Vicky Dávila no tendrá que indemnizar a oficial de la Policía: Corte Suprema

La periodista Vicky Dávila no tendrá que sacar un solo peso de sus bolsillos, ni tampoco la cadena RCN, para reparar económicamente al coronel (r) Jorge Hilario Estupiñán, quien habría sido víctima del “daño al buen nombre” según una decisión en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá. Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia, la cual se pronunció luego de que Dávila y el medio de comunicación instalaran sendas acciones de tutela que buscaron garantizar sus derechos a la libertad de expresión.

En contexto: Vicky Dávila y La FM, condenadas por dañar el buen nombre de un policía.

“La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve: primero, conceder el amparo de los derechos fundamentales de Victoria Eugenia Dávila Hoyos y Radio Cadena Nacional S.A.S.; segundo, dejar sin valor la sentencia dictada el 15 de octubre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, así como todas las actuaciones que deriven de dicho proveído”, decretó el alto tribunal.

El episodio de la discordia data de 2014, cuando Estupiñán era comandante de la Policía de Casanare y Vicky Dávila, como periodista de La FM, propiedad de Radio Cadena Nacional S.A.S. (RCN), presentó en medio de un programa radial unos audios y denuncias que lo vinculaban con supuestos hechos de corrupción. Dávila incluso entrevistó al inspector general de la Policía, a quien le pidió explicaciones y le preguntó por la posible suspensión del excomandante. ¿Cuál fue el resultado? Estupiñán fue retirado del servicio tras el escándalo, pero luego fue declarado inocente penal y disciplinariamente.

Tras salir de la Policía, el coronel (r) inició un proceso de responsabilidad civil contra el canal y la periodista, que en primera instancia perdió ante el Juzgado 46 civil de Circuito de Bogotá, sin embargo, en octubre de 2020 el Tribunal Superior de Bogotá revocó tal decisión y los condenó a reparar económicamente al excomandante de Policía. La siguiente jugada de Vicky Dávila y el medio de comunicación, como se evidencia en el documento conocido por El Espectador, fue elevar una acción de tutela que dejara sin efectos la decisión tomada en segunda instancia, recurso que contó con el estudio y la aprobación de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el alto tribunal, en el marco de Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), “toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente” y, además, la libertad de expresión tiene una importancia especial para el desarrollo y la protección de otros derechos humanos dentro de las sociedades democráticas. Incluso, la Corte Suprema consideró que Vicky Dávila, como conductora de aquel programa, no tuvo la intención de infligir daño al uniformado y, además, que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor debate por parte de los medios y de la comunidad misma.

Le puede interesar: Defensa a la libertad de expresión (con sus excesos incluidos).

Por otro lado, la Corte Suprema se amparó en los pronunciamientos de la Corte IDH, la cual ha indicado que las actividades periodísticas funcionan como un control democrático, que promueve la transparencia y responsabilidad de los funcionarios públicos. En conclusión, el alto tribunal consideró que, si bien no todos los discursos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, si hay una especial “tolerancia” a las propuestas que desenmascaren hechos que podrían relacionarse con actos de corrupción por parte de un funcionario público.

“La colegiatura de segundo grado (Tribunal Superior de Bogotá) censuró a la citada periodista por considerar que sus opiniones no armonizaban con una visión particular de la labor de los comunicadores, derivando de allí la culpa endilgada (la condena), sin desarrollar el complejo ejercicio de ponderación entre la libertad de expresión y opinión de aquella, y los bienes legales y constitucionales cuya infracción denunció el coronel (r) Estupiñán Carvajal, vacíos argumentativos que franquean el paso a la tutela”, concluyó la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá explicó ante la Corte Suprema que la defensa del coronel (e) Estupiñán aportó las pruebas suficientes para condenar tanto a RCN como a Vicky Dávila. De acuerdo con la sentencia de segunda instancia, anulada por la alta corte, quienes hoy gozan de la absolución se metieron “en el trámite de una investigación que desde todo punto de vista se refleja el coercitivo ejercicio periodístico, pretendiendo interferir en la actividad autónoma de los funcionarios encargados de la investigación”, explicó en su momento el Tribunal.

