Venezolanos en cárceles colombianas, más allá de las cifras

Más allá de las cifras: migrantes en las cárceles

Foto: Vito

Las cárceles y otros centros de reclusión en Colombia están desbordadas. Hacinamiento, violaciones a los derechos de la población interna y obstáculos para el acceso de beneficios son algunos de los problemas más denunciados. Estas situaciones que son ya difíciles para los nacionales empeoran para los extranjeros.

(Lea la primera entrega: Vivir entre ausencias y barrotes: los migrantes en las cárceles colombianas)

En este reportaje se presentarán testimonios del difícil acceso que tienen los extranjeros, especialmente la población venezolana, para comunicarse con sus familias, acceder a servicios de salud, de asesoría jurídica, recibir medicamentos, pero sobre todo, la estigmatización y discriminación al interior de los penales por su lugar de procedencia.

Un contexto migratorio

La sensible crisis económica y social en Venezuela ha llevado a millones de ciudadanos venezolanos a migrar a distintas partes del mundo. Según el gobierno colombiano, alrededor de dos millones de ellos se encuentran en Colombia.

Los cierres periódicos de la frontera entre ambos países han hecho que un número indeterminado de venezolanos crucen hacia Colombia informalmente para luego recorrer cientos de kilómetros, a pie, en bus, y llegar a las diferentes ciudades.

Muchos de ellos, a veces familias completas, que arriban cargando su equipaje al hombro, no tienen regularizada su situación legal en Colombia. No cuentan con pasaporte u otros documentos que les permitan trabajar formalmente en el país, por lo que, en esa búsqueda de un presente mejor, terminan ocupando labores informales.

La precariedad económica, sumada al desarraigo, la xenofobia y el abandono de su propio país, que apenas ofrece servicios básicos y limitados de consulado (por operación del gobierno de Juan Guaidó, el reconocido por Iván Duque, y no el de Nicolás Maduro), pone en aprietos la situación de los migrantes.

En este escenario, reforzado por pasar los días en prisión, viven más de dos mil venezolanos que están en proceso de condena o sentenciados a cumplir detención intramural en Colombia. Sin embargo, el sistema carcelario nacional tiene otros problemas que acentúan la vulnerabilidad de los migrantes para la garantía de sus derechos humanos.

Hacinamiento desbordado en las cárceles del país

Cifras entregadas por Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, entidad que se encarga de la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, indican que a corte de marzo había 97.080 privados de la libertad en las cárceles. De ese número, 68.433 se encuentran condenados y 21.317, sindicados.

Además, en el país hay otras 72.240 personas con detención domiciliaria, datos que no alcanzan a aliviar el 19,97 % de sobrecupo en las cárceles.

Para el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, la causa principal del hacinamiento de estos lugares recae en la detención de los sindicados, personas que aún no han sido condenadas, pero que por precaución y para que no incidan en el juicio, se les impone la medida de aseguramiento.

Por eso “en 2021 fueron trasladadas más de 45 000 personas desde estaciones de policía y URI (Unidad de Reacción Inmediata) a Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron)”, dijo en rueda de prensa el pasado 6 de abril.

A finales del pasado mes de marzo, el Inpec informó que había 2859 extranjeros condenados o en proceso de juicio en las cárceles colombianas. El 2.9 % de la ocupación total.

En el caso de personas procedentes de Venezuela había 2398, lo que representa el 2.5 % del total de privados de la libertad y, si contrasta con los casi dos millones de migrantes venezolanos que han llegado a Colombia, sería el 0.1 %.

Ecuador (110 privados de la libertad), México (42), Costa Rica (31) y Nicaragua (28), son los otros países con mayor presencia de internos en las cárceles de Colombia.

En el caso de Bogotá, la alcaldesa Claudia López ha manifestado que en la ciudad hay más de 3 000 privados de la libertad en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata – URI – de la Fiscalía General de la Nación.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que la situación es realmente crítica en algunos de estos centros. En noviembre de 2021 realizó un recorrido y encontró que la URI de Engativá presentaba un hacinamiento del 442 % o la de Puente Aranda del 776 %.

De igual forma sucedió con las estaciones de Policía como la de Bosa, que tenía capacidad para 30 personas y registró 227 detenidos, presentando así un hacinamiento del 757 %, o la estación de Kennedy, con un hacinamiento del 1 016 %.

En estos lugares los detenidos deberían estar máximo 36 horas y en ocasiones están hasta dos años. “No se dan las condiciones mínimas para que habite una persona. Se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y alimentación, entre otras”, sostuvo Carlos Camargo, defensor del Pueblo tras la visita.

Ante este panorama, la administración distrital anunció a finales de 2021 la construcción de tres nuevas URI y puso en funcionamiento el nuevo Centro Especial de Reclusión – CER. Este último es un espacio temporal para sindicados que esperan una condena y traslado a una cárcel, o su puesta en libertad.  Este tiene capacidad para 489 personas y reduce el hacinamiento en un 29 %, según la administración distrital.

Los delitos con más condenados en el país, extranjeros y nacionales, son homicidio, hurto, concierto para delinquir, tráfico fabricación o porte de estupefacientes y porte de armas de fuego.

Según cifras del Inpec, con corte a marzo de 2022, el 64, % de las personas privadas de la libertad han sido procesados por alguna de estas conductas.

¿Un problema solo de sobrecupo?

