“Van a ser los mejores establecimientos carcelarios del país”: Uspec a Contraloría

El 31 de mayo de 2014, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) firmaron dos contratos para ampliar las cárceles de Girón (Santander) e Ipiales (Nariño), respectivamente. Las obras duraron seis años en hacerse realidad pero, según la Contraloría, ni siquiera están en funcionamiento y, encima de todo, pudo presentarse un detrimento patrimonial de $180.000 millones.

En contexto: Contraloría advierte millonario detrimento en obras de cárceles de Girón e Ipiales

A pesar de estar ausente durante el proceso vigilado con lupa por la Contraloría, pues tomó posesión hace menos de un año, el director de la Uspec Andrés Días Hernández, en diálogo con El Espectador, aseguró que las supuestas irregularidades ya fueron superadas por la institución. El alto funcionario asegur, además, que en los próximos días las nuevas instalaciones, que aún no están en funcionamiento, serán ocupadas por alrededor de 4.000 privados de la libertad, lo cual servirá para deshacinar otras cárceles del país.

“Esta semana, el lunes y martes, de manera articulada con el Inpec hicimos la entrega de Ipiales. En los próximos días ya llegarán los primeros privados de la libertad a Ipiales y en los próximos días haremos lo propio con Girón, es decir, el riesgo de detrimento que planteó la Contraloría se soluciona con la entrada a los establecimientos en funcionamiento. La Contraloría se dio cuenta de que son obras funcionales y son obras buenas. Esos dos establecimientos van a ser los mejores en infraestructura y en operación que puede haber en el país”, explicó Hernández.

Mientras ambas ampliaciones entran en funcionamiento, la Contraloría allegó el informe de auditoría al director del Inpec, el general Mariano de la Cruz Botero. Entre los elementos que encontró el órgano de control hay posibles millonarios sobrecostos en cada una de las obras. Por ejemplo, la ampliación de la cárcel de Girón se firmó por $63.673′297.882 y, allí, se pensaba cortar el listón el 11 de febrero de 2016. Sin embargo, en total se presentaron 16 prórrogas y seis suspensiones del contrato.

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Tal sería la dilación en el contrato para la cárcel de Girón, que durante los últimos años se firmaron cinco otrosíes para adicionar recursos, lo cual terminó elevando los costos del proyecto a más de $90 mil millones. “Las obras iniciaron en el 2015. En el 2018 se encontraron algunas necesidades de aplicación de recursos para hacerlas funcionales y para ejecutar algunas obras que eran necesarias para su funcionamiento, especialmente en materia de tratamiento de aguas residuales. Las obras se terminaron finalizando el año”, explicó el director de la Uspec.

La ampliación de la cárcel de Ipiales, según la Contraloría, fue similar. Hace poco más de un mes, el ministro de Defensa Wilson Ruiz cortó el listón en el establecimiento, indicando que la obra permitirá “consolidar para la región el objetivo de buscar la resocialización” y con la apertura de nuevos cupos se promoverá “la humanización de la pena”. En contraste, según la revisión del órgano de control, durante el desarrollo de esa obra pudo haber generado sobrecostos por más de $20 mil millones.

La Contraloría encontró, sobre el proyecto en Ipiales, que se presentaron 14 prorrogas y seis suspensiones de contrato. “A pesar de que el pasado 11 de febrero de 2021 el Gobierno Nacional protocolizó ante medios de comunicación la inauguración de los nuevos pabellones de la cárcel de Ipiales, lo cierto es que a la fecha no se encuentran en funcionamiento y el Inpec no ha recibido las instalaciones por varios pendientes que tiene la infraestructura física”, expuso la institución en el informe conocido por este diario.

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En contraste con los hallazgos de la Contraloría, Andrés Díaz Hernández considera que, aún con los retrasos, los internos trasladados allí se ubicaran en cárceles con los mejores estándares en Colombia: “Estamos seguros que son los establecimientos en mejores condiciones de funcionamiento del país, no solo en infraestructura sino también en cuanto a dotación para todos los aspectos de preparación de alimentos, de sanidad, y especialmente en espacios de resocialización. Todos los talleres se encuentran totalmente dotados”.

