Van 164 masacres desde que se firmó el Acuerdo de Paz, alerta la JEP

Los indicadores de violencia que maneja la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), registrados entre el 1º de enero y el pasado 21 de febrero, evidencian niveles que Colombia no había vivido durante los últimos cuatro años. Tal es el aumento de las masacres en ese periodo, que si se suman los hechos perpetrados en el mismo lapso entre 2019 y 2020 –ocho y seis respectivamente–, no se alcanzaría la misma cifra que ya ha sufrido la población colombiana durante el presente año: un total de 16 masacres. Una cada 3,25 días en promedio.

Lea también: Después del acuerdo de paz, el 52% de los líderes sociales fue asesinado en este Gobierno.

Asimismo, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP da cuenta de otras cifras alarmantes tras la firma de los Acuerdos de Paz. Por ejemplo, el órgano de justicia transicional ha registrado un total de 39 amenazas contra líderes sociales en el presente año, en contraste, en el 2020 se presentaron solo cuatro casos. Las cuentas de la Unidad hablan, en cuanto a las amenazas, de un fenómeno constante que curiosamente cada dos años aumenta. En 2017 se dieron 17; en 2018 la cuenta es de seis; y en 2019 la cifra volvió a crecer a 13. Todo entre el 1º de enero y el 21 de febrero de los años descritos.

“El 2021 ha evidenciado un crecimiento significativo en las amenazas de muerte. La mayoría de las acciones intimidantes están asociadas a una ‘etiqueta criminal’ denominada ‘Águilas Negras’. Aunque ésta no tiene una jerarquía de mando claramente identificable, un control territorial y un contacto permanente con la población civil, la JEP observó patrones de actuación delictivos que indican que las amenazas proferidas tienen un dispositivo de origen coordinado y planificado, cuyo propósito es generar zozobra y temor en organizaciones defensoras de derechos humanos”, agregó la Unidad de Investigación y Acusación de la jurisdicción transicional.

En contexto: En 2021 han asesinado a un líder social cada dos días, según registros de Indepaz.

Otro de los indicadores que ha aumentado en 2021 fue el de hostigamientos contra líderes sociales. De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, se han registrado 15 casos en el periodo mencionado, mientras que en ese lapso de 2020 la cifra se ubicó en nueve. Otro de los fenómenos preocupantes descritos por el órgano de justicia transicional es el confinamiento de comunidades, que en menos de tres meses ya cuenta con ocho episodios. El año pasado la estadística se ubicó en siete, luego de que, entre 2017 y 2019, solo se registrara un confinamiento.

Ituango, en Antioquia, es una de las regiones que más ha sufrido durante el presente año por confinamientos de grupos armados ilegales. Por ejemplo, el pasado 14 de febrero, 20 familias llegaron desplazadas al casco urbano del mismo municipio, desde las veredas El Quindío, Quebrada del Medio, Las Arañas y El Alto del Limón, pues habían quedado en medio del fuego cruzado por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. En Antioquia, además, se han presentado cuatro de las 16 masacres durante 2021. Tal departamento comparte el crudo escalafón con Nariño.

Lea también: Cerca de 20 familias llegaron desplazadas al casco urbano de Ituango.

Precisamente, el departamento de Nariño ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia en los últimos cuatro años. De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, El 13% de las masacres presentadas tras la firma de los Acuerdos de Paz se han presentado en Nariño, es decir, 22 de las 164. “El común de estos hechos son las características ‘sicariales’, es decir que son realizados por pocas personas de manera rápida”, advierte el documento de monitoreo.

Tumaco, en particular, está viviendo un calvario, pues de las masacres perpetradas en Nariño, el 45% fueron registradas en ese municipio del Pacífico. La última noticia criminal data del pasado 22 de febrero, cuando un grupo de hombres armados secuestró, torturó y asesinó a cuatro personas en el sector La Variante. De acuerdo con la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), una de las víctimas fue Marcos Paí, de 40 años, exgobernador y líder indígena del resguardo La Brava, de Tumaco. Según la denuncia, quienes murieron aquel día habrían incumplido un toque de queda impuesto por un grupo armado ilegal aún no identificado.

“En el caso de Nariño, los grupos armados involucrados han utilizado esta forma masiva de violencia durante sus enfrentamientos como elemento generador de temor en la población, y así avanzar en sus tácticas de control social. En un tercio de los casos a nivel departamental se encontró que las masacres fueron ejecutadas por un alto número de hombres armados dedicados especialmente a custodiar las zonas ya ocupadas”, explica la JEP.

