“Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”: Mancuso en la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer detalles del proceso de inclusión del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a este órgano de justicia trancisional, como punto de conexión entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado, como el Ejército, la Policía y el DAS. En uno de los anexos de la información dada a conocer al público, quedó revelado que Mancuso señaló al expresidente Álvaro Uribe de conocer plenamente la operación que terminó con la masacre de El Aro, en el municipio de Ituango (Antioquia), en 1997. La información fue entregada en audiencia reservada, sobre el capítulo de acuerdos tácitos entre funcionarios, militares y paramilitares, presuntamente conocidos por Mancuso.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer detalles del proceso de inclusión del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a este órgano de justicia trancisional, como punto de conexión entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado, como el Ejército, la Policía y el DAS. En uno de los anexos de la información dada a conocer al público, quedó revelado que Mancuso señaló al expresidente Álvaro Uribe de conocer plenamente la operación que terminó con la masacre de El Aro, en el municipio de Ituango (Antioquia), en 1997. La información fue entregada en audiencia reservada, sobre el capítulo de acuerdos tácitos entre funcionarios, militares y paramilitares, presuntamente conocidos por Mancuso.

En contexto: JEP aceptó el sometimiento de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar

Entre las novedades de Mancuso, según la JEP, está un señalamiento contra Álvaro Uribe Vélez, sobre un expediente por el cual el expresidente tiene una indagación abierta en la Fiscalía y Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la masacre de El Aro (Ituango) de 1997. Entre 150 paramilitares arrasaron el corregimiento antioqueño, quemaron 42 de las 60 casas, se robaron miles de cabezas de ganado y, con lista en mano, torturaron y asesinaron a 12 personas señaladas falsamente de guerrilleros. Mancuso aseguró que tenía relación con los militares de más alto rango en Antioquia, entre ellos los generales Alfonso Manosalva e Iván Ramírez Quintero, comandantes de la Cuarta Brigada y la Primera División del Ejército, respectivamente.

Según Mancuso, el general Ramírez, cuyo sometimiento a la JEP fue rechazado, lo mandó para organizar y coordinar la operación de El Aro, que les pidió Pedro Juan Moreno, quien fuera secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, durante la administración de Uribe Vélez. “Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. ‘Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevo a reunirme a la finca de Uribe (…) y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro’”. Aunque en el texto no es claro si Mancuso está citando lo que recuerda escuchar de Moreno, la JEP concluyó que: “se asegura que el señor Uribe Vélez tenía todo el conocimiento de las operaciones que se concretaban en las reuniones”.

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La matriz de colaboración de Mancuso se agrega que Pedro Juan Moreno habría llegado ante las fuerzas paramilitares con una “preocupación enorme, tanto en la gobernación como en la ciudadanía”, pues en el corregimiento del Aro estarían ocultando a los secuestrados de la guerrilla sobre la vía entre Medellín y Caucasia. “Allí en el Aro los metían y los tenían como una base carcelaria. Cuando nos dan esta información se planifica una operación”, señaló Mancuso sobre las operaciones conjuntas con militares, en audiencia reservada. Y concluyó: “yo me contacto con el general Iván Ramírez y le pido que me contacte con el comandante de la Cuarta Brigada para ejecutar la operación (…) Con Manosalva intercambiamos información de inteligencia, sacamos los planos, los que él tenía allí, me mostró la ubicación, me entrego órdenes y detalles”.

Este diario se contactó con la oficina de prensa del expresidente Uribe, la cual respondió que, por ahora, el político no responderá a las preguntas de este medio de comunicación. Sin embargo, en su cuenta de Twitter ha desplegado una serie de trinos defendiendo su posición como gobernador de Antioquia: “Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido. Logros de la dolosa teoría bisagra de la JEP-FARC”, aseguró.

En la audiencia que se desarrolló en la mañana de hoy, la JEP decidió aceptar a Mancuso en su jurisdicción, ya que consideraron que entregó información novedosa sobre la desaparición forzada que se desplegó en la zona fronteriza con Venezuela, donde dijo que al menos 200 cuerpos de personas que fueron desaparecidas a lo largo del conflicto armado en el país, fueron arrojados en territorio venezolano, así como sobre la persecución de sindicalistas y la coordinación de varias masacres.

La decisión estuvo a cargo de los magistrados de la Sala de Definición Heydi Patricia Baldosea, Pedro Elías Díaz y María del Pilar Valencia, quienes fueron los encargados de contrastar las declaraciones que este había entregado durante su audiencia pública en el mes de mayo. Las magistradas María del Pilar Valencia y Heydi Patricia Baldosea señalaron durante la audiencia que los aportes de Mancuso fueron presentes, efectivos, novedosos y suficientes para soportar la cantidad de operaciones conjuntas desarrolladas (con paramilitares) y la manera como el paramilitarismo cooptó la misionalidad de la fuerza pública.

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Por su parte, el magistrado Pedro Díaz presentó el análisis y la contrastación de lo dicho por Mancuso durante la Audiencia Única de Verdad. En ella compartió que con las declaraciones entregadas por el excomandante de las AUC la JEP logró ampliar el umbral de verdad en cuanto a parapolítica.

Mancuso tendrá que comparecer en los casos 03, que corresponde a los falsos positivos; caso 04, situación territorial del Uraba; caso 06, crímenes contra miembros de la UP; y caso 08, crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con los paramilitares. Además, deberá aportar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y entregar más detalles sobre quienes se vieron beneficiados con el paramilitarismo. A pesar de la decisión de la JEP continuará en Justicia y Paz.

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