Uspec no ejecutó casi $45.000 millones que iban para mejorar la situación de las cárceles
La conclusión es de la Contraloría General, que encontró en una auditoría a los números de la Unidad de Servicios Penitenciarios, que se dejaron de ejecutar miles de millones que había pedido para aliviar crisis carcelaria.
Aunque apenas el 22 de marzo pasado se declaró la emergencia carcelaria, las cárceles de Colombia llevan décadas en crisis, como ha demostrado la Corte Constitucional en reiteradas sentencias que sostienen que en las prisiones del país se vive un Estado de Cosas Inconstitucional. Es decir, violaciones constantes y permanentes de derechos fundamentales. Los problemas incluyen los altos índices de hacinamiento por falta de infraestructura y la bajísima calidad en la alimentación, elementos que son responsabilidad directa de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec). Una entidad que, encontró la Contraloría, ni siquiera está ejecutando la totalidad de su presupuesto.
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En una auditoría financiera que le hizo el ente de control concluyó que “en la vigencia 2019, la Uspec dejó de ejecutar $44.922 millones de su apropiación presupuestal para inversión”. Es decir, el año pasado la entidad tenía asignados $285.035 millones para contratar salud, alimentación e infraestructura para las cárceles y apenas suscribió contratos por $240.112 millones, dejando sin ejecutar casi $45.000 millones, que podrían haber sido utilizados para, por ejemplo, reducir el hacinamiento carcelario que comenzando el 2020 llegaba al 52%, según cifras del propio Inpec.
La Uspec, creada en 2012 cuando el ministro de Justicia estaba al mando de Germán Vargas Lleras, ha tenido múltiples directores desde sus inicios. Este, dicen sindicatos de funcionarios penitenciarios, ha sido un problema pues la entidad no tiene una continuidad en su dirección. Por ejemplo, de los recursos no ejecutados en 201, la Contraloría halló que $28.909 millones estaban programados para servicio de información penitenciaria y carcelaria para la toma de decisiones y otros $14.720 millones para infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento.
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Ahora, a la Contraloría también le preocupa que desde 2018 la Uspec había pedido vigencias futuras. Es decir, que le aprobaran recursos superiores a los del año posterior para invertir, por ejemplo, en infraestructura. Fue así como en 2019 la entidad recibió $101.803 millones adicionales para funcionamiento e inversión. Aunque en la mayoría de las entidades las vigencias futuras se comprometen con rapidez en su totalidad en el caso de la Uspec no fue así “y dejó sin utilizar $17.934 millones de las vigencias futuras para el desarrollo de los procesos contractuales orientados a la adquisición de bienes, servicios y para los proyectos de inversión de la entidad”, dice la Contraloría.
El ente de control también encontró fallas en la supervisión de los contratos. Por ejemplo, en 2018 la Uspec liquidó un contrato de fiducia mercantil por más de $16.000 millones que venía en firme desde 2015. Sin embargo, en el acta de liquidación no hay registro de los saldos ni legalización de los rendimientos financieros. “El hecho de contar con recursos sin legalizar sobre un contrato liquidado, se presenta por deficiencia en los controles y falta de seguimiento efectivo por parte del supervisor”, agregó la Contraloría.
Aunque apenas el 22 de marzo pasado se declaró la emergencia carcelaria, las cárceles de Colombia llevan décadas en crisis, como ha demostrado la Corte Constitucional en reiteradas sentencias que sostienen que en las prisiones del país se vive un Estado de Cosas Inconstitucional. Es decir, violaciones constantes y permanentes de derechos fundamentales. Los problemas incluyen los altos índices de hacinamiento por falta de infraestructura y la bajísima calidad en la alimentación, elementos que son responsabilidad directa de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec). Una entidad que, encontró la Contraloría, ni siquiera está ejecutando la totalidad de su presupuesto.
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En una auditoría financiera que le hizo el ente de control concluyó que “en la vigencia 2019, la Uspec dejó de ejecutar $44.922 millones de su apropiación presupuestal para inversión”. Es decir, el año pasado la entidad tenía asignados $285.035 millones para contratar salud, alimentación e infraestructura para las cárceles y apenas suscribió contratos por $240.112 millones, dejando sin ejecutar casi $45.000 millones, que podrían haber sido utilizados para, por ejemplo, reducir el hacinamiento carcelario que comenzando el 2020 llegaba al 52%, según cifras del propio Inpec.
La Uspec, creada en 2012 cuando el ministro de Justicia estaba al mando de Germán Vargas Lleras, ha tenido múltiples directores desde sus inicios. Este, dicen sindicatos de funcionarios penitenciarios, ha sido un problema pues la entidad no tiene una continuidad en su dirección. Por ejemplo, de los recursos no ejecutados en 201, la Contraloría halló que $28.909 millones estaban programados para servicio de información penitenciaria y carcelaria para la toma de decisiones y otros $14.720 millones para infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento.
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Ahora, a la Contraloría también le preocupa que desde 2018 la Uspec había pedido vigencias futuras. Es decir, que le aprobaran recursos superiores a los del año posterior para invertir, por ejemplo, en infraestructura. Fue así como en 2019 la entidad recibió $101.803 millones adicionales para funcionamiento e inversión. Aunque en la mayoría de las entidades las vigencias futuras se comprometen con rapidez en su totalidad en el caso de la Uspec no fue así “y dejó sin utilizar $17.934 millones de las vigencias futuras para el desarrollo de los procesos contractuales orientados a la adquisición de bienes, servicios y para los proyectos de inversión de la entidad”, dice la Contraloría.
El ente de control también encontró fallas en la supervisión de los contratos. Por ejemplo, en 2018 la Uspec liquidó un contrato de fiducia mercantil por más de $16.000 millones que venía en firme desde 2015. Sin embargo, en el acta de liquidación no hay registro de los saldos ni legalización de los rendimientos financieros. “El hecho de contar con recursos sin legalizar sobre un contrato liquidado, se presenta por deficiencia en los controles y falta de seguimiento efectivo por parte del supervisor”, agregó la Contraloría.