“En muchas ocasiones se busca que este sea un acto de violencia anónimo ya que los grupos armados organizados prefieren no ser identificados por las autoridades y las mismas comunidades”, continuó la Unidad de Investigación y Acusación, que además dejó clara una advertencia: “Hay que descartar cualquier hipótesis explicativa que intente relacionar las masacres con riñas o problemas personales ya que sólo 3 (del total nacional) de estas podrían ser indicativas de esta motivación”. Y lo peor: al menos en 15 % de las masacres se han detectado señales de tortura en las víctimas.

Lea también: “La estrategia oficial busca tapar el sol con un dedo”.

Por otro lado, según el documento conocido por El Espectador, la JEP ha hecho un seguimiento a las palabras clave consignadas en los panfletos de las Águilas Negras y en mensajes de odio distribuidos por Twitter, contra organizaciones intervinientes ante el órgano de paz. De acuerdo con el estudio, hay coincidencia en expresiones como: “comunista de mierda”, “criminal de izquierda”, “castrochavista”, “guerrillero camuflado de defensor de Derechos Humanos”, “delincuentes”, “marihuaneros” y “sapos”. Asimismo, el grupo criminal sostiene palabras como: “empieza la limpieza social”; “muerte y patria”; “objetivo militar”, “haremos justicia”, “comunistas”, “guerrilleros camuflados de líderes sociales”; “basta de marcha y sindicatos”.

“Al analizar estadísticamente el tipo de sector poblacional afectado por las agresiones intimidantes realizadas por las Águilas Negras, fue posible identificar tres grupos de víctimas: Población objeto de la JEP (42 panfletos); Políticos o líderes de movimientos y partidos de izquierda (45); Y personas consideradas como repudiables y transgresoras del orden social (55)”, agrega la Unidad. Así las cosas, una de cada cuatro amenazas es dirigida hacia organizaciones que tienen un diálogo constante con el órgano de justicia transicional.

Las cifras de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP hablan de un país que no ha blindado sus Acuerdos de Paz y cuyos fenómenos de violencia siguen siendo constantes. Durante 2021, cada tres días fue perpetrado un homicidio contra un reincorporado; un líder social fue asesinado cada 72 horas y, de ellos, el 60% ejercía un liderazgo en una comunidad indígena; se han desplazado aproximadamente 219 familias y 1.691 personas desde diferentes regiones del país; además, permanecen en confinamiento más de 731 familias; y la Fuerza Pública capturó a 188 presuntos integrantes de grupos armados al margen de la ley.

Los indicadores de violencia que maneja la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), registrados entre el 1º de enero y el pasado 21 de febrero, evidencian niveles que Colombia no había vivido durante los últimos cuatro años. Tal es el aumento de las masacres en ese periodo, que si se suman los hechos perpetrados en el mismo lapso entre 2019 y 2020 –ocho y seis respectivamente–, no se alcanzaría la misma cifra que ya ha sufrido la población colombiana durante el presente año: un total de 16 masacres. Una cada 3,25 días en promedio.

Lea también: Después del acuerdo de paz, el 52% de los líderes sociales fue asesinado en este Gobierno.

Asimismo, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP da cuenta de otras cifras alarmantes tras la firma de los Acuerdos de Paz. Por ejemplo, el órgano de justicia transicional ha registrado un total de 39 amenazas contra líderes sociales en el presente año, en contraste, en el 2020 se presentaron solo cuatro casos. Las cuentas de la Unidad hablan, en cuanto a las amenazas, de un fenómeno constante que curiosamente cada dos años aumenta. En 2017 se dieron 17; en 2018 la cuenta es de seis; y en 2019 la cifra volvió a crecer a 13. Todo entre el 1º de enero y el 21 de febrero de los años descritos.

“El 2021 ha evidenciado un crecimiento significativo en las amenazas de muerte. La mayoría de las acciones intimidantes están asociadas a una ‘etiqueta criminal’ denominada ‘Águilas Negras’. Aunque ésta no tiene una jerarquía de mando claramente identificable, un control territorial y un contacto permanente con la población civil, la JEP observó patrones de actuación delictivos que indican que las amenazas proferidas tienen un dispositivo de origen coordinado y planificado, cuyo propósito es generar zozobra y temor en organizaciones defensoras de derechos humanos”, agregó la Unidad de Investigación y Acusación de la jurisdicción transicional.

En contexto: En 2021 han asesinado a un líder social cada dos días, según registros de Indepaz.

Otro de los indicadores que ha aumentado en 2021 fue el de hostigamientos contra líderes sociales. De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, se han registrado 15 casos en el periodo mencionado, mientras que en ese lapso de 2020 la cifra se ubicó en nueve. Otro de los fenómenos preocupantes descritos por el órgano de justicia transicional es el confinamiento de comunidades, que en menos de tres meses ya cuenta con ocho episodios. El año pasado la estadística se ubicó en siete, luego de que, entre 2017 y 2019, solo se registrara un confinamiento.

