperando la plata pérdida que se robaron, peso por peso. Y le pido a la fiscal que esos procesos garanticen que el señor Olmedo y el señor Sneyder entreguen hasta el último peso que se robaron porque eso es lo que demanda la víctima que es el pueblo. Cuando están acorralando gente honesta, tengo que defenderla. Y tengo que decir que el ministro de Hacienda no se han robado un peso. Los contratos de los que hablan ni siquiera fueron firmados”.
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