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La Corte Suprema de Justicia puso en tela de juicio la legitimidad de la reforma constitucional que dio vía libre a la reelección presidencial inmediata. Y lo hizo en la noche del jueves como colofón de la condena que le impuso a la polémica ex parlamentaria Yidis Medina Padilla por el delito de cohecho propio en el que incurrió luego de que confesara que vendió su voto para apoyar la iniciativa que terminó favoreciendo un segundo mandato consecutivo del presidente Álvaro Uribe Vélez.
La Sala Penal del alto tribunal le solicitó a la Corte Constitucional y a la Procuraduría que revisen la legalidad del trámite del controvertido acto legislativo al considerar “que las razones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder”. Dicho de otra manera, para la Corte Suprema de Justicia se constituyeron irregularidades protuberantes durante el tránsito de la iniciativa en el Congreso que vician la legitimidad de la enmienda a la Carta Política.
Cuatro horas después de conocido el fallo de la Corte, a las 11 y 15 de la noche, el presidente Álvaro Uribe manifestó, no sin antes calificar que el alto tribunal “aplica una justicia selectiva”, que le pedirá al Congreso que tramite un referendo para convocar a la mayor brevedad unas nuevas elecciones presidenciales.
Uribe sugirió que la intención de la Corte de desvirtuar la aprobación de la reelección tenía un mensaje implícito por la decisión del Ejecutivo de extraditar a los jefes paramilitares. “La Sala Penal ha llegado al extremo de presionar al Presidente, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la recientes decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas”.
Y añadió: “La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no parece tener solución judicial. En consecuencia el camino correcto debe ser la regla democrática. Convocaré al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006 con idénticas o mayores restricciones para el presidente que aquellas que en su momento impuso la Ley de Garantías”.
Sin embargo, los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sostuvieron la tesis de que en la votación del 4 de junio de 2004, en la cual la Comisión Primera de la Cámara de Representantes le dio la bendición a la reelección, por estrecho margen de 18 votos a favor y 16 en contra las cuentas las ajustaron el voto de Yidis Medina y la ausencia de Teodolindo Avendaño, ocurrieron episodios non sanctos, auspiciados tras bambalinas por altos funcionarios del gobierno Uribe, que ponen en tela de juicio la constitucionalidad de la reelección.
Una cosa es, como sucedió el pasado 17 de junio, que un grupo de organizaciones de derechos humanos, argumentando múltiples irregularidades como el escándalo de la yidispolítica, le solicite a la Corte Constitucional revisar la legalidad de la norma de la reelección presidencial inmediata.
Pero son palabras mayores cuando es la propia Corte Suprema la que abandera la petición. Mucho más, si en la providencia en la que condenó a Yidis Medina por el delito de cohecho propio expone que su súbito cambio de voto se debió a que se dejó corromper “por las mezquindades envilecedoras de las promesas burocráticas del Ejecutivo”.
Pero no es todo. La Corte Suprema le pidió también a la Fiscalía que investigue a todos y cada uno de los apadrinados por Yidis Medina que habrían accedido a cargos públicos por recomendación suya. “Como la procesada admitió haber comprometido a sus patrocinados y favorecidos con los cargos burocráticos que alcanzó gracias a la conducta atribuida, conminándolos a suscribir títulos valores en su favor, en comportamiento que podría configurar actos de indebido constreñimiento”, la Corte compulsó las copias pertinentes, con miras a establecer “la eventual responsabilidad penal que pudieran tener los beneficiarios de los cargos públicos alcanzados a fuerza de las acciones cohechadoras”.
En total, según la Corte, fueron ocho los beneficiarios de Medina: los notarios Sandra Domínguez Mujica, María Lucelly Valencia y Luis Camilo O’Meara; su asesor César Guzmán (nombrado en Etesa); Carlos Correa Mosquera (nombrado como director de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja); Juan Bautista (nombrado subdirector del Sena en Barrancabermeja); Jairo Alfonso Plata Quintero (nombrado como coordinador de Acción Social en el Magdalena Medio) y Eduardo Esquivel, un familiar lejano de Yidis Medina que fue contratado en el centro de Salud Luis Carlos Galán. Todos ellos deberán rendirle explicaciones a la Fiscalía.
“El voto que en su calidad de congresista emitió Yidis Medina a favor del proyecto de reelección presidencial, estuvo condicionado por actos corruptos previos al debate donde se consideró la reelección”, reseñó la providencia de la Corte. Y añadió que de ese modo el alto tribunal “centra el juicio de desvalor de la conducta y del resultado que ocasionó y, la conciencia de antijuridicidad con que la congresista obró, en el momento en que ella permuta su libertad para votar”.
