¿Alguna vez lo han llamado a decirle que, si no entrega un dinero vía transferencia, algún familiar suyo podría estar en problemas, podrían revelarle fotos intimas, e incluso que su vida podría estar en peligro si no paga? Esas son las típicas extorsiones que privados de la libertad realizan desde las prisiones y que el Inpec, con la nueva “Operación Dominó”, intentará contrarrestar.
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El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, reveló su plan estratégico para combatir un flagelo que ha aumentado durante el último año. Según cifras de la Policía Nacional, mientras en 2022 se denunciaron 9.791 casos, en los primeros seis meses de este año ya se registraron 5.262. La nueva estrategia, según Gutiérrez, está dirigida a desmantelar las redes de corrupción.
El plan contará con el apoyo de más de 40 funcionarios a nivel nacional, así como un fiscal anticorrupción dedicado exclusivamente a investigar las prisiones. En su primera fase, la estrategia plantea la identificación de los focos de criminalidad. En ese sentido, se revelaron los nombres de las cárceles desde donde más se extorsiona a los colombianos:
- La Picota, de Bogotá.
- La Dorada, de Caldas.
- Combita, de Boyacá.
- La Picaleña, de Ibagué (Tolima).
- La cárcel de Jamundí.
- Palogordo, de Girón (Santander).
- San Isidro de Popayán (Cauca).
Lo que sigue ahora, según el instituto, es la fase de desarrollo, en la cual se comprometieron a realizar registros diarios, implementar celdas unipersonales (a pesar del hacinamiento), sancionar a los implicados con prohibirles las visitas y controlarles las comunicaciones. Asimismo, el Gaula de la Policía Nacional hará registros semanales a las prisiones.
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De hecho, la “Operación Dominó” cuenta con el apoyo de la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía, así como la Procuraduría, la Fiscalía, le Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de EE. UU. en Colombia.
Se espera que pronto las investigaciones permitan abrir investigaciones penales contra personas privadas de la libertad, así como funcionarios del Inpec. Las investigaciones disciplinarias, a cargo de la Procuraduría y la inspección de la misma entidad, van dirigidas contra funcionarios y, si hay mayores resultados, directores de prisiones.
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