Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“Linares y Santos mancharon la dignidad de la justicia y deben ser investigados penalmente por ello”, dice una denuncia que radicaron los abogados del expresidente Álvaro Uribe este miércoles en contra del magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares y del expresidente Juan Manuel Santos. En los recursos, que radicaron en la Fiscalía y en la Comisión de Acusación del Congreso, reprochan una supuesta llamada del exmandatario al togado mientras el alto tribunal definía el futuro judicial de Uribe.
(En contexto: Corte Constitucional dice que a Uribe se le respetaron sus derechos y fue imputado)
Linares fue el ponente de la sentencia con la que la Corte declaró que el expresidente Uribe sí tenía la calidad de imputado, luego de que con su renuncia al Senado se creara un escenario sin precedentes jurídicos y pasara a investigarlo la Fiscalía. Según la denuncia, el magistrado “admitió y confesó públicamente que Santos lo había llamado a él y a otros cuando se estaba definiendo y estudiando la tutela dentro del proceso contra Uribe por presunta compra de testigos y fraude procesal”. Para los abogados del líder del Centro Democrático, esto constituiría los delitos de omisión de denuncia, tráfico de influencias y otros.
Se refieren a declaraciones que dio el magistrado Linares después de que la Corte votara favorablemente su ponencia. En Semana, por ejemplo, dijo: “Entiendo que algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes (César Gaviria y Juan Manuel Santos), de cuando en cuando yo hablo con ellos sobre temas distintos, sociales, políticos, pero ellos afortunadamente no son abogados entonces en temas jurídicos no podemos compartir argumentos jurídicos”. Y a renglón seguido añadió: “Afortunadamente como ponente no recibí llamadas ni reuniones con ninguno de los expresidentes”.
(Lea también: La tras escena en la Corte Constitucional en caso Uribe)
Sin embargo, la denuncia del exmandatario pide algo muy concreto: “que se examine el celular del magistrado Linares para determinar cuántas llamadas recibió de su amigo el expresidente Santos”. Además, recordaron en el recurso que Linares fue nominado para llegar a la Corte por el expresidente Santos. “La justicia debe ser independiente, objetiva e imparcial, libre de presiones externas, y no debe permitir que un enemigo declarado como Santos, sugiera, presione o dirija el sentido de un voto por parte de un magistrado”, añadieron.
Y se preguntaron “¿Qué pasa si el que hubiera llamado a un magistrado fuera Álvaro Uribe Vélez?”. Ahora bien, en la entrevista que citan las denuncias, Linares dijo que él no recibió llamadas de expresidentes y que las que supuestamente recibieron sus colegas tampoco le constan personalmente. “No me consta personalmente, pero en muchos casos uno recibe llamadas de expresidentes o personas influyentes que le dicen a uno o le sugieren determinado tipo de inclinación en el sentido del fallo”, dijo.
(Lea también: Caso Uribe: magistradas dicen que no recibieron llamadas de expresidentes)
La Corte Constitucional aseguró en su fallo que a Álvaro Uribe se le respetaron sus derechos con el cambio de régimen penal luego de que el proceso en su contra pasara de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la Fiscalía. Con una votación de cinco contra cuatro, el alto tribunal declaró que la indagatoria que rindió mientras era senador era equiparable a una imputación de cargos, lo que en la práctica significa que el proceso no tendría que volver a comenzar desde ceros, sino que, como ya había declarado la justicia, le correspondía al fiscal del caso decidir si llamaba a juicio o pedía preclusión.
El fiscal Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales ante la Corte, solicitó la preclusión formalmente este año ante la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá. Todas las víctimas del caso, como el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y la médica Deyanira Gómez —exesposa del testigo Juan Monsalve— se opusieron al pedido de la Fiscalía. La jueza debe valorar los argumentos y tomar una decisión, que ya llegará en 2022.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.