Ituango, en Antioquia, es una de las regiones que más ha sufrido durante el presente año por confinamientos de grupos armados ilegales. Por ejemplo, el pasado 14 de febrero, 20 familias llegaron desplazadas al casco urbano del mismo municipio, desde las veredas El Quindío, Quebrada del Medio, Las Arañas y El Alto del Limón, pues habían quedado en medio del fuego cruzado por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. En Antioquia, además, se han presentado cuatro de las 16 masacres durante 2021. Tal departamento comparte el crudo escalafón con Nariño.

Lea también: Cerca de 20 familias llegaron desplazadas al casco urbano de Ituango.

Precisamente, el departamento de Nariño ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia en los últimos cuatro años. De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, El 13% de las masacres presentadas tras la firma de los Acuerdos de Paz se han presentado en Nariño, es decir, 22 de las 164. “El común de estos hechos son las características ‘sicariales’, es decir que son realizados por pocas personas de manera rápida”, advierte el documento de monitoreo.

Tumaco, en particular, está viviendo un calvario, pues de las masacres perpetradas en Nariño, el 45% fueron registradas en ese municipio del Pacífico. La última noticia criminal data del pasado 22 de febrero, cuando un grupo de hombres armados secuestró, torturó y asesinó a cuatro personas en el sector La Variante. De acuerdo con la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), una de las víctimas fue Marcos Paí, de 40 años, exgobernador y líder indígena del resguardo La Brava, de Tumaco. Según la denuncia, quienes murieron aquel día habrían incumplido un toque de queda impuesto por un grupo armado ilegal aún no identificado.

“En el caso de Nariño, los grupos armados involucrados han utilizado esta forma masiva de violencia durante sus enfrentamientos como elemento generador de temor en la población, y así avanzar en sus tácticas de control social. En un tercio de los casos a nivel departamental se encontró que las masacres fueron ejecutadas por un alto número de hombres armados dedicados especialmente a custodiar las zonas ya ocupadas”, explica la JEP.

“En muchas ocasiones se busca que este sea un acto de violencia anónimo ya que los grupos armados organizados prefieren no ser identificados por las autoridades y las mismas comunidades”, continuó la Unidad de Investigación y Acusación, que además dejó clara una advertencia: “Hay que descartar cualquier hipótesis explicativa que intente relacionar las masacres con riñas o problemas personales ya que sólo 3 (del total nacional) de estas podrían ser indicativas de esta motivación”. Y lo peor: al menos en 15 % de las masacres se han detectado señales de tortura en las víctimas.

Lea también: “La estrategia oficial busca tapar el sol con un dedo”.

Por otro lado, según el documento conocido por El Espectador, la JEP ha hecho un seguimiento a las palabras clave consignadas en los panfletos de las Águilas Negras y en mensajes de odio distribuidos por Twitter, contra organizaciones intervinientes ante el órgano de paz. De acuerdo con el estudio, hay coincidencia en expresiones como: “comunista de mierda”, “criminal de izquierda”, “castrochavista”, “guerrillero camuflado de defensor de Derechos Humanos”, “delincuentes”, “marihuaneros” y “sapos”. Asimismo, el grupo criminal sostiene palabras como: “empieza la limpieza social”; “muerte y patria”; “objetivo militar”, “haremos justicia”, “comunistas”, “guerrilleros camuflados de líderes sociales”; “basta de marcha y sindicatos”.

“Al analizar estadísticamente el tipo de sector poblacional afectado por las agresiones intimidantes realizadas por las Águilas Negras, fue posible identificar tres grupos de víctimas: Población objeto de la JEP (42 panfletos); Políticos o líderes de movimientos y partidos de izquierda (45); Y personas consideradas como repudiables y transgresoras del orden social (55)”, agrega la Unidad. Así las cosas, una de cada cuatro amenazas es dirigida hacia organizaciones que tienen un diálogo constante con el órgano de justicia transicional.

Las cifras de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP hablan de un país que no ha blindado sus Acuerdos de Paz y cuyos fenómenos de violencia siguen siendo constantes. Durante 2021, cada tres días fue perpetrado un homicidio contra un reincorporado; un líder social fue asesinado cada 72 horas y, de ellos, el 60% ejercía un liderazgo en una comunidad indígena; se han desplazado aproximadamente 219 familias y 1.691 personas desde diferentes regiones del país; además, permanecen en confinamiento más de 731 familias; y la Fuerza Pública capturó a 188 presuntos integrantes de grupos armados al margen de la ley.