Asimismo, el director de la Uspec puso la cara por la institución, la cual demoró más de 5 años en entregar unas obras con, según la Contraloría, millonarios sobrecostos. “Evidentemente la obra debió ejecutarse en un tiempo inferior, eso hay que reconocerlo. Lo que estamos haciendo es, para las obras nuevas estamos, corregir esas circunstancias que se presentaron en Ipiales y Girón y que pueden generar retrasos de obra. Por ejemplo, el trámite de licencias ambientales, debe uno buscar iniciar su trámite en el momento en que se está iniciando la ejecución de la obra o cuando efectivamente ya están listas, y no esperar a un punto final”.

De hecho, la obtención de la licencia ambiental para la ampliación a la cárcel de Girón fue uno de los motivos de las suspensiones del contrato. En su momento, el Director de Infraestructura solicitó congelar la obra, pues necesitaba la visita de un funcionario de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), el cual debía determinar si la licencia ambiental era necesaria para la ejecución del proyecto. Tras la visita, la autoridad solicitó replantear el área escogida por las afectaciones al medio ambiente que podría generar la construcción.

Por la visita del funcionario de la CDMB, la Uspec se vio obligado a adquirir otro lote y ajustar los diseños, además tuvo que adicionar otros elementos que no estaban previstos, los cual generó prorrogas y nuevos costos, según la Contraloría. Además, el ente de control aseguró que visitó la cárcel de Girón a finales de 2020, en compañía de funcionarios del Inpec y de la Uspec, en los cuales evidenció pendientes de forma y fondo. Por ejemplo, había puertas que no cerraban, extintores vencidos, zonas de lavado sin grifería. En total fueron 20 observaciones.

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Al final, el director de la Uspec, concluyó que esas observaciones ya están siendo mejoradas, y serán solventadas en su totalidad en los próximos meses: “De las que menciona la Contraloría, buena parte ya fueron corregidas por parte del constructor y las otras van a ser contratadas por parte de la Uspec en diferentes momentos. Hoy estamos contratando unas primeras obras menores, especialmente relacionadas con relación a la guardia del establecimiento y vamos a hacer otras que esperamos ejecutar este año aproximadamente. Esas son obras que se necesitan para una mejor operación, pero hoy en día la operación está garantizada”.

El 31 de mayo de 2014, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) firmaron dos contratos para ampliar las cárceles de Girón (Santander) e Ipiales (Nariño), respectivamente. Las obras duraron seis años en hacerse realidad pero, según la Contraloría, ni siquiera están en funcionamiento y, encima de todo, pudo presentarse un detrimento patrimonial de $180.000 millones.

En contexto: Contraloría advierte millonario detrimento en obras de cárceles de Girón e Ipiales

A pesar de estar ausente durante el proceso vigilado con lupa por la Contraloría, pues tomó posesión hace menos de un año, el director de la Uspec Andrés Días Hernández, en diálogo con El Espectador, aseguró que las supuestas irregularidades ya fueron superadas por la institución. El alto funcionario asegur, además, que en los próximos días las nuevas instalaciones, que aún no están en funcionamiento, serán ocupadas por alrededor de 4.000 privados de la libertad, lo cual servirá para deshacinar otras cárceles del país.

“Esta semana, el lunes y martes, de manera articulada con el Inpec hicimos la entrega de Ipiales. En los próximos días ya llegarán los primeros privados de la libertad a Ipiales y en los próximos días haremos lo propio con Girón, es decir, el riesgo de detrimento que planteó la Contraloría se soluciona con la entrada a los establecimientos en funcionamiento. La Contraloría se dio cuenta de que son obras funcionales y son obras buenas. Esos dos establecimientos van a ser los mejores en infraestructura y en operación que puede haber en el país”, explicó Hernández.

Mientras ambas ampliaciones entran en funcionamiento, la Contraloría allegó el informe de auditoría al director del Inpec, el general Mariano de la Cruz Botero. Entre los elementos que encontró el órgano de control hay posibles millonarios sobrecostos en cada una de las obras. Por ejemplo, la ampliación de la cárcel de Girón se firmó por $63.673′297.882 y, allí, se pensaba cortar el listón el 11 de febrero de 2016. Sin embargo, en total se presentaron 16 prórrogas y seis suspensiones del contrato.