La Corte Constitucional ha manifestado mediante sentencia que, si bien existe esta problemática desde hace años en las cárceles del país, la política criminal sigue sin resolver los temas de fondo.

“El hacinamiento no es el único problema del sistema penitenciario y carcelario del país. Sin embargo, toda la inversión presupuestal se ha dirigido únicamente a la creación de nuevos cupos carcelarios. Esta estrategia es insuficiente, ya que se abandona la atención de otras problemáticas igual de importantes”, manifiesta la corte en la sentencia T-762.

Este documento es crítico sobre el manejo y la atención de diversas problemáticas que produce una violación masiva de los derechos de los presos en Colombia y expone que el hacinamiento es apenas uno de los muchos problemas del sistema.

La adecuación y puesta en práctica de programas de resocialización, la adecuada prestación de los servicios de salud, acceso a agua potable, prevención de enfermedades al interior de los penales, la adecuación de espacios salubres e higiénicos, la garantía de seguridad y vigilancia para las personas privadas de la libertad son algunos de los temas que, según la corte, tienen al sector penitenciario en crisis.

Otro punto importante que revela la sentencia es la tendencia al populismo punitivo que se basa en la creación de nuevos delitos y el incremento en mínimas y máximas penas para delitos existentes. Esta combinación resulta en el aumento de personas privadas de la libertad y en que estas permanezcan más tiempo en prisión.

Solo entre 2000 y 2011 se crearon 47 nuevas conductas penales y se aumentaron las penas para 80 delitos, devela la sentencia. Para esto fueron expedidas 36 leyes que modificaron el Código penal, once promovidas por el ejecutivo, dos por la Fiscalía General de la Nación y llama la atención que más de la mitad (veinte) fueron iniciativa del Congreso de la República.

Para Norberto Hernández, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y conjuez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, “el legislador debe dejar de utilizar la ley penal como una herramienta para saciar ciertas pasiones que tiene la ciudadanía y obtener votos. Se deben tener criterios racionales y mucho más técnicos en la implementación de las leyes penales para que haya menos entrada de personas a los establecimientos de reclusión”, afirma.

Para el conjuez, aparte de construir cárceles, que sería una medida a mediano plazo, la verdadera solución pasa por un cambio en la política criminal del país para que se penalicen menos delitos con medida de prisión intramural y que el aumento de penas deje de ser una estrategia política para mejorar la imagen pública de congresistas.

Una crisis de institucionalidad

El Inpec enfrenta fuertes cuestionamientos por diversos escándalos. Solo en 2022 la entidad ha sido muy cuestionada tras conocerse el escándalo de presuntos permisos irregulares, que le permitieron al empresario y recluso Carlos Mattos, salir de la cárcel de La Picota y llegar hasta su antigua oficina en el norte de Bogotá sin mayores controles o vigilancia. Mattos, exrepresentante de Hyundai en Colombia, es acusado de soborno y otros delitos para favorecerse en un proceso legal. Este hecho causó la destitución del general Mariano Botero como director del Inpec.

Por si fuera poco, unos días después el país se enteró de una nueva fuga en el mismo centro penitenciario, se trató de Juan Larrison Castro, alias Matamba. En este caso, el cabecilla del Clan del Golfo salió vestido de dragoneante, lo que podría ser complicidad de algunos guardias del Inpec.

A inicios de abril del 2022, el general Tito Yesid Castellanos, director del Instituto, reveló que en los primeros cuatro meses del año se han fugado 363 hombres y mujeres que tenían medida de detención o prisión domiciliaria.

Escándalos como la fuga de Aída Merlano o la de Óscar Camargo, alias ‘Pichi’, se suman a una larga lista de denuncias en las que se acusa a miembros del Inpec de corrupción para evadir controles a cambio de sumas de dinero. Según datos de la Corporación Excelencia por la Justicia, en 30 años de funcionamiento, el Instituto ha tenido 19 directores. Uno cada 1.4 años, muchos de ellos retirados del cargo tras alguna denuncia por irregularidades.

Norberto Hernández explica que una de las propuestas que más suenan es la liquidación del Inpec, pero no le parece funcional a futuro. “El sistema debe ser administrado por una entidad centralizada. Seguramente lo que sí se debe ajustar es el perfil de las personas que la dirigen, y también quienes están a cargo de los establecimientos carcelarios con un perfil más humanista”, propone.

Adicionalmente manifiesta que se deben aumentar los sistemas de control para que sean más efectivos, en especial, porque el sobrecupo y hacinamiento imposibilitan una administración adecuada del sistema.

Para conocer más historias y análisis de expertos sobre la situación de acceso a la justicia, justicia indígena, población LGBTI, maternidad en cárceles y qué pasa con los pospenados venezolanos en Colombia, visite los siguientes capítulos de este especial.

*Te invitamos a ver el trabajo completo en este enlace: Migrantes y prisioneros del abandono

**Pesquisa Javeriana, El Espectador, Tuu Putchika, la Fundación Acción Interna, el Semillero de Derecho Penitenciario y la Maestría en Periodismo Científico de la Pontificia Universidad Javeriana nos unimos para presentar una radiografía sobre los migrantes, especialmente venezolanos, en las cárceles colombianas. Las paradojas de estos espacios no se limitan al hacinamiento; ser foráneos les plantea dificultades para acceder a la justicia o la salud y a comunicarse con sus familias.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.