En contraste con esa decisión en segunda instancia, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció, el 21 de octubre de 2020, rechazando lo expuesto por el Tribunal, pues para la institución se trató de un “retroceso en materia de libertad de expresión y un precedente muy peligroso que no solo podría afectar al periodismo, sino el ejercicio deliberativo de un sistema democrático”. De acuerdo con la Flip, en sintonía con la Corte Suprema de Justicia, fue un fallo que reprimió el debate público frente a la administración oficial, en este caso la comandancia de la Policía de Casanare.

Así fue la conversación entre Vicky Dávila y el general Yesid Vásquez Prada, inspector de la Policía en 2014, tras reproducirse en vivo unos audios que comprometían a Estupiñán con supuestos hechos de corrupción:

Vicky Dávila: Estos son apenas algunos apartes generales. ¿No le parece contundente que el señor coronel Estupiñán está queriendo direccionar la contratación en su departamento? digamos, por lo menos esto, mínimamente, ya lo han debido suspender de ese cargo.

General Vásquez: Bueno Vicky, yo con respecto a la grabación, primero no la escucho muy bien, sinceramente, le digo y no podría hacer ninguna calificación porque puedo viciar la investigación. Lo que le puedo manifestar yo (...) deje que el transcurso de la investigación (...) aquí se han tomado unas decisiones drásticas. Hoy la Inspección General tiene esa posibilidad de investigar, y tendrán que dar resultados para bien o para mal del coronel, y tendrán que tomarse decisiones si él es el responsable, pero yo no podría, por ejemplo, en estos momentos, decir qué decisión se va a tomar, o por qué no se han tomado algunas decisiones.

Lea también: Limitar opiniones en redes va contra la libertad de expresión: Corte Constitucional.

Vicky Dávila: General pues le agradecemos en todo caso, pero la grabación es contundente y ya lleva en manos de la Policía un mes, ya debería de haber alguna decisión, mínimamente (…) de tener a este señor separado del cargo para que no haga más contrataciones, porque evidentemente está queriendo direccionar la contratación en ese departamento y eso es corrupción. Eso no tiene vuelta de hoja. Mil gracias general

La periodista Vicky Dávila no tendrá que sacar un solo peso de sus bolsillos, ni tampoco la cadena RCN, para reparar económicamente al coronel (r) Jorge Hilario Estupiñán, quien habría sido víctima del “daño al buen nombre” según una decisión en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá. Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia, la cual se pronunció luego de que Dávila y el medio de comunicación instalaran sendas acciones de tutela que buscaron garantizar sus derechos a la libertad de expresión.

En contexto: Vicky Dávila y La FM, condenadas por dañar el buen nombre de un policía.

“La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve: primero, conceder el amparo de los derechos fundamentales de Victoria Eugenia Dávila Hoyos y Radio Cadena Nacional S.A.S.; segundo, dejar sin valor la sentencia dictada el 15 de octubre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, así como todas las actuaciones que deriven de dicho proveído”, decretó el alto tribunal.

El episodio de la discordia data de 2014, cuando Estupiñán era comandante de la Policía de Casanare y Vicky Dávila, como periodista de La FM, propiedad de Radio Cadena Nacional S.A.S. (RCN), presentó en medio de un programa radial unos audios y denuncias que lo vinculaban con supuestos hechos de corrupción. Dávila incluso entrevistó al inspector general de la Policía, a quien le pidió explicaciones y le preguntó por la posible suspensión del excomandante. ¿Cuál fue el resultado? Estupiñán fue retirado del servicio tras el escándalo, pero luego fue declarado inocente penal y disciplinariamente.