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Tal sería la dilación en el contrato para la cárcel de Girón, que durante los últimos años se firmaron cinco otrosíes para adicionar recursos, lo cual terminó elevando los costos del proyecto a más de $90 mil millones. “Las obras iniciaron en el 2015. En el 2018 se encontraron algunas necesidades de aplicación de recursos para hacerlas funcionales y para ejecutar algunas obras que eran necesarias para su funcionamiento, especialmente en materia de tratamiento de aguas residuales. Las obras se terminaron finalizando el año”, explicó el director de la Uspec.

La ampliación de la cárcel de Ipiales, según la Contraloría, fue similar. Hace poco más de un mes, el ministro de Defensa Wilson Ruiz cortó el listón en el establecimiento, indicando que la obra permitirá “consolidar para la región el objetivo de buscar la resocialización” y con la apertura de nuevos cupos se promoverá “la humanización de la pena”. En contraste, según la revisión del órgano de control, durante el desarrollo de esa obra pudo haber generado sobrecostos por más de $20 mil millones.

La Contraloría encontró, sobre el proyecto en Ipiales, que se presentaron 14 prorrogas y seis suspensiones de contrato. “A pesar de que el pasado 11 de febrero de 2021 el Gobierno Nacional protocolizó ante medios de comunicación la inauguración de los nuevos pabellones de la cárcel de Ipiales, lo cierto es que a la fecha no se encuentran en funcionamiento y el Inpec no ha recibido las instalaciones por varios pendientes que tiene la infraestructura física”, expuso la institución en el informe conocido por este diario.

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En contraste con los hallazgos de la Contraloría, Andrés Díaz Hernández considera que, aún con los retrasos, los internos trasladados allí se ubicaran en cárceles con los mejores estándares en Colombia: “Estamos seguros que son los establecimientos en mejores condiciones de funcionamiento del país, no solo en infraestructura sino también en cuanto a dotación para todos los aspectos de preparación de alimentos, de sanidad, y especialmente en espacios de resocialización. Todos los talleres se encuentran totalmente dotados”.

Asimismo, el director de la Uspec puso la cara por la institución, la cual demoró más de 5 años en entregar unas obras con, según la Contraloría, millonarios sobrecostos. “Evidentemente la obra debió ejecutarse en un tiempo inferior, eso hay que reconocerlo. Lo que estamos haciendo es, para las obras nuevas estamos, corregir esas circunstancias que se presentaron en Ipiales y Girón y que pueden generar retrasos de obra. Por ejemplo, el trámite de licencias ambientales, debe uno buscar iniciar su trámite en el momento en que se está iniciando la ejecución de la obra o cuando efectivamente ya están listas, y no esperar a un punto final”.

De hecho, la obtención de la licencia ambiental para la ampliación a la cárcel de Girón fue uno de los motivos de las suspensiones del contrato. En su momento, el Director de Infraestructura solicitó congelar la obra, pues necesitaba la visita de un funcionario de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), el cual debía determinar si la licencia ambiental era necesaria para la ejecución del proyecto. Tras la visita, la autoridad solicitó replantear el área escogida por las afectaciones al medio ambiente que podría generar la construcción.

Por la visita del funcionario de la CDMB, la Uspec se vio obligado a adquirir otro lote y ajustar los diseños, además tuvo que adicionar otros elementos que no estaban previstos, los cual generó prorrogas y nuevos costos, según la Contraloría. Además, el ente de control aseguró que visitó la cárcel de Girón a finales de 2020, en compañía de funcionarios del Inpec y de la Uspec, en los cuales evidenció pendientes de forma y fondo. Por ejemplo, había puertas que no cerraban, extintores vencidos, zonas de lavado sin grifería. En total fueron 20 observaciones.

Está pasando en Bogotá: Centro Día en Bosa: un elefante blanco en la mira de la Contraloría.

Al final, el director de la Uspec, concluyó que esas observaciones ya están siendo mejoradas, y serán solventadas en su totalidad en los próximos meses: “De las que menciona la Contraloría, buena parte ya fueron corregidas por parte del constructor y las otras van a ser contratadas por parte de la Uspec en diferentes momentos. Hoy estamos contratando unas primeras obras menores, especialmente relacionadas con relación a la guardia del establecimiento y vamos a hacer otras que esperamos ejecutar este año aproximadamente. Esas son obras que se necesitan para una mejor operación, pero hoy en día la operación está garantizada”.