Y fue más allá la sentencia de la Corte al asegurar que resulta inaudito que desde las altas esferas del poder se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado, cuando en busca de un
beneficio particular se impulsó a toda costa la reelección. Porque el respaldo que le dio Yidis a la iniciativa “no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre las bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió”.
Pero los reproches de la Corte no pararon ahí. Uno de sus apartes más fuertes reza lo siguiente: “Asumiendo en serio y hasta las últimas consecuencias que la lucha del Estado contra la impunidad tiene relevancia constitucional, la cual no puede quedar reducida a simple retórica dirigida a la tribuna, resulta incompatible con la filosofía del Estado social y democrático de derecho, que se precia de actuar sometido al imperio de la ley, que un acto jurídico desviado (la reelección), de connotaciones delictivas, tenga vigencia y ejecutividad”.
El mensaje es claro: la Corte le restó legalidad a la enmienda constitucional que aprobó la reelección. Es el último capítulo de la controversia que tiene en serios aprietos judiciales a varios alfiles del presidente Uribe y que hoy, con la compulsación de copias a la Corte Constitucional y a la Procuraduría, dejó en entredicho al propio Jefe de Estado. Los alcances del fallo fueron anunciados por el magistrado Sigifredo Espinosa, presidente de la Sala Penal del alto tribunal. El jurista dio a conocer la pena impuesta a Yidis Medina: 47 meses y 26 días de prisión. Aunque se le otorgó el beneficio de la casa por cárcel por ser madre cabeza de familia.
El tiempo de condena de la ex parlamentaria santandereana produjo largas discusiones en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, los magistrados Jorge Luis Quintero Milanés, María del Rosario González, Yesid Ramírez Bastidas y Sigifredo Espinosa se apartaron de la decisión mayoritaria de imponerle a Medina 47 meses de cárcel porque, en su criterio, la rebaja de penas a la que se hizo beneficiaria debería ser menor.
Pero, sin duda, el tiempo de la condena a Medina pasó necesariamente a un segundo plano al conocerse el pronunciamiento del máximo tribunal de la justicia ordinaria.
Los pormenores del fallo de Yidis Medina se filtraron a los medios el pasado miércoles. Sin embargo, los alcances de la sentencia tomaron por sorpresa al mundo político. El primero en salir a defender al Presidente fue Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de Paz, quien calificó sin titubeos que la Corte Suprema se “extralimitó en la sentencia”, al tiempo que insistió en que el Gobierno “tiene la certeza de que se actuó en el marco de la ley”.
La condena de Medina se conoce dos días después de que el ex ministro del Interior y embajador en Roma Sabas Pretelt de la Vega rindiera indagatoria en la Fiscalía por estos mismos hechos. La ex parlamentaria lo relacionó, junto con el ministro de Protección Social Diego Palacio, con el ofrecimiento de notarías y cargos en instituciones del Magdalena Medio. Y que le cumplieron sus promesas, según relató Medina, porque varios de sus recomendados fueron nombrados en Etesa, el Sena, la Red de Solidaridad Social, Caprecom y la Clínica Primero de Mayo de Barranca.
Eso, sin contar que Yidis Medina sostuvo que la notaria segunda de Barrancabermeja, Sandra Domínguez Mujica, fue designada en ese cargo pocos meses después de la polémica votación del 4 de junio de 2004 como contraprestación de su voto a la reelección; y que el Gobierno le entregó al también ex parlamentario detenido Teodolindo Avendaño la Notaría 67 de Bogotá.
Dicha entidad, en efecto, se creó después de la enmienda constitucional, durante la gestión del ex superintendente de Notariado y Registrado Manuel Cuello Baute, condenado por el delito de concusión. Según Medina, Avendaño vendió la notaría a Luis Camilo O‘Meara por $450 millones.
En el festín de los ofrecimientos a Medina también fueron salpicados el ex secretario de la Casa de Nariño Alberto Velásquez, el actual secretario Bernardo Moreno, el viceministro Hernando Angarita, el secretario del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega, el director de Acción Social Luis Alfonso Hoyos, entre otros. Ahora, con la solicitud del Jefe de Estado de convocar a nuevas elecciones se abre una nueva puerta para que sea el país el que ratifique o no la presidencia de Uribe.