Urrutia, Caicedo y fiscal Hernández: los otros casos del nuevo fiscal de Uribe

Un nuevo giro vivió este martes el caso que se adelanta por presunto fraude procesal y soborno de testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Justo cuando se esperaba que el fiscal Andrés Palencia decidiera si llevar a juicio o pedir una nueva preclusión a favor del expresidente, el funcionario judicial renunció. Y en el último día que tenía de plazo para decidir. Para dar continuidad al caso fue asignado Víctor Andrés Salcedo Fuentes, fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá 90 días para decidir entre las mismas dos opciones.

Le puede interesar: Caso Uribe: renunció el fiscal del expediente y queda en vilo la investigación

Salcedo Fuentes, quien fue candidato a contralor general en 2022, es el encargado de llevar varios casos importantes en la Fiscalía, que han marcado la agenda judicial en los últimos años. Uno de ellos es la investigación que se sigue en contra de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por haber incurrido en supuestas irregularidades en 106 contratos de prestación de servicios que firmó después de ser despedida como jefe de esa cartera, entre el 2 y 6 de marzo de 2023, los cuales sumarían alrededor de $21.000 millones.

El nuevo fiscal del caso Uribe, también es quien lleva una de las investigaciones que adelanta la Fiscalía en contra del exgobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo. El ente investigador lo tiene en la mira por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, porque hubo una serie de irregularidades en una contratación para construir una megabiblioteca en el colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino en Santa Marta, por más de $10.004 millones.

Lea: “No se puede seguir dilatando el caso del expresidente Uribe”: Cepeda a Barbosa

Otro de los casos que maneja el fiscal Salcedo Fuentes es la investigación en contra del fiscal Daniel Hernández. El primer hecho que enreda a Daniel Hernández tiene que ver con los exdirectivos de la brasileña Odebrecht. En concreto, tres de ellos: Eder Ferracuti, Mauricio Marangoni y Amilton Hideaki. El fiscal Hernández, en 2017, solicitó órdenes de captura en su contra. Sin embargo, al parecer, jamás gestionó esas órdenes con Interpol, para que la justicia diera con ellos en Brasil. En segundo lugar, la Fiscalía asegura que el fiscal Hernández “ejerció violencia moral” para que, supuestamente, el exsenador Otto Bula —uno de los principales testigos del caso Odebrecht— no testificara en contra del exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

La decisión de cambio de fiscal se conoció justo cuando se cumplía el plazo máximo que le había otorgado el Tribunal Superior de Bogotá a la Fiscalía para radicar la preclusión o el escrito de acusación y la argumentación de dicha decisión. En octubre pasado, el Tribunal había decidido, en segunda instancia, que la investigación no podía cerrarse, pues el ente investigador aún tenía evidencia para mantener el proceso vigente. Esta decisión era la tercera que emitía la justicia sobre la imposibilidad de cerrar el caso, contrario a lo que pretendía la Fiscalía, Procuraduría y la defensa de Uribe.

El caso tiene su génesis en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, por presentar testimonios de exparamilitares que supuestamente lo vinculaban con las autodefensas. Sin embargo, en febrero de 2018, el proceso tuvo un giro inesperado cuando el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles faltas en la defensa del exmandatario. En ese momento, empezó una larga batalla judicial en la Corte Suprema de Justicia, hasta que el expresidente renunció a su curul y el proceso se trasladó a la Justicia ordinaria.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Un nuevo giro vivió este martes el caso que se adelanta por presunto fraude procesal y soborno de testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Justo cuando se esperaba que el fiscal Andrés Palencia decidiera si llevar a juicio o pedir una nueva preclusión a favor del expresidente, el funcionario judicial renunció. Y en el último día que tenía de plazo para decidir. Para dar continuidad al caso fue asignado Víctor Andrés Salcedo Fuentes, fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá 90 días para decidir entre las mismas dos opciones.

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Salcedo Fuentes, quien fue candidato a contralor general en 2022, es el encargado de llevar varios casos importantes en la Fiscalía, que han marcado la agenda judicial en los últimos años. Uno de ellos es la investigación que se sigue en contra de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por haber incurrido en supuestas irregularidades en 106 contratos de prestación de servicios que firmó después de ser despedida como jefe de esa cartera, entre el 2 y 6 de marzo de 2023, los cuales sumarían alrededor de $21.000 millones.

El nuevo fiscal del caso Uribe, también es quien lleva una de las investigaciones que adelanta la Fiscalía en contra del exgobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo. El ente investigador lo tiene en la mira por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, porque hubo una serie de irregularidades en una contratación para construir una megabiblioteca en el colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino en Santa Marta, por más de $10.004 millones.

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La decisión de cambio de fiscal se conoció justo cuando se cumplía el plazo máximo que le había otorgado el Tribunal Superior de Bogotá a la Fiscalía para radicar la preclusión o el escrito de acusación y la argumentación de dicha decisión. En octubre pasado, el Tribunal había decidido, en segunda instancia, que la investigación no podía cerrarse, pues el ente investigador aún tenía evidencia para mantener el proceso vigente. Esta decisión era la tercera que emitía la justicia sobre la imposibilidad de cerrar el caso, contrario a lo que pretendía la Fiscalía, Procuraduría y la defensa de Uribe.

El caso tiene su génesis en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, por presentar testimonios de exparamilitares que supuestamente lo vinculaban con las autodefensas. Sin embargo, en febrero de 2018, el proceso tuvo un giro inesperado cuando el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles faltas en la defensa del exmandatario. En ese momento, empezó una larga batalla judicial en la Corte Suprema de Justicia, hasta que el expresidente renunció a su curul y el proceso se trasladó a la Justicia ordinaria.

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