Víctimas de crímenes de Estado le piden a la JEP un trato justo

Desde este jueves 15 de marzo la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) estará a disposición de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Allí se juzgarán los casos más graves cometidos en medio siglo de guerra y ya se sabe que hay 7.392 postulados, entre guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. De ese total de postulados, 24,6% hacen parte de las fuerzas militares y Policía y 1.824 han sido procesados o están condenados por ejecuciones extrajudiciales. Con la apertura de la JEP,  el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le envió una carta a la presidente del sistema especial, Patricia Linares. 

(Lea: La JEP abre sus puertas sus puertas al público)

En el documento de tras páginas, las víctimas recordaron que según sus cuentas la fuerza pública es responsable 171 masacres que dejaron 968 víctimas; 51.676 personas desplazadas y por lo menos 2.484 personas desaparecidas forzosamente; 206 mujeres violadas sexualmente y 7.039 personas ejecutadas extrajudicialmente. Los firmantes de la carta le pidieron a Linares que tenga un especial cuidado con la investigación y procesamiento de estos casos en la JEP.

Al Movice le preocupa que  la distribución del personal dispuesto por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP solo tenga tres fiscales para la investigación de casos en los que han sido involucrados agentes de Estado. "¿Quién hará justicia en Colombia ante los miles de casos de crimen de Estado que siguen en la impunidad?", dice la carta. 

“La JEP para nosotras las víctimas de crímenes de Estado es una oportunidad para que los agentes estatales responsables de graves violaciones a los derechos humanos y amparados por el manto de la impunidad durante décadas esclarezcan la verdad plena sobre los hechos victimizantes, reconozcan responsabilidad, ofrezcan perdón público, reparen integralmente a las víctimas”, expresó el Movice en la carta que ya está en manos de Linares.

Otra de las preocupaciones que expresaron las víctimas es el hecho de que cada vez sea más usual escuchar el término "derecho operacional" en los discursos de las fuerzas militares, a la hora de defender sus acciones en el marco del conflicto. Esta expresión, dice el Movice, "se ha configurado como un mecanismo de impunidad que tiene consigo la pretensión de justificar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario".

"Esperamos que hoy no sólo se abran las puertas de la JEP, sino las puertas de la justicia para las víctimas de crímenes de Estado (...) Pedimos un trato justo y simétrico como víctimas con respecto a las demás, y eso quiere decir que no se pueden tratar a todas las víctimas iguales, no porque el dolor sea distinto, sino porque partimos de realidades distintas", concluye la carta. 

Desde este jueves 15 de marzo la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) estará a disposición de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Allí se juzgarán los casos más graves cometidos en medio siglo de guerra y ya se sabe que hay 7.392 postulados, entre guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. De ese total de postulados, 24,6% hacen parte de las fuerzas militares y Policía y 1.824 han sido procesados o están condenados por ejecuciones extrajudiciales. Con la apertura de la JEP,  el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le envió una carta a la presidente del sistema especial, Patricia Linares. 

(Lea: La JEP abre sus puertas sus puertas al público)

En el documento de tras páginas, las víctimas recordaron que según sus cuentas la fuerza pública es responsable 171 masacres que dejaron 968 víctimas; 51.676 personas desplazadas y por lo menos 2.484 personas desaparecidas forzosamente; 206 mujeres violadas sexualmente y 7.039 personas ejecutadas extrajudicialmente. Los firmantes de la carta le pidieron a Linares que tenga un especial cuidado con la investigación y procesamiento de estos casos en la JEP.

Al Movice le preocupa que  la distribución del personal dispuesto por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP solo tenga tres fiscales para la investigación de casos en los que han sido involucrados agentes de Estado. "¿Quién hará justicia en Colombia ante los miles de casos de crimen de Estado que siguen en la impunidad?", dice la carta. 

“La JEP para nosotras las víctimas de crímenes de Estado es una oportunidad para que los agentes estatales responsables de graves violaciones a los derechos humanos y amparados por el manto de la impunidad durante décadas esclarezcan la verdad plena sobre los hechos victimizantes, reconozcan responsabilidad, ofrezcan perdón público, reparen integralmente a las víctimas”, expresó el Movice en la carta que ya está en manos de Linares.

Otra de las preocupaciones que expresaron las víctimas es el hecho de que cada vez sea más usual escuchar el término "derecho operacional" en los discursos de las fuerzas militares, a la hora de defender sus acciones en el marco del conflicto. Esta expresión, dice el Movice, "se ha configurado como un mecanismo de impunidad que tiene consigo la pretensión de justificar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario".

"Esperamos que hoy no sólo se abran las puertas de la JEP, sino las puertas de la justicia para las víctimas de crímenes de Estado (...) Pedimos un trato justo y simétrico como víctimas con respecto a las demás, y eso quiere decir que no se pueden tratar a todas las víctimas iguales, no porque el dolor sea distinto, sino porque partimos de realidades distintas", concluye la carta.