'Urán fue asesinado por el M-19'

Carlos Horacio Urán Rojas, magistrado auxiliar del Consejo de Estado para la época en que el M-19 asaltó el Palacio de Justicia, fue asesinado por el M-19. Esa es la nueva tesis de la justicia, expuesta por la jueza segunda penal del Circuito Especializado de Bogotá, Luz Marina Beltrán González, en el fallo que profirió el pasado 2 de abril, en el que también resultó condenada la desaparecida guerrillera del M-19 Irma Franco. Con esta sentencia, la funcionaria judicial borró de un solo tajo una de las investigaciones más relevantes que sobre el tema del Palacio se haya abierto en los últimos años: si la muerte de Urán fue o no una ejecución extrajudicial.

En 231 páginas la jueza Beltrán hizo una reconstrucción de los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia, aportando toda suerte de detalles que le permitieron concluir que aunque no había “certeza” de quiénes eran “los verdaderos autores” de la muerte de Urán y otros 39 civiles mencionadas en la providencia, los guerrilleros, al tomarse el edificio y mantener allí a los rehenes, los habían encaminado hacia la muerte. El caso de Urán, además, lo resuelve sin dar pormenores y sin dar crédito al expediente que se abrió en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en enero de 2010 por este mismo asunto.

“En este lamentable episodio fallecieron los magistrados Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya Gil, los magistrados auxiliares Lisandro Romero Barrios y Carlos Horacio Urán Rojas (...) frente a lo que existen varias hipótesis”, se lee en el fallo. No obstante el anuncio, de Urán sólo se lee que presentaba fragmentos de un artefacto explosivo. En otra parte de la sentencia el Juzgado se remite a la necropsia que Medicina Legal le practicó a Urán en 1985, en la cual se lee que su deceso se produjo por “laceración cerebral por herida en cráneo por proyectil de arma de fuego”.

El diagnóstico forense que se hizo en 2010, como parte de la nueva indagación de la Fiscalía, ratificó la necropsia de 1985, pero había nuevos elementos. Uno crucial, que al analizarse el orificio que dejó el proyectil en el cráneo de Urán dio positivo el llamado “tatuaje”: el disparo se hizo a menos de un metro de distancia. El reporte indicaba también que Urán tenía heridas en otras partes del cuerpo, varias sobre todo en el muslo de la pierna izquierda. Este dato lo sumó el organismo investigativo con un video que reveló Noticias Uno en 2008, en el que se veía a Urán —así lo confirmó su viuda, Ana María Bidegaín— salir del Palacio cojeando, apoyándose en su pie derecho.

En el ‘Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia’, elaborado por tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, se mencionan las señas de explosivos en el cuerpo de Urán, pero, de acuerdo con su investigación, éstas no tenían “carácter mortal”. Este informe también se remite al video en el que se ve a Urán salir vivo del Palacio, “pero luego —resalta la Comisión—, inexplicablemente, su cadáver apareció en el patio del primer piso. Para la Comisión, el abogado Urán salió con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar, con lesiones que no tenían carácter letal, por lo que su muerte no se produjo en los hechos de la toma o de la retoma”.

Esa hipótesis de que Urán fue ejecutado en total estado de indefensión y lejos de los hechos del Holocausto es la que la Fiscalía explora desde hace más de dos años. Tres generales del Ejército en retiro, Carlos Alberto Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales, fueron llamados a indagatoria a finales de agosto de 2010: todos negaron cualquier responsabilidad. Pero el organismo investigativo, que calificó este como crimen de lesa humanidad, insiste en que hay anomalías. Por ejemplo, que su cédula, su libreta militar y su pase de conducción hubieran sido encontrados en el B-2 (batallón de inteligencia militar) en un allanamiento en 2007, 22 años después de la toma del Palacio.

Esos hallazgos tampoco fueron ignorados por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que en 2011 condenó al general (r) Arias Cabrales en primera instancia a 35 años de prisión por 11 desaparecidos del Palacio de Justicia. En ese fallo —hoy en estudio por el Tribunal Superior de Bogotá— se indicó que los hallazgos en el B-2 eran “significativos” y que la muerte de Urán estaba rodeada de circunstancias “irregulares”. En el fallo absolutorio del general (r) Iván Ramírez —también en revisión en segunda instancia— por los desaparecidos, se resalta igualmente que el episodio Urán y otros hechos hacían “manifiesto una vez más que la acción de la Fuerza Pública no se desarrolló de manera transparente y ceñida a la legalidad”.

El fallo de Iván Ramírez Quintero y el de Arias Cabrales también indican que Luis Francisco Otero Cifuentes, comandante del M-19, murió o desapareció en condiciones aún no esclarecidas. “La situación de Luis Francisco Otero Cifuentes no ha sido definida tampoco”, reza el fallo contra Plazas Vega. La jueza Luz Marina Beltrán asume otra postura: asevera en su sentencia que Otero Cifuentes es uno de los responsables por el homicidio de Carlos Horacio Urán Rojas y, además, lo condena a pagar mil salarios mínimos mensuales vigentes a sus dolientes: “Este despacho no puede presumir su muerte sin un soporte legal que así lo indique”, concluyó la funcionaria.

