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El senador Álvaro Uribe Vélez “emerge con probabilidad de verdad como el gran determinador de este entramado ilegal”. De esa manera, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia calificó la participación del expresidente dentro de la investigación que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. Las 1.554 páginas que componen la providencia, que emitió esta instancia judicial el pasado 4 de agosto, permite entender con profundidad y detalle por qué la Corte considera urgente y necesaria la medida de aseguramiento de prisión domiciliaria que le impuso al senador esta semana.
El Espectador conoció en su integridad este documento histórico, pues es la primera decisión judicial que se profiere en el país en la que se ordena la captura de un expresidente. La Corte no reparó en detallar cada uno de los testimonios y pruebas que llegaron al expediente, un material probatorio que supera las 7 mil páginas, y tampoco escatimó esfuerzos en explicar su determinación y por qué considera que el senador Uribe sí habría estado detrás de la manipulación de testigos para beneficio propio. La Sala de Instrucción expuso una a una las declaraciones de los testigos cuestionados y agregó la defensa del expresidente a cada una de las aseveraciones en su contra.
(En contexto: Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)
Por mencionar algunos ejemplos, Uribe y su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, han reiterado que todas las supuestas irregularidades que llevaron a que testigos en su caso ampliaran su versión, o la cambiaran radicalmente, ocurrieron a sus espaldas. Y señalan que, si hay alguien a quién investigar por esas conductas es al abogado Diego Cadena, quien también tiene una medida de aseguramiento de casa por cárcel, investigado por supuesta “compra” de testigos en favor de Uribe. Según el expresidente, ni él ni su equipo jurídico se esforzó para conseguir a los cuestionados testigos, sino que todos llegaron a él por voluntad propia a declarar en su caso. Sin embargo, para la Corte, habría pruebas que demuestran lo contrario.
Por ejemplo, la Sala expuso varios testimonios en los que se aclara cómo llegó al caso Carlos Enrique Vélez, uno de los testigos que, al parecer, habría cambiado su versión (a favor del senador) sobre sus vínculos con grupos paramilitares a cambio de dádivas. Según la Corte, el exparamilitar, que se unió a las autodefensas en 1989, no se ofreció a declarar, sino que Cadena llegó a él gracias a la intermediación del abogado Samuel Sánchez Cañón, un hombre muy cercano a Mario Uribe Vélez, primo del presidente, y quien en 2011 fue condenado por parapolítica. Con ese contacto hecho, Cadena entabló una relación con Vélez y comenzaron las cartas a favor del expresidente. Por eso la Corte pidió que Mario Uribe y Samuel Sánchez sean investigados.
Según la investigación del alto tribunal, esas cartas habrían sido escritas por el propio Cadena, con el aval del presidente Uribe. Esas misivas llegaron a la Corte Suprema, pero en febrero de 2018 el entonces magistrado José Luis Barceló las analizó y determinó que se trataba de pruebas para “inducir en error a la Corte”. Sobre este caso, la Sala de Instrucción evidenció en el documento de más de mil páginas, que el senador Uribe estuvo detrás de todas las citas que Cadena sostuvo con el exparamilitar y que nunca mostró “mayor preocupación” por el hecho de que el autor de esas cartas no fuera el preso, sino su propio abogado. El expresidente ha reiterado que nunca le pidió a Cadena que le pagara a Vélez ni a ninguno de los testigos. Sin embargo, la Corte encuentra algo distinto en el expediente.
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El alto tribunal asegura que Uribe sí habría conocido de las maniobras de Cadena, pues tiene cientos de horas de grabación y mensajes de texto en los que el senador se comunicaba y daba instrucciones al abogado. Y, aunque el expresidente ha sostenido que todo lo que trató de hacer fue buscar la verdad y que no revisó ni se acuerda de los pormenores de los testimonios, para la Corte esta no es una posición admisible. “La prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente de su condición de determinador de las conductas punibles avistadas (...) El senador Uribe hizo nacer o reforzó en sus determinados (Cadena y el abogado Juan José Salazar), no solo en virtud de ese vínculo contractual, sino por su autoridad de ascendiente, la idea de llevar a cabo el hecho delictivo”.
La Corte agrega sobre este testigo que, con ayuda de Cadena, el senador coordinó toda una búsqueda “de los potenciales testigos”, a quienes atrajeron con promesas de dádivas a cambio de sus testimonios.” Las manifestaciones del senador Uribe y su defensa técnica se ofrecen francamente incomprensibles en la medida que, si era su empeño absolutamente legítimo desde luego, el de ejercer su defensa mediante la muy eficaz y pertinente expresión de esta garantía inalienable de la contracción, debía acometer una tarea seria y rigurosa en orden a aportar al juzgador para que pudiera llegar a la verdad elementos de juicio idóneos y respetuosos del proceso”, explicó la Corte.
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En su estudio, la Sala de Instrucción agregó que las pruebas evaluadas “ permiten, y con suficiencia, colegir razonablemente que el senador Uribe indujo a Diego Cadena y a su equipo a realizar las conductas ilícitas de hacer entregas y prometer entregas de dinero y otras utilidades a cambio de obtener” testimonios como el de Vélez, o el de Juan Guillermo Monsalve o el de Eurídice Cortés, alias Diana. Para la Corte, Uribe fue una especie de “determinador, inductor y beneficiario de la idea” de conseguir a este tipo de testigos. Y este patrón de actuaciones del senador, que se repitieron en los casos de estos testigos, es sistemática.
Así lo definió la Sala de Instrucción a manera de conclusión en su providencia, luego de gastar más de 1.450 folios para explicar cada una de las actuaciones del senador. “Por ende, lo que se a precia es la persistencia en el abordaje, presión y ofrecimientos indebidos o ilegales hacia los potenciales testigos y la aducción sistemática de espurios elementos de prueba”, señaló la Corte, quien agregó que esa sistematicidad “deviene también del patrón de conducta que surge evidente en todos estos eventos punibles, en los cuales el senador Uribe asume, probablemente de manera antijurídica, un rol fundamental, trascendente y muy activo en todas las fases de gestión de la prueba (...) lo que pronostica la necesidad y urgencia de garantizar y asegurar la inalterabilidad de la prueba”.
En ese contrapunteo de versiones, el alto tribunal construyó un panorama extenso y rico en detalles sobre lo que hasta ahora ha llegado al proceso. Y, en una decisión unánime, la Sala concluyó que, por su incidencia en los testimonios y su posible obstrucción a la justicia, Uribe debe estar en prisión domiciliaria. Ayer el expresidente, quien se encuentra en su finca El Ubérrimo (Córdoba) con un reciente diagnóstico de COVID-19, le solicitó a la Corte Suprema que se levante la reserva sumarial de todo el proceso en su contra, pues considera que se deben hacer públicas todas las pruebas del expediente, y no solo las que son en su contra. Su abogado Jaime Granados reiteró que, de esta manera, se “pueda constatar de manera integral la total inocencia de su proceder”.