Víctima de la guerra le gana proceso a Colpensiones después de 30 años

La última vez que los hijos de Luis Alberto León vieron a su padre fue el 31 mayo de 1991, cuando se despidió en un taxi de camino al trabajo en un municipio de Arauca. Pasaron horas, días, años y décadas, y no se supo nada más de aquel contratista que le conducía las camionetas al Ejército, en zonas de histórica disputa con el ELN. Sin respuesta alguna de las autoridades, la señora Eladia Méndez Bautista, esposa de la víctima, se vio obligada a responder por una familia de tres hijos, la cual se sostenía del trabajo del desaparecido Luis Alberto León. Méndez tocó las puertas del antiguo Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), pero le negaron la pensión de sobrevivientes a la que tenía derecho por la muerte de su esposo. Duró 30 años exigiendo justicia en Colombia y a nivel internacional y, ahora, por fin, puede decir que es una mujer pensionada.

La última vez que los hijos de Luis Alberto León vieron a su padre fue el 31 mayo de 1991, cuando se despidió en un taxi de camino al trabajo en un municipio de Arauca. Pasaron horas, días, años y décadas, y no se supo nada más de aquel contratista que le conducía las camionetas al Ejército, en zonas de histórica disputa con el ELN. Sin respuesta alguna de las autoridades, la señora Eladia Méndez Bautista, esposa de la víctima, se vio obligada a responder por una familia de tres hijos, la cual se sostenía del trabajo del desaparecido Luis Alberto León. Méndez tocó las puertas del antiguo Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), pero le negaron la pensión de sobrevivientes a la que tenía derecho por la muerte de su esposo. Duró 30 años exigiendo justicia en Colombia y a nivel internacional y, ahora, por fin, puede decir que es una mujer pensionada.

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, acaba de emitir la resolución con la cual se le reconoce la pensión de sobrevivientes a la señora Eladia Méndez Bautista, de 79 años. La noticia es el resultado de una obligación que tenía Colombia luego de que, el año pasado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) llegara a un acuerdo de solución amistosa con Méndez. La entidad que defiende los intereses de la Nación negoció con esta familia de víctimas, pues semejante injusticia ya estaba bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siendo el primer y único caso relacionado con la negación de Colombia del derecho a la pensión de sobrevivientes. Una prestación con la que los familiares de un ciudadano fallecido obtienen un apoyo económico para asegurar su subsistencia en condiciones dignas.

La señora Eladia le respondió a El Espectador desde Bucaramanga, donde es atendida por una diabetes y es cuidada por una de sus hijas: “Llevábamos 33 años desde la desaparición de mi esposo y no habíamos hecho sino bregar. Al final Dios me tuvo en cuenta y me salió. Yo ya no esperaba, en verdad, nada. Ahorita cumplo los 80 años y me salió. Logré unos poquitos de años, meses o días, en los que Dios me tenga en este mundo para disfrutar la pensión”. A su turno, Yebrail Haddad, nuevo director internacional de la Andje agregó: “Es la primera vez que, en el marco de un acuerdo de solución amistosa se establece una medida de esta naturaleza en donde se reconoce la protección efectiva del derecho pensional a favor de una persona de la tercera edad, lo cual, le permitirá garantizar una vejez digna”.

Con el acuerdo, Colombia evitó que el expediente pasara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual el país pudo haber recibido sanciones de obligatorio cumplimiento. A manera de ejemplo están las medidas de reparación, de ese órgano de justicia internacional, a la periodista y víctima de violencia sexual Jineth Bedoya, a los militantes de la Unión Patriótica que sobrevivieron al exterminio político, o a los familiares de víctimas del holocausto del Palacio de Justicia.

Luis Alberto León y Eladia Méndez Bautista se casaron en 1972 y tuvieron un hijo y dos hijas. “Él era un buen esposo, muy ejemplar, hogareño, amante de sus hijos y de darles lo necesario. Le gustaba siempre estar bien presentado y lo querían mucho a donde quiera que fuera. Él no tomaba, no tenía ningún vicio. Por eso lo trasladaron para Arauca”, explicó la adulta mayor durante el proceso. Trabajando para la empresa Sumicar Ltda, pero contratado por el Ejército, León desapareció en 1991 en zona rural de Arauca. Se asumió por parte de sus familiares y allegados que fue asesinado por guerrilleros del ELN y su cadáver arrojado a un río, junto con su reconocido camión. “Ahí empezó el calvario porque ya me tocó salir a trabajar para que saliéramos adelante. Él era el que aportaba todo y por eso nos tocó luchar mucho”, agregó Méndez.

Como no había forma de determinar el fallecimiento, la familia de Eladia tuvo que esperar tres años para lograr que un juzgado de familia determinara, mediante una declaración, la muerte por presunta desaparición. Eso recién pasó en 1997 por orden del Tribunal Superior de Bucaramanga, con lo cual se procedió, un año después, a hacer el trámite de registro de defunción ante la Notaría Séptima de esa ciudad. Con esos papeles en regla, la señora Eladia acudió al entonces Instituto de Seguro Social, buscando el reconocimiento de la pensión. Sin embargo, pasados dos años, en el 2.000, el instituto rechazó la solicitud pues, supuestamente, León no cumplía con el número de semanas mínimas requeridas en los seis años anteriores a la muerte. Es decir, 150 semanas cotizadas. Y, por si fuera poco, le respondió que la solicitud había prescrito porque debía haberla hecho como máximo al año siguiente de la muerte de León, pero ya habían pasado nueve años de la desaparición.

La señora Méndez no se quedó de brazos cruzados y repuso la decisión del Instituto, el cual, no obstante, la confirmó dos veces en 2001. Ante la negativa y la necesidad, Eladia Méndez Bautista interpuso una acción de tutela en 2011, la cual fue rechazada por el Juzgado Cuarto Laboral de Bucaramanga y, en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad. La defensa judicial de la familia tocó las puertas de la Corte Constitucional, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, pero el expediente no fue elegido para revisión en abril de 2012. Y así, la señora Eladia no pudo probar que el cálculo de las semanas estaba mal y que el derecho a la pensión no prescribe, mucho menos cuando se trata de una desaparición forzada. Por ello y con todos los trámites internos agotados, acudió a la justicia internacional en junio de 2012: la CIDH.

Como si la espera no hubiera sido extenuante, recién 10 años después, en febrero de 2022, la CIDH admitió estudiar el caso y evaluar la responsabilidad de Colombia por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la familia, igualdad ante la ley y desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Según explicó la abogada Sandra Liliana Jaimes, apoderada de la familia, con el trámite en instancias internacionales Colpensiones hizo un nuevo estudio y encontró que el desaparecido León, de hecho, tenía más de 300 semanas cotizadas en toda su historia laboral y, por ello, su esposa siempre estuvo en posición de reclamar la pensión. “Con esa información, el gobierno se comprometió a ordenar a Colpensiones emitir la resolución de para acceder a la pensión de sobrevivientes”, explicó.

Colpensiones, entonces, le entregó una pensión de sobrevivientes vitalicia a la señora Eladia. De otro lado, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas confirmó que está en labores para dar con el paradero de León, a través del plan regional de búsqueda en Norte de Casanare y las Sabanas de Arauca. Colpensiones sigue siendo la entidad más demandada por los colombianos, con 89.406 procesos a corte de 2024. En todo caso, uno de estos expedientes, que duró más de 30 años, acaba de finalizar a favor de una madre de familia que siempre tuvo la razón.

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