El pasado 23 de julio, en un retén militar en la vía que conduce de Medellín al municipio de Anorí (Antioquia), fueron capturados siete disidentes del Estado Mayor Central (EMC) que se movilizaban de forma irregular en vehículos del esquema de seguridad, proveído por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Entre los ocupantes se encontraba Alexander Mendoza, alias Calarcá, jefe de una facción del grupo armado que ha mantenido los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. Algunos de los capturados no contaban con orden de captura por, precisamente, permanecer sentados en la mesa de negociación, mientras que otros de los 18 ocupantes de los vehículos sí son requeridos por la justicia.
Ante estos hechos que han generado dudas sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos en el proceso de paz, El Espectador se contactó con fuentes de la UNP para conocer el funcionamiento de los esquemas de protección destinados a miembros de grupos armados al margen de la ley como el ELN, el frente Comuneros del Sur de esa misma guerrilla (que se separó de la comandancia general y mantiene una negociación con el Gobierno), la Segunda Marquetalia (disidencia de las FARC comandada por Iván Márquez) y las disidencias del EMC, comandadas por alias Calarcá.
Quienes conocen los pormenores de estos procesos de asignación de seguridad señalan que todos estos grupos tienen un esquema de protección colectivo, con un número limitado de vehículos, chalecos, personal de protección y botones de pánico. Así mismo, en común acuerdo con los negociadores del Comisionado de Paz, para su movilización en vehículos de la UNP deben formular y presentar unas rutas de desplazamiento previas. De acuerdo con las fuentes consultadas, la Unidad no provee un esquema de protección individual para las disidencias.
Respecto a la contratación del personal que integra los esquemas de seguridad, la Unidad aclaró que estas, en buena parte, están tercerizados. Es decir, que no tienen un contrato directo con la UNP. Es por esto que, frente a este tipo de irregularidades, la UNP le exige a las entidades, con las firmaron la prestación de servicio, que inicien acciones disciplinarias en contra del personal involucrado en el transporte de estos disidentes con órdenes de captura vigentes.
Entre los ocupantes de los vehículos, se encontraba alias Firu, líder de la estructura 36 de esa disidencia, quien tiene actualmente orden de captura en la Fiscalía por homicidio. También destaca alias Ramiro, líder de la estructura 18, y alias Érika, compañera sentimental de alias Calarcá, quienes también cuentan con orden captura. La UNP aclaró que es prohibida la movilización de personas con orden de captura en sus vehículos, ya que esto afectaría la política de paz.
Frente a este panorama, en diálogo con Caracol Radio, Augusto Rodríguez, director de la entidad, aseguró que la detención fue irregular, pues los vehículos de la UNP deben ser conducidos hasta instalaciones militares o policiales para hacer sus respectivas requisas, puesto que en carretera podría resultar siendo un falso reten.
¿Cómo funciona la UNP?
Su trabajo, en pocas palabras, es estudiar denuncias de amenazas y posibles riesgos que las personas reportan para que sus funcionarios diseñen programas de protección y garantía de derechos. Pero hay una condición: la o las personas que están en riesgo deben presentar una solicitud formal para recibir medidas de protección. De lo contrario, la UNP no puede intervenir.
Sin embargo, en 2015 un nuevo decreto organizó aún más las funciones de la UNP y determinó que todo su trabajo debería estar orientado a los tipos de riesgo que enfrentan las personas a la hora de garantizar su vida o continuar haciendo su trabajo. Así las cosas, el decreto 1066 de 2015 estableció que existen tres tipos de riesgos: ordinario, extraordinario y extremo.
Dependiendo de las amenazas que reporta, por ejemplo, un líder indígena, la UNP acepta o no brindar protección a esta persona y puede entregar escoltas, camionetas, chalecos antibalas, un teléfono celular o un programa completo en que se busque proteger la vida de los denunciantes.
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