Tras salir de la Policía, el coronel (r) inició un proceso de responsabilidad civil contra el canal y la periodista, que en primera instancia perdió ante el Juzgado 46 civil de Circuito de Bogotá, sin embargo, en octubre de 2020 el Tribunal Superior de Bogotá revocó tal decisión y los condenó a reparar económicamente al excomandante de Policía. La siguiente jugada de Vicky Dávila y el medio de comunicación, como se evidencia en el documento conocido por El Espectador, fue elevar una acción de tutela que dejara sin efectos la decisión tomada en segunda instancia, recurso que contó con el estudio y la aprobación de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el alto tribunal, en el marco de Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), “toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente” y, además, la libertad de expresión tiene una importancia especial para el desarrollo y la protección de otros derechos humanos dentro de las sociedades democráticas. Incluso, la Corte Suprema consideró que Vicky Dávila, como conductora de aquel programa, no tuvo la intención de infligir daño al uniformado y, además, que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor debate por parte de los medios y de la comunidad misma.

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Por otro lado, la Corte Suprema se amparó en los pronunciamientos de la Corte IDH, la cual ha indicado que las actividades periodísticas funcionan como un control democrático, que promueve la transparencia y responsabilidad de los funcionarios públicos. En conclusión, el alto tribunal consideró que, si bien no todos los discursos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, si hay una especial “tolerancia” a las propuestas que desenmascaren hechos que podrían relacionarse con actos de corrupción por parte de un funcionario público.

“La colegiatura de segundo grado (Tribunal Superior de Bogotá) censuró a la citada periodista por considerar que sus opiniones no armonizaban con una visión particular de la labor de los comunicadores, derivando de allí la culpa endilgada (la condena), sin desarrollar el complejo ejercicio de ponderación entre la libertad de expresión y opinión de aquella, y los bienes legales y constitucionales cuya infracción denunció el coronel (r) Estupiñán Carvajal, vacíos argumentativos que franquean el paso a la tutela”, concluyó la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá explicó ante la Corte Suprema que la defensa del coronel (e) Estupiñán aportó las pruebas suficientes para condenar tanto a RCN como a Vicky Dávila. De acuerdo con la sentencia de segunda instancia, anulada por la alta corte, quienes hoy gozan de la absolución se metieron “en el trámite de una investigación que desde todo punto de vista se refleja el coercitivo ejercicio periodístico, pretendiendo interferir en la actividad autónoma de los funcionarios encargados de la investigación”, explicó en su momento el Tribunal.

En contraste con esa decisión en segunda instancia, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció, el 21 de octubre de 2020, rechazando lo expuesto por el Tribunal, pues para la institución se trató de un “retroceso en materia de libertad de expresión y un precedente muy peligroso que no solo podría afectar al periodismo, sino el ejercicio deliberativo de un sistema democrático”. De acuerdo con la Flip, en sintonía con la Corte Suprema de Justicia, fue un fallo que reprimió el debate público frente a la administración oficial, en este caso la comandancia de la Policía de Casanare.

Así fue la conversación entre Vicky Dávila y el general Yesid Vásquez Prada, inspector de la Policía en 2014, tras reproducirse en vivo unos audios que comprometían a Estupiñán con supuestos hechos de corrupción:

Vicky Dávila: Estos son apenas algunos apartes generales. ¿No le parece contundente que el señor coronel Estupiñán está queriendo direccionar la contratación en su departamento? digamos, por lo menos esto, mínimamente, ya lo han debido suspender de ese cargo.

General Vásquez: Bueno Vicky, yo con respecto a la grabación, primero no la escucho muy bien, sinceramente, le digo y no podría hacer ninguna calificación porque puedo viciar la investigación. Lo que le puedo manifestar yo (...) deje que el transcurso de la investigación (...) aquí se han tomado unas decisiones drásticas. Hoy la Inspección General tiene esa posibilidad de investigar, y tendrán que dar resultados para bien o para mal del coronel, y tendrán que tomarse decisiones si él es el responsable, pero yo no podría, por ejemplo, en estos momentos, decir qué decisión se va a tomar, o por qué no se han tomado algunas decisiones.

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Vicky Dávila: General pues le agradecemos en todo caso, pero la grabación es contundente y ya lleva en manos de la Policía un mes, ya debería de haber alguna decisión, mínimamente (…) de tener a este señor separado del cargo para que no haga más contrataciones, porque evidentemente está queriendo direccionar la contratación en ese departamento y eso es corrupción. Eso no tiene vuelta de hoja. Mil gracias general