Carlos Horacio Urán Rojas, magistrado auxiliar del Consejo de Estado para la época en que el M-19 asaltó el Palacio de Justicia, fue asesinado por el M-19. Esa es la nueva tesis de la justicia, expuesta por la jueza segunda penal del Circuito Especializado de Bogotá, Luz Marina Beltrán González, en el fallo que profirió el pasado 2 de abril, en el que también resultó condenada la desaparecida guerrillera del M-19 Irma Franco. Con esta sentencia, la funcionaria judicial borró de un solo tajo una de las investigaciones más relevantes que sobre el tema del Palacio se haya abierto en los últimos años: si la muerte de Urán fue o no una ejecución extrajudicial.

En 231 páginas la jueza Beltrán hizo una reconstrucción de los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia, aportando toda suerte de detalles que le permitieron concluir que aunque no había “certeza” de quiénes eran “los verdaderos autores” de la muerte de Urán y otros 39 civiles mencionadas en la providencia, los guerrilleros, al tomarse el edificio y mantener allí a los rehenes, los habían encaminado hacia la muerte. El caso de Urán, además, lo resuelve sin dar pormenores y sin dar crédito al expediente que se abrió en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en enero de 2010 por este mismo asunto.

“En este lamentable episodio fallecieron los magistrados Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya Gil, los magistrados auxiliares Lisandro Romero Barrios y Carlos Horacio Urán Rojas (...) frente a lo que existen varias hipótesis”, se lee en el fallo. No obstante el anuncio, de Urán sólo se lee que presentaba fragmentos de un artefacto explosivo. En otra parte de la sentencia el Juzgado se remite a la necropsia que Medicina Legal le practicó a Urán en 1985, en la cual se lee que su deceso se produjo por “laceración cerebral por herida en cráneo por proyectil de arma de fuego”.

El diagnóstico forense que se hizo en 2010, como parte de la nueva indagación de la Fiscalía, ratificó la necropsia de 1985, pero había nuevos elementos. Uno crucial, que al analizarse el orificio que dejó el proyectil en el cráneo de Urán dio positivo el llamado “tatuaje”: el disparo se hizo a menos de un metro de distancia. El reporte indicaba también que Urán tenía heridas en otras partes del cuerpo, varias sobre todo en el muslo de la pierna izquierda. Este dato lo sumó el organismo investigativo con un video que reveló Noticias Uno en 2008, en el que se veía a Urán —así lo confirmó su viuda, Ana María Bidegaín— salir del Palacio cojeando, apoyándose en su pie derecho.

En el ‘Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia’, elaborado por tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, se mencionan las señas de explosivos en el cuerpo de Urán, pero, de acuerdo con su investigación, éstas no tenían “carácter mortal”. Este informe también se remite al video en el que se ve a Urán salir vivo del Palacio, “pero luego —resalta la Comisión—, inexplicablemente, su cadáver apareció en el patio del primer piso. Para la Comisión, el abogado Urán salió con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar, con lesiones que no tenían carácter letal, por lo que su muerte no se produjo en los hechos de la toma o de la retoma”.

Esa hipótesis de que Urán fue ejecutado en total estado de indefensión y lejos de los hechos del Holocausto es la que la Fiscalía explora desde hace más de dos años. Tres generales del Ejército en retiro, Carlos Alberto Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales, fueron llamados a indagatoria a finales de agosto de 2010: todos negaron cualquier responsabilidad. Pero el organismo investigativo, que calificó este como crimen de lesa humanidad, insiste en que hay anomalías. Por ejemplo, que su cédula, su libreta militar y su pase de conducción hubieran sido encontrados en el B-2 (batallón de inteligencia militar) en un allanamiento en 2007, 22 años después de la toma del Palacio.

Esos hallazgos tampoco fueron ignorados por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que en 2011 condenó al general (r) Arias Cabrales en primera instancia a 35 años de prisión por 11 desaparecidos del Palacio de Justicia. En ese fallo —hoy en estudio por el Tribunal Superior de Bogotá— se indicó que los hallazgos en el B-2 eran “significativos” y que la muerte de Urán estaba rodeada de circunstancias “irregulares”. En el fallo absolutorio del general (r) Iván Ramírez —también en revisión en segunda instancia— por los desaparecidos, se resalta igualmente que el episodio Urán y otros hechos hacían “manifiesto una vez más que la acción de la Fuerza Pública no se desarrolló de manera transparente y ceñida a la legalidad”.

El fallo de Iván Ramírez Quintero y el de Arias Cabrales también indican que Luis Francisco Otero Cifuentes, comandante del M-19, murió o desapareció en condiciones aún no esclarecidas. “La situación de Luis Francisco Otero Cifuentes no ha sido definida tampoco”, reza el fallo contra Plazas Vega. La jueza Luz Marina Beltrán asume otra postura: asevera en su sentencia que Otero Cifuentes es uno de los responsables por el homicidio de Carlos Horacio Urán Rojas y, además, lo condena a pagar mil salarios mínimos mensuales vigentes a sus dolientes: “Este despacho no puede presumir su muerte sin un soporte legal que así lo indique”, concluyó la funcionaria.