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En la mañana de este 11 de diciembre se conoció que las autoridades allanaron la vivienda y la oficina de Andrea Ramírez, funcionaria del Ministerio de Hacienda que fue reemplazada por María Alejandra Benavides. La diligencia se dio por orden del magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La inspección de la Policía Judicial se dio en el marco de las investigaciones por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desasteres (Ungrd), en el cual han resultado salpicados varios congresistas, funcionarios públicos y del alto gobierno, incluido el hoy exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Este allanamiento es clave para la recolección de pruebas dentro del caso, porque Ramírez antecedió en su cargo a Benavides, quien entregó a la Fiscalía la información que conocía sobre la presunta relación de seis congresistas de la Comisión de Crédito Público, con la gestión de conceptos de operaciones emitidos por el Ministerio de Hacienda a cambio de coimas y contratos.
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Los enredos de Ramírez
Según las declaraciones entregadas a la Fiscalía en el marco de la investigación, especialmente las de la exasesora Benavides, Ramírez habría sido el enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República para lograr el visto bueno de los conceptos emitidos desde la oficina de Bonilla.
Benavides habría concretado la negociación, guiada por Ramírez. Ella sería una de las principales relacionadas con el caso y tendría conocimiento sobre tres cupos indicativos que estaban dirigidos a congresistas. Pero en la época de los hechos, Ramírez estaba en licencia de maternidad, por fuera de la entidad.
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El allanamiento de se da luego de una inspección, también ordenada por la Corte Suprema, a la oficina de la representante a la Cámara por las curules de paz, Karen Manrique. El objetivo de esa diligencia fue recolectar material necesario para desarrollar un análisis grafológico que permita establecer si existen relación entre la escritura de la congresista y algunos apuntes de la libreta de Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
Para las autoridades es importante aclarar si existe esa relación, pues según las declaraciones de López a la Fiscalía, Marique habría anotado, de su puño y letra, a qué municipios irían a parar una serie de contratos con dinero de la Ungrd, por el orden de los $92.000 millones. Las poblaciones beneficiadas serían Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Con las declaraciones de Benavides también salieron salpicados otros cinco congresistas de la Comisión de Crédito Público: Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde.
Todos han sido citados a declarar en indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero Manrique, Manzur, Peinado y Gallo decidieron ejercer su derecho a guardar silencio y solicitaron que el exdirector López sea citado para contrainterrogatorio.
La respuesta de MinHacienda
Tras conocerse la noticia del allanamiento a la oficina y la vivienda de la funcionaria de Ramírez el 10 de diciembre, el Ministerio de Hacienda emitió un pronunciamiento oficial en el que aseguró que sus equipos de trabajo atendieron a la Policía Judicial y entregaron todos los elementos solicitados.
“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reitera la disponibilidad de atender a todos los entes de control y los requerimientos hechos por parte de sus funcionarios”, señalaron desde esa cartera del gobierno.
El #MinHacienda informa que el 10 de diciembre recibió una inspección de la Sala Especial de la @CorteSupremaJ. La visita fue atendida por nuestros equipos y se entregaron los elementos requeridos. Reiteramos nuestro compromiso con los entes de control y sus solicitudes. pic.twitter.com/25tRALNnzS
— MinHacienda (@MinHacienda) December 11, 2024
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