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En manos de la magistrada del Consejo de Estado Stella Conto está una demanda con la que la Unión de Cultivadores de Palma de Aceite de Urabá, (Urapalma) busca que el Incoder anule las resoluciones con las que se establecieron los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas del río Curvaradó (Chocó). Por la trascendencia nacional de este expediente y por los antecedentes de violaciones a los derechos humanos que han sacudido a esta región, la consejera acaba de recurrir a la figura de la prelación, para que el proceso curse con prioridad sobre otros que hacen fila en el Consejo de Estado y éste sea resuelto en el menor tiempo posible.
En su demanda, interpuesta desde 2007 pero conocida por este alto tribunal desde 2009, Urapalma arguyó que el Incoder no tuvo en cuenta en sus decisiones la presencia de terceros en esos territorios, las causas por las cuales había empresas explotando recursos naturales allí, el tiempo durante el cual han permanecido en esos terrenos o la extensión de tierra explotada. El Consejo de Estado tiene la última palabra en este proceso, con el cual se escribe un nuevo capítulo en la historia de esta región que se ha convertido en un emblema del desplazamiento forzado.
Paradójicamente, Urapalma ha sido señalada como beneficiaria de esa violencia. Las autoridades siguen indagando sus supuestos vínculos con el paramilitarismo, que incluye versiones como que la empresa le habría ayudado a la casa Castaño a despojar a las comunidades afrodescendientes de la región. Incluso, en declaraciones ante Justicia y Paz, el exjefe ‘para’, Éver Veloza, alias H.H., dijo que Vicente Castaño había comprado tierras en Chocó “para su proyecto, para su empresa, Urapalma”.
La justicia cree que hay indicios suficientes de que palmicultores y ‘paras’ en el Chocó hicieron pactos similares a los que el exparamilitar Raúl Hazbún, alias Pedro Bonito, ha descrito con empresas bananeras en Urabá. En octubre de 2010, 22 funcionarios de nueve empresas de palma, entre ellas Urapalma, fueron capturados por sus presuntos vínculos con las autodefensas; algunos de ellos fueron acusados en 2011. En ese año dos palmicultores, Luis Alberto Flórez Pérez e Iván Patiño Patiño, fueron condenados a cuatro años de prisión por colaborar con el despojo en Riosucio (Chocó), no muy lejos de Curvaradó.
Y el pasado 28 de enero fue sentenciado a 15 años de prisión el paramilitar Ramiro Álvarez Porras, alias Nepo, quien, de acuerdo con las investigaciones, fue el socio de Vicente Castaño en el despojo de tierras de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó, que serían usadas en un gran proyecto de palma de aceite que Castaño tenía en mente.
En fallo del pasado 28 de febrero, la magistrada Conto aludió a estos conflictos en Curvaradó, que han obligado a entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a ordenarle al Estado colombiano que proteja a los miembros de esta comunidad víctima de la violencia de guerrilleros y paramilitares, que por años han luchado por apoderarse de esa región. Fue por eso que cobijó a este expediente con la figura de la prelación, que obliga a que sea estudiado antes que otros procesos que se encontraban en turno.
“Ello no comporta que se entre a fallar de inmediato. Pero sí con prontitud”, explicó la magistrada en su decisión, y recordó que la Corte Constitucional ha insistido en que “la explotación de los recursos naturales no puede hacerse en desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades afrocolombianas e indígenas (…). Para los pueblos afrocolombianos el desplazamiento y el confinamiento generan la pérdida del control de su territorio y el deterioro de las condiciones de vida. Para ellos el territorio tiene una importancia muy profunda que va más allá de simplemente contar con un lugar para vivir o sostenerse. El territorio va ligado a su memoria colectiva, de su concepción de la libertad”.
Alertó además que “la pérdida de control social y cultural sobre sus territorios por parte de las comunidades afrocolombianas ha estado asociada a fenómenos de repoblamiento y cambio en la composición étnica como, por ejemplo, en Urabá (…). Las presiones que se ejercen sobre los afrocolombianas para abandonar sus territorios ha facilitado que personas ajenas a sus comunidades se apropien de sus territorios y promuevan un modelo económico que destruye el medio ambiente”. Por ello, la magistrada ordenó que se le dé prioridad a este expediente que bien recuerda los conflictos que se han vivido en el Chocó por su codiciada tierra.
En Twitter: @juansjimenezh