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El Estado, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en situación de riesgo. La exposición estuvo a cargo de Daniel Augusto El Saieh, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UNP, quien destacó los avances del programa integral de prevención desarrollado en el país.
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El programa, que busca proteger la vida, libertad, integridad y seguridad de 33 grupos poblacionales identificados en riesgo extraordinario o extremo, y de acuerdo con la UNP, está alineado con los objetivos del plan “Paz Total” del gobierno nacional, que se enfoca en reducir los niveles de violencia asociados a los actores armados ilegales.
De acuerdo con el informe, durante la gestión del actual gobierno, hasta finales de 2024, se han emitido 7,158 órdenes de trabajo para evaluar riesgos individuales, beneficiando a 2,262 mujeres y 4,923 hombres. También se realizaron 190 estudios colectivos, cubriendo a 18 organizaciones defensoras de derechos humanos y tres organizaciones sociales. Entre las medidas implementadas destacan enfoques diferenciales y étnicos, como la entrega de carpas, bastones de mando y chalecos distintivos para comunidades indígenas y afrodescendientes, reconociendo sus necesidades específicas.
Durante la audiencia, los participantes coincidieron en la importancia de la cooperación institucional para avanzar en la protección de los derechos fundamentales de estas comunidades y garantizar su labor en medio de contextos de alto riesgo a lo largo del territorio nacional. “Si bien es difícil garantizar la vida en su totalidad, el Estado continúa trabajando para mejorar sus mecanismos de protección, atendiendo a las inconformidades planteadas por las organizaciones y fortaleciendo su compromiso con la seguridad”, subrayó Daniel El Saieh.
En 2024 han sido asesinados 172 líderes sociales
Diego Tulande Acosta, destacado líder social y Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cerro Rico, en Buga (Valle del Cauca), se convirtió en la más reciente víctima de violencia contra líderes sociales en Colombia en 2024. Su asesinato, ocurrido el 21 de diciembre, eleva a 172 el número de líderes sociales asesinados en lo que va del año, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
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Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia informó que, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024, tuvo conocimiento de 186 denuncias de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que equivale a un promedio de 16 muertes al mes.
De estos casos, 80 ya han sido verificados, confirmándose tanto la calidad de defensor o defensora de las víctimas como la relación de su asesinato con su labor. Entre las víctimas confirmadas se encuentran 10 mujeres (2 indígenas, 1 afrodescendiente, 3 campesinas y 4 con otros liderazgos, 5 de ellas integrantes de Juntas de Acción Comunal) y 69 hombres (17 indígenas, 4 afrodescendientes, 34 campesinos y 14 con otros tipos de liderazgo, de los cuales 32 pertenecían a Juntas de Acción Comunal).
Para 2024, además de los casos confirmados, se encuentran 11 en proceso de verificación (1 mujer y 10 hombres), mientras que otros 95 casos fueron considerados no concluyentes. De estos últimos, 25 víctimas sí eran líderes sociales, pero sus homicidios no estarían relacionados con su actividad como defensores.
El balance de la ACNUDH detalla que la mayoría de los líderes asesinados trabajaba en la defensa de derechos comunitarios a través de Juntas de Acción Comunal (24 %), derechos campesinos (16 %), derechos económicos, sociales y culturales (13 %), defensa de reclamantes de tierras (10 %) y derechos de los pueblos indígenas